En estos días, se debate en EE.UU. el bloqueo por el Tribunal Supremo norteamericano de una iniciativa del gobierno federal para privatizar una parcela de terreno, situada en la Reserva Nacional del desierto de Mojave (California), en la que se erige una cruz latina, de aproximadamente 2,5 metros de altura, en recuerdo de los soldados muertos durante la primera guerra mundial. El Congreso había propuesto que se transfiriese a la “Asociación de Veteranos de Guerras Exteriores” (VFW) la propiedad de dicha parcela, tras el dictamen de un tribunal federal inferior señalando que la presencia de una cruz en territorio perteneciente al patrimonio federal infringe la Primera Enmienda de la ley constitucional norteamericana.
La controversia y las reacciones en torno a ese tema coinciden con las que estamos presenciando aquí respecto al Valle de los Caídos, a la dedicación de fondos públicos a su restauración (varios cientos de miles de euros) y al simbolismo que la derecha endémica española desea atribuir a la gigantesca cruz erigida en terrenos del patrimonio nacional que administró a su antojo la dictadura.
Leemos que << … Manos Limpias, el mismo sindicato que ha llevado a Baltasar Garzón al Supremo, ha presentado en San Lorenzo de El Escorial una denuncia contra el Presidente del Patrimonio Nacional….por el cierre de la iglesia >> y que << según informa El Mundo, ha sido firmada por Miguel Bernard, que acusa a Patrimonio de cometer un presunto delito sobre el patrimonio histórico, y otro delito “contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos” >> (El Plural, 30/04/10).
No puede uno menos que envidiar -aunque sólo sea puntualmente- la inesperada lógica con la que son capaces de actuar en estos casos altos tribunales del país occidental más reiteradamente bíblico-teísta de nuestro tiempo, donde hasta la retórica política incluye constantes invocaciones imploratorias de bendiciones divinas. La argumentación que la laicidad “legal” estadounidense permite a sus tribunales merecería poder ser asimilada por quienes en España suelen presumir de ser sus incondicionales admiradores y fieles aliados. Veamos algunos de esos argumentos:
La cruz-memorial de Sunrise Rock fue instalada en 1934, por iniciativa de un grupo de ciudadanos, en recuerdo de los caídos norteamericanos en acción de guerra durante la primera contienda mundial. En 1998, otro grupo solicitó permiso para levantar, junto a la cruz, una pequeña estupa budista en recuerdo de los caídos budistas. El Departamento de Parques Nacionales negó ese permiso, añadiendo que la cruz debería tambien ser desmontada. Como pasaba el tiempo y todo seguía igual, un ciudadano denunció la situación y un juez californiano falló que la cruz implicaba apoyo gubernamental a una religión, ordenando su remoción por ser ello contrario a la Constitución norteamericana. La sentencia fue recurrida y, en espera del resultado, se embaló la cruz en una gran caja para que no estuviera a la vista. En 2004, el Tribunal de apelación confirmó la sentencia anterior, con lo que teóricamente se cerraba el caso.
Sin embargo, inmediatamente después comenzaron los tejemanejes de los lobbies parlamentarios correspondientes. Unos, arguyendo que la ley impide el empleo de fondos públicos para eliminar o sostener ese monumento, por lo que convendría que se cediese a la Asociación de Veteranos a condición de que ésta lo mantenga en honor de los heroicos caídos norteamericanos; otros, asegurando que la cruz de Surise Rock es sectaria y que solamente honra la memoria de los caídos cristianos, constituyendo una violación flagrante de la ley por parte del gobierno de Washington: “hacer de una cruz un monumento no la convierte en laica, sino que convierte el monumento en sectario”.
La polémica ha hecho que el asunto se haya sometido al Tribunal Supremo, que en EE.UU. (como en España) cuenta con mayoría de devotos magistrados conservadores. De momento, se ha logrado paralizar la iniciativa privatizadora del Congreso. Pero hace cinco años, el Supremo norteamericano aprobó la construcción de un monumento de granito representando “los Diez Mandamientos” en el capitolio estatal de Texas, lo que puede dar una idea de por dónde van a ir los tiros.
Por lo que respecta al Valle de los Caídos, me parece que nuestro Gobierno no está en el mejor momento para apoyar con hechos claros la aconfesionalidad constitucional del Estado español, a pesar de los 340.000 euros anuales que nos cuestan las actividades benedictinas que allí desarrollan los monjes con los niños de su escolanía y del cerca de medio millón de euros que parece implicar la restauración de la Piedad de Juan de Ávalos, que corona la entrada a la tumba de Franco y de Primo de Rivera junior. Pecata minuta, comparado con las cantidades que dedican municipios y provincias a la restauración y conservación de templos católicos, la mayor parte de los cuales se consideran monumentos nacionales, pero siguen siendo propiedad eclesiástica.
¿Hasta cuándo?
Amando Hurtado es escritor y licenciado en Derecho
