Las comunidades del PP ahogan a las clínicas abortistas

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo denuncia que las autonomías les deben casi 8 millones de euros

"Las comunidades del PP son las que más ahogan a las clínicas abortistas". ¿Cómo? Prolongando el impago de los conciertos a los centros acreditados (y concertados con la Administración Pública) para la interrupción del embarazo. Así lo ha denunciado el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), Santiago Barambio, que asegura que la deuda de las autonomías asciende a casi 8 millones de euros en toda España

Madrid encabeza la lista de los impagos, con "unos dos millones de euros, aproximadamente", de deuda. De entre las demás, sólo Andalucía y Euskadi mentienen su compromiso con la prestación, y Catalunya, que hasta ahora había cumplido, "empieza a dar algunos problemas, aunque intenta buscar soluciones, no como otras regiones donde nos han dejado tirados de repente", explicó Barambio. 

No es la primera vez que Acai hace públicas sus sospechas acerca de la existencia de una batalla encubierta del PP en contra del aborto. "Los centros acreditados se han convertido en centros públicos a los que son derivados las mujeres, pero esta asimilación del recurso por parte de las clínicas está situando a muchas de ellas al borde de la quiebra", señaló la asociación en un comunicado. "Si tuviéramos que vivir de la sanidad privada, tendríamos que cerrar porque desde 2010 dependemos si no al 100%, al 95% de la sanidad pública", confirmó Barambio a Público.es.

Sin embargo, Acai −que engloba a la mayor parte de centros− ya denunció las intenciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con respecto a la posible eliminación del aborto de la cartera de servicios básicos. Una cuestión sobre la que el departamento que dirige Ana Mato no se ha pronunciado todavía

A ello se unen los históricos temores de los miembros del partido acerca del incremento de interrupciones del embarazo desde la aprobación de la Ley de 2010, especialmente, en el caso de menores de 16 y 17 años. Temores que no se han cumplido ya que, desde entonces, el número de abortos no ha aumentado en ningún caso. "Cuando el PP anunció la reforma de la ley en campaña electoral parecía cargar tintas sólo contra el artículo de las menores no acompañadas [cifra que tampoco ha aumentado desde la implementación de la nueva normativa], pero nadie cayó en que [el ministro de Justicia, Alberto Ruiz] Gallardón llevaba la ultraderecha en el ADN", ironizó Barambio.

El presidente de Acai recordó, así, el recurso que el padre del actual ministro presentó en contra de la Ley que despenalizó la práctica abortiva en España en 1985. Ahora, Gallardón (hijo) ha reabierto la polémica, con su anuncio de que eliminará la malformación fetal como uno de los supuestos en los que se permite la interrupción del embarazo, aun cuando esta causa sólo supone un 3% de las intervenciones, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

"El problema no es el número de casos, sino el dramatismo de los mismos. Normalmente, en los abortos por malformación fetal se trata de casos en los que la mujer sí deseaba el embarazo. Impedirle que lo interrumpa supone, además, una criminalización de esa mujer", lamentaron fuentes de Acai. En la misma línea se expresó también Barambio: "No se trata de cómo nos afecte la reforma de Gallardón a las clínicas; es que las clínicas no son más que una consecuencia de la sociedad civil organizada". 

El presidente de la asociación insistió en los riesgos que supone ilegalizar el aborto o volver a las restricciones de la legislación anterior. "Si una mujer quiere abortar, lo va hacer bajo cualquier circunstancia. Está demostrado. Y si se las empuja a la clandestinidad, volveremos a la época postfranquista en la que la mortalidad materna estaba disparada", advirtió Barambio. "Vamos a hacer un ridículo internacional equiparándonos más con los países de corte islámico que con los centroeuropeos", concluyó.

El presidente de Acai, Santiago Barambio, en una foto de archivo. EFE

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