El Tribunal de Cuentas recoge en un detallado informe un cúmulo de irregularidades detectadas en la memoria económica de la curia eclesiástica que apuntan tanto a la opacidad de la jerarquía católica como a la desidia del Estado
Los balances contables de la Iglesia católica española son un auténtico desastre, según se desprende de un reciente informe del Tribunal de Cuentas. Es una muestra más de los privilegios y prebendas que sigue ostentando la confesión religiosa más importante y poderosa de España. En su último balance, el tribunal concluye que la Administración General del Estado “carece de información precisa” sobre el destino de los fondos que recibe la Iglesia católica a través de su casilla en la declaración de la renta, según informa Europa Press. Y tal como cuenta el portal digital Europa Laica, la curia vaticana española “no ha justificado el dinero que recibe a través de la casilla del IRPF, unos 268 millones de euros el pasado año”. Es más, según este medio de comunicación “hay un desfase de más de 300.000 euros entre su Memoria de Actividades y la realidad, según las conclusiones preliminares del Tribunal de Cuentas, que asume tanto la opacidad de la Iglesia como la inacción del Estado”.
Con todo, esta especie de bula tributaria de la que parece haber gozado la Iglesia durante todos estos años puede tener los días contados, ya que el Gobierno PSOE/Unidas Podemos, en su reciente acuerdo de coalición, ha anunciado medidas para corregir los privilegios eclesiásticos, como llevar a cabo “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. La inmatriculación es una antigua prerrogativa de la jerarquía católica basada en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.
Sin embargo, no parece que, por el momento, el nuevo Ejecutivo de izquierdas tenga en su agenda inmediata la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado, el famoso Concordato con la Santa Sede de 1979, aunque sí ha anunciado la aprobación de una ley sobre libertad de conciencia que garantizará la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. Si se regularán o no en ese texto legal las obligaciones tributarias de las diferentes congregaciones es algo que está aún por ver.
De momento, lo que sí ha detectado el Tribunal de Cuentas es un auténtico desbarajuste en los balances económicos de la jerarquía católica española. “La Administración General del Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria”, concluye el tribunal en un proyecto de informe que está pendiente de aprobación por el Pleno de este organismo fiscalizador.
En concreto, el tribunal señala que al no contar con esta información precisa, “no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas”. En el documento se reconoce que la Iglesia viene presentando, “con regularidad” desde el año 1980, una memoria ante el Ministerio de Justicia. No obstante, constata que no existe “una normativa estatal que regule los plazos, la forma de presentación y el contenido que ha de tener” dicha memoria, que es presentada anualmente por la Conferencia Episcopal Española (CEE).
“Como consecuencia de la ausencia de criterios acordados o establecidos en una normativa, la Iglesia elabora el contenido de la memoria con sus propios criterios, que se corresponden más con una memoria de actividades que con una memoria justificativa” (tal como debería cumplimentarse con arreglo al Acuerdo Iglesia-Estado de 1979). Es decir, los obispos se saltan también en este capítulo lo acordado en materia de rendición de cuentas.
El tribunal supervisor se fija concretamente en la memoria del año 2017, en la que la Iglesia justificó las entregas a cuenta de la asignación tributaria del IRPF de ese año más la liquidación efectivamente percibida de la asignación tributaria del ejercicio 2015. Y ahí es donde se detecta una grave irregularidad: “Se ha comprobado que la cantidad justificada en la memoria correspondiente a 2017 es 300.000 euros inferior a los recursos realmente entregados por el Estado a la Iglesia en ese ejercicio, aplicando los mismos criterios que los utilizados en la memoria”. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Nadie lo sabe a fecha de hoy.
Por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que las memorias presentadas por la Iglesia referidas a los ejercicios 2016 y 2017 presentan “un superávit de 19,3 y 15,9 millones de euros, respectivamente, que se destina a la dotación de un fondo y a la aportación de fondos propios a una sociedad mercantil”. En ese punto, el informe recuerda que “la existencia de superávit no está prevista en el Acuerdo” para las relaciones Iglesia-Estado. ¿Suculentos beneficios empresariales? ¿Sociedades mercantiles? Cuestiones muy alejadas de la austeridad que predicaba Jesucristo.
Las conclusiones finales también resultan demoledoras. El tribunal recomienda al Estado español y a la Iglesia católica que acuerden los contenidos mínimos que debe incluir la memoria justificativa de la curia eclesiástica sobre los fondos que recibe del IRPF; y añade que “sería conveniente que el Gobierno dispusiese de la información suficiente para asegurar que el destino último” de estos recursos “es compatible con el cumplimiento de las normas que rigen la libre competencia, en concreto las relativas a las ayudas del Estado”. También se sugiere al Gobierno que articule los mecanismos internos necesarios para asegurar un seguimiento eficaz de la memoria justificativa y del cumplimiento de las obligaciones de las partes derivados del Acuerdo de 1979. Y hace constar que la Agencia Tributaria debería incluir en las sucesivas liquidaciones de la asignación tributaria en favor de la Iglesia católica el importe estimado de las declaraciones extemporáneas que se fueran produciendo.
En cuanto a las exenciones y beneficios fiscales a las confesiones religiosas, el Tribunal de Cuentas señala que la Agencia Tributaria hizo una estimación del importe de los beneficios fiscales otorgados en 2017 por el Impuesto de Sociedades a las confesiones religiosas, situándola en 118 millones de euros.
En todo caso, el informe precisa que de las 2.269 entidades religiosas obligadas a presentar la declaración del Impuesto de Sociedades, “solo la presentaron 1.332”, por lo que deduce que la citada estimación de 118 millones de euros es “muy inferior” a la que se hubiese obtenido en otras circunstancias. Además, el Tribunal de Cuentas añade que no hubo actuaciones de la Agencia Tributaria respecto de aquellas entidades que no presentaron la declaración.
Europa Laica considera que el informe del Tribunal de Cuentas “corrobora” las denuncias que ha venido haciendo la asociación por la “memoria nada justificativa” de la Iglesia y critica también “la desidia, cuando no connivencia, de la Administración y los Gobiernos de turno por la falta de control” de este dinero.
