Las confesiones reclaman igualdad

La libertad religiosa es papel mojado por los enormes privilegios de la Iglesia católica. La Iglesia católica recibe este año del Estado en torno 4.300 millones para financiar su imponente organización educativa, hospitalaria o de caridad. Además, Hacienda transfiere a la Conferencia Episcopal otros 153,01 millones para sueldos de obispos y sacerdotes (el 34% más que en 2006). Las otras confesiones, en cambio, han de repartirse 4,5 millones de euros con la condición de destinarlos a actuaciones que no tengan nada que ver con el culto o el clero.

Sólo tienen derecho a ese dinero tres de las seis confesiones que han obtenido del Ministerio de Justicia la calificación de "notorio arraigo" -protestantes, musulmanes y judíos, pero no testigos de Jehová, mormones y budistas-. El resto no recibe nada. Todos se quejan del incumplimiento por el Estado de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1981.

"La autofinanciación es garantía de credibilidad"

Margarita Pintos es teóloga y preside la Asociación para el Diálogo Interreligioso en Madrid.

"La autofinanciación es una garantía de credibilidad, de independencia y de mayoría de edad. Depender de un Estado que además es aconfesional por Constitución crea más contradicciones". Lo dice Margarita Pintos de Cea-Naharro, católica practicante, teóloga por la Universidad de Comillas y filósofa por la Autónoma.

Nació en Madrid (1947) y lleva décadas en la enseñanza de jóvenes en centros concertados, y en los barrios de Carabanchel y Tetuán dedicada a la educación de adultos. Colabora con el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense; dirige el Seminario de Teología Feminista y preside de la Asociación para el Diálogo Interreligioso.

Nadie puede decir de Margarita Pintos que no es una católica comprometida con sus creencias. Es catequista en parroquias, miembro de comunidades de base y miembro de la Asociación de Teólogos Juan XXIII. Una noche fría de enero de 1979 acudió a manifestarse ante la Nunciatura del Papa para protestar contra la firma de los Acuerdos entre España y el Vaticano.

Margarita Pintos, como decenas de miles de católicos tan activistas como ella, no tienen ni quieren ninguna compensación por su trabajo en favor de la religión que profesan. "En todas las actividades en que he participado como católica no he tenido compensación económica, porque lo que caracteriza a los fieles en todas las tradiciones religiosas es la gratuidad. El mensaje de Jesús no puede ser más claro: 'Lo que recibiste gratis dalo de balde".

Los obispos tienen mucho dinero para repartir, pero "los colectivos de base católicos no reciben ningún tipo de subvención de la propia iglesia institucional". Añade: "No puede dejarse en manos de las jerarquías de las religiones la distribución del dinero público, porque sólo favorecen a los colectivos que se someten a sus directrices, y excluyen a los creyentes críticos".

También reclama que todas las tradiciones que trabajan por la paz y la solidaridad, como cualquier ONG, puedan acceder a parte del dinero que los Gobiernos dedican a ese capítulo. "Quienes hacen la declaración de la renta sólo tienen dos opciones para adjudicar el 0,7% de sus impuestos: poner la señal en la casilla de la Iglesia o en la de servicios sociales. Eso implica un privilegio anticonstitucional para el catolicismo y una discriminación igualmente anticonstitucional para el resto de las religiones".

"Se usan fondos públicos para difamar al islam"

Abdennur Prado, español converso al islam, combate por los derechos de esa confesión

Abdennur Prado (Barcelona, 1967) es un español converso al islam que lucha por los derechos civiles de los musulmanes en España. Es presidente de la Junta Islámica Catalana y director del Congreso Internacional de Feminismo Islámico. Escritor y conferenciante, ha dirigido Webislam.com y es autor de los libros El islam en democracia (2005) y El islam anterior al islam (2007).

"El sistema de financiación de la Iglesia católica vulnera los principios de no discriminación e igualdad, expresados en la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y pone en duda la no confesionalidad del Estado", afirma.

Los Gobiernos miran para otra parte, pese a escuchar esta misma crítica no sólo de las confesiones no católicas, sino por boca, también, de sectores laicistas o de católicos de base. Unos creen que la financiación de religiones es impropia de un Estado no confesional. Otros reclaman que se ayude también a otras confesiones.

"Gracias a la financiación que recibe del Estado, la Iglesia católica mantiene medios de comunicación influyentes, donde se difama al islam constantemente", denuncia Prado. Añade que de los fondos públicos sale el mantenimiento de miles de sacerdotes, templos y asociaciones caritativas vinculadas a la Iglesia, "algunas de las cuales se dedican, de tapadillo, a la evangelización de inmigrantes musulmanes". Ese "aparato de poder no duda en ejercer coacciones para implantar su doctrina a los no católicos, como hemos visto en el caso del matrimonio gay o el tema del aborto".

Sobre la financiación de las religiones minoritarias, el dirigente musulmán recuerda que, en 2004, el Ministerio de Justicia creó la Fundación Estatal Pluralismo y Convivencia para financiar proyectos de las confesiones minoritarias con acuerdos de cooperación con el Estado (musulmana, evangélica y judía).

"Se trata de un paso positivo, pero el propio Ministerio de Justicia ha reconocido que los 4,5 millones de euros en 2008 para tres religiones que tienen cerca de tres millones de fieles es una dotación escasa, sobre todo en comparación con lo que recibe la Iglesia católica. La fórmula es, además, discriminatoria hacia otras confesiones presentes en España".

Las comunidades islámicas de base, pequeñas mezquitas y asociaciones religiosas se repartieron en 2008 apenas 1,2 millones para 252 entidades, un promedio de 5.000 euros para cada una.

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