Las comunidades del PSOE recuperan Ciudadanía y restan peso a Religión

Las comunidades gobernadas por el PSOE buscan frenar la reforma educativa del Gobierno (LOMCE) con los márgenes que ofrece la propia ley. Tras el cambio electoral de mayo y para el próximo curso, Andalucía, Cantabria o Aragón rescatan Educación para la Ciudadanía, eliminada ahora, y restan peso a Religión, entre otros cambios. 12 comunidades piden frenar la implantación de la LOMCE, que llegará en apenas un mes a ESO y bachillerato. El nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se reúne este jueves con los consejeros para debatir el futuro de la reforma.

Las comunidades contrarias a la nueva ley educativa pedirán al nuevo ministro que paralice la llamada ley Wert. Son las siete gobernadas por el PSOE —Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana (con Compromís)— más Canarias (CC), Cantabria (PRC-PSOE), Cataluña (CDC), Navarra (Geroa Bai) y País Vasco (PNV). La petición se formulará en la reunión oficial entre todos los consejeros y Méndez de Vigo.

Nuevo mapa político

La LOMCE se extiende a partir de septiembre a los cursos impares de secundaria y bachillerato y se generaliza en primaria. En este segundo año de implantación, El PP ha perdido peso en los gobiernos autonómicos y eso está teniendo consecuencias en el plano educativo. Además de las 12 comunidades que piden un freno a la reforma, en otras como Madrid o Murcia (en ambas cogobierna el PP con Ciudadanos) se han aprobado resoluciones parlamentarias para retrasar la implantación de la ley o minimizar sus efectos. Todos tienen la vista puesta en las próximas elecciones generales, a finales de año, y que pueden traer un cambio de Gobierno y de ley educativa.

Los partidos de la oposición se han comprometido a derogar la reforma del ministro Wert, pero sus planes podrían llegar con el curso ya empezado. ¿Qué hacer mientras? Unas y otras señalan que hay que cumplir la ley, aunque cada cual a su manera.

Algunas comunidades aprovechan los márgenes de la propia ley para darle la vuelta. El currículo que aprobó el PP refuerza lengua, matemáticas y ciencias, deja de lado tecnología y enseñanzas artísticas y aboga por formar más el pensamiento empresarial que el filosófico. Las regiones pueden elegir entre un elenco de asignaturas específicas fijadas por el ministerio (entorno a un 30% del currículo) y fijar por su cuenta las materias de libre configuración (entre el 10% y el 15%).

En ese margen regional es donde las comunidades del PSOE han encajado la asignatura de Educación para la Ciudadanía —cuya aplicación contaba con el rechazo frontal del PP y llegó a los tribunales en la anterior legislatura—. Y aprovechan también para rebajar el peso de la Religión en las aulas. Desde que se aprobó la LOMCE, la asignatura católica cuenta para la nota media y para la obtención de beca. Es opcional frente a otra materia nueva, Valores Sociales.

Frenar las reválidas

En Aragón, que cambió de Gobierno en mayo, el nuevo Ejecutivo ha derogado el currículo regional que dejó el PP. Su nueva propuesta no incluye las asignaturas relacionadas con la actividad emprendedora, restarán una hora a Religión en secundaria para incluir una más de Inglés y evitan meterla en el bloque de optativas en bachillerato. Andalucía incluye Ciudadanía en secundaria y le da la vuelta al currículo genérico. “Hemos querido aprovechar el margen de la ley para recuperar materias olvidadas, como Filosofía o Tecnología”, explica la consejera andaluza de Educación, Adelaida de la Calle.

Las comunidades autónomas contrarias a la reforma rechazan las evaluaciones externas previstas al acabar los ciclos, que en secundaria y bachillerato son reválidas (es necesario su aprobación para obtener el título). Reclaman que no se apruebe el real decreto que regula esas evaluaciones, que arrancan el curso que viene en 6º de primaria. El orden del día de la reunión entre el ministerio y las comunidades incluye revisar ese decreto.

“A los políticos no les importa la educación”

“Lo llevamos fatal pero hay que implantar la ley”. Alberto Arriazu es director de un instituto en Navarra y presidente de la federación nacional de directores Fedadi. Se queja porque son los centros, sus docentes y sus alumnos, los que asumen y adaptan cada cambio de normativa. Asegura que se han adaptado “a la carrera” a la reforma del PP que entra el curso que viene en ESO y bachillerato. Y que, tras las elecciones de mayo, hay regiones con nuevos Gobiernos que anuncian más cambios que cree que no pueden asumir. “Lo que está pasando es increíble. Si alguien cree que está mejorando la educación es que no tiene ni idea. A los políticos en España no les importa la educación”. Arriazu espera que el enconado debate político a las puertas del próximo curso afecte poco a los alumnos porque “al final, los profesores son profesionales y el que tiene que enseñar Matemáticas o Inglés lo hace con una ley o con otra”. El presidente de Fedadi denuncia también que la reforma se ha hecho sin contar con los docentes. “Esta ley se ha hecho sin escuchar a la comunidad educativa”, abunda Adelaida de la Calle, consejera andaluza de Educación (PSOE). “No hay ningún elemento coordinador en los currículos de cada autonomía. Vamos a tener 17 sistemas y puede que alguno se parezca más al modelo finlandés que al de la comunidad de al lado”, añade. “Lo mejor para los centros es que se aplique lo que está en marcha, sin paralizar nada, y que después nos pongamos a hablar del futuro sin desconcertar y buscando el consenso”, valora por su parte María Isabel Soler Mora, consejera Educación de Murcia, donde gobierna el PP.


Los puntos calientes de la LOMCE

La última reforma educativa comenzó su andadura el curso pasado. En 2014 se puso en marcha en los cursos impares de Primaria y, a partir de septiembre, tiene que entrar en los cursos pares (con la evaluación de los alumnos de sexto), en primero y tercero de secundaria y en primero de bachillerato. Estas son las cuestiones más polémicas de la ley educativa.

-Reválidas. La reforma prevé evaluaciones externas comunes a todos los alumnos. En 2016 está prevista la de 6º de primaria. En ESO y bachillerato serán reválidas (si el estudiante no aprueba, no podrá seguir estudiando).  Las pruebas externas podrán ser aplicadas y calificadas por profesorado externo a los centros. El decreto que las regula está pendiente de aprobación. Las comunidades gobernadas por el PP han propuesto que se deje en suspenso la fecha para decreto de bachillerato y secundaria. Los socialistas piden que se suspenda la aprobación del decreto completo y se comience a debatir de nuevo.

-Religión y Ciudadanía. La nota en la asignatura de Religión pesa para la media o para pedir una beca. Es optativa con Valores Éticos en secundaria. Educación para la Ciudadanía sale del currículo de la LOMCE, pero hay comunidades que la recuperan. Religión pesa para nota y becas. Las comunidades autónomas eligen el tiempo de clase (una o dos horas semanales). La Conferencia Episcopal ha mostrado su “preocupación” porque hay comunidades han reducido la duración de las clases. En bachillerato, la asignatura confesional se deje a la libre disposición de las comunidades o del propio centro educativo, que puede ofertarla como optativa, pero no está obligado a ello.

-Itinerarios. Los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3º de ESO (14 años). También podrán elegir entre dos niveles distintos de matemáticas. En 4º, se separarán entre los que quieren estudiar bachillerato o los que va a FP: tendrán algunas asignaturas comunes.

– Concertada. “La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales” es uno de los principios que rige la reforma. La frase resume la esencia del conflicto que ha dividido la educación española del último siglo: la escuela concebida como servicio público y común a cargo del Estado o como bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres.

– Segregación por sexos. La normativa garantiza tras su paso por el Senado el inmediato retorno de las ayudas a los centros que perdieron la subvención pública por separar chicos y chicas. Varias sentencias del Tribunal Supremo han retirado el concierto a colegios por considerar que segregar es discriminatorio.

– El currículo. El Gobierno central fija los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachillerato (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Para casi todas las demás, las “específicas” (Educación Física, Plástica, Música, entre otras), el Gobierno establece objetivos y criterios de evaluación y las autonomías deciden el temario concreto. Quedan las materias de libre configuración (entorno a un 10-15% del currículo), cuyo contenido depende exclusivamente de las autonomías.

 El castellano y el catalán. La norma prevé que se subvencione plaza en colegios privados con más clases en castellano para los alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública o la concertada. El Ministerio de Educación adelanta el dinero, pero son las comunidades autónomas las que deben pagarlo. La medida, diseñada por el exministro José Ignacio Wert, se puede aplicar en todas las comunidades, pero fue creada específicamente para Cataluña. El ministerio reduce drásticamente en los presupuestos de 2016 la partida con la que se paga la escolarización en castellano para aquellas familias que no encuentren una oferta de este tipo en el sistema educativo público. El proyecto de Presupuestos destina solo un millón de euros para pagar esta enseñanza, frente a los cinco millones que se destinaron en el último ejercicio. Es un 80% menos.

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