Las comunidades autónomas subvencionan con 130 millones a más de 70 colegios religiosos que separan a niños y niñas

Doce comunidades autónomas destinaron 132,5 millones de sus presupuestos en un año a financiar este tipo de centros privados, casi todos del Opus Dei
Madrid, junto a Catalunya, está a la cabeza de estas ayudas y las ha multiplicado por diez desde 1999. Canarias, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla no destinan dinero a escuelas de enseñanza diferenciada

Más de 130 millones de euros. Es la cantidad de dinero público que recibieron en un curso escolar 71 centros educativos concertados con ayudas públicas que segregan a su alumnado por sexos. Se trata de 70 colegios religiosos y un centro de FP, de los que 68 son del Opus Dei. Fueron doce las comunidades que destinaron una parte de sus presupuestos autonómicos a financiar, en los cursos 2017-18 o 2018-19 (dependiendo de la región se aportan los datos de un curso u otro), centros que separan a niños y niñas en clase en algunas de sus etapas. En total, la cuantía de los conciertos alcanzó los 132.495.110 euros.

Son datos recopilados por eldiario.es de cada una de las administraciones regionales, a través de sus respectivos portales de transparencia y gabinetes de comunicación. Todas las administraciones, a excepción de Galicia, han facilitado a este medio la información solicitada.

Madrid y Catalunya, a la cabeza del modelo

No todas las comunidades financian este modelo educativo. Canarias, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha no destinan dinero público a mantener centros que separan a su alumnado por razón de sexo. Lo mismo sucede en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde las competencias dependen del Ministerio de Educación.

Sin embargo, el resto de comunidades sí que lo hacen. La Comunidad de Madrid es el territorio que más apuesta por este modelo: su gobierno regional financió con 41,5 millones de euros a 18 escuelas de enseñanza diferenciada en el curso 2017-18. Catalunya fue la segunda comunidad que más dinero destinó, con 30 millones de euros a repartir entre 15 centros.

Las siguientes en el ranking son la Comunitat Valenciana, con 14,8 millones de euros para una decena de colegios, Euskadi, con seis centros y 12,5 millones de euros (ambas cifras corresponden al último curso académico, 2018-19), y Navarra, con un presupuesto de 11,6 millones de euros repartido entre dos centros. El resto de comunidades (Andalucía, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Baleares, Asturias y Cabtabria) se encuentran por debajo de los 10 millones de euros.

Murcia aportó en el último curso (2018-19) 4,2 millones a un único colegio, el Nelva-Monteagudo. Ese mismo curso, Castilla y León destinó 3,7 millones a cinco centros; La Rioja, 1,7 millones al Alcaste; Baleares, 1,6 millones al Aixa-Llaüt; Asturias, 1,3 millones a repartir entre Los Robles y el Peñamayor; y Cantabria financió con 1,2 millones el Torrevelo-Peñalabra.

La de Galicia es la única administración autonómica que no ha facilitado la información solicitada. Desde la Xunta de Alberto Núñez Feijóo se han negado en reiteradas ocasiones a proporcionar estos datos. Ni a través del portal de transparencia ni desde su gabinete de prensa han contestado a las peticiones de información realizadas por eldiario.es.

En Madrid, donde más crecen las subvenciones

Madrid no es solo la autonomía que más dinero destina a la educación concertada diferenciada; también es en la que esta financiación más ha crecido. Los gobiernos autonómicos del PP han contribuido a multiplicar por 10 el presupuesto de los colegios que segregan por sexos. Si en el curso 1999-00 había cuatro centros, en la actualidad existen 18. La aportación económica regional ha pasado durante este periodo de 4,1 a 41 millones por curso escolar. El punto de inflexión llegó con el Gobierno de Esperanza Aguirre. Hasta entonces, durante los últimos años de mandato regional de Alberto Ruiz-Gallardón, el número se mantuvo estable, oscilando entre los cuatro y los cinco millones.

Andalucía emprendió una política diferente. La expresidenta socialista Susana Díaz trató de retirar los conciertos a estos centros pero el Tribunal Supremo rechazó esta actuación, fallando a favor de los colegios que segregaban por sexos en la comunidad. Según explica la Junta en una respuesta emitida por su portal de transparencia, en el curso 2013-14 la cuantía que se destinó (5 millones de euros) fue «sensiblemente menor que la de los cursos posteriores» porque les retiraron la inversión pública. Posteriormente «estas unidades fueron restituidas en cumplimento de diferentes resoluciones judiciales». En el periodo académico 2017-18 nueve colegios andaluces recibieron 8,2 millones.

Uno de los centros andaluces, el Altair (Sevilla), que en el curso 2017-18 recibió una financiación pública de 3,4 millones de euros, asegura en su página web que «como centro privado concertado supone a las arcas de la administración un cuantioso ahorro».

El poder del Opus

Muchos de estos centros están vinculados al Opus Dei a través de la institución Fomento de Centros de Enseñanza. Desde sus inicios, en 1963, esta organización educativa solicitó a la prelatura de Escrivá de Balaguer «que le ayudara a mantener viva su identidad cristiana» en las escuelas que gestionan en todo el país.

En Navarra, donde el fundador del Opus Dei fundó también la Universidad de Navarra, esta vinculación es especialmente fuerte. El Redin-Miravalles es uno de los centros en la Comunidad Foral. En el curso 2017-18 recibió una financiación de 6,5 millones de euros. El otro centro de este tipo, el Irabia-Izaga, que ese curso recibió 5,1 millones, también es una «obra corporativa» del Opus Dei.

En esta autonomía la cantidad de dinero público que reciben los centros diferenciados ha ido aumentando progresivamente: en el curso 2004-05 fue de 5,2 millones; en el curso 2017-18, esta cantidad se ha duplicado hasta alcanzar los 11,6 millones de euros. Desde el departamento de Educación autonómico explican que las unidades concertadas han crecido durante los cursos analizados como «consecuencia de la obligatoriedad, por parte de Educación, de garantizar a cualquier alumno o alumna que pueda continuar sus estudios en el centro en el que los inició». El derecho a permanecer en el mismo centro a lo largo de la vida escolar está doblemente regulado en la LOE (Ministerio de Educación) y en el Decreto Foral 31/2017 (Consejería autonómica de Educación).

Pero Navarra no es la única comunidad que financia con fondos públicos centros vinculados al Opus Dei. También en Cantabria, Castilla y León, Catalunya, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Asturias y Murcia. Hace ahora dos años, la Inspección de Trabajo multó con 50.000 euros al colegio Viaró(Barcelona) por contratar solo a hombres, y solo a mujeres en la etapa de infantil.

El Opus Dei no es la única institución religiosa que está detrás de algunos colegios diferenciados que se financian con fondos públicos. La Fundación Educatio Servanda es titular de dos de estos centros en Madrid: Juan Pablo II (Parla) y Juan Pablo II (Alcorcón). Este último ha protagonizado más de un titular en los últimos años: en 2016, su director comparó la ley contra la LGTBfobia con el «fanatismo terrorista», lo que le costó una sanción por parte de la Comunidad de Madrid; en 2017, la Consejería de Educación abrió una inspección a este centro al conocerse que organizaba talleres de ganchillo para las niñas y visitas al Bernabéu para los niños; en 2018, el Juan Pablo II de Alcorcón enviaban una circular en la que pedía a sus profesoras que vistieran con «feminidad, pudor y modestia».

«Es algo del pasado que hay que superar»

Por su parte, el de la Comunitat Valenciana ha sido uno de los gobiernos más combativos contra este modelo. Fuentes oficiales de su Consejería de Educación aseguran que la ley educativa impulsada por el PP, la LOMCE, «favorece que se tengan que concertar este tipo de centros, pagados de los bolsillos de todos los contribuyentes». El gobierno de coalición de Compromís y PSOE muestra su «oposición más absoluta» a estos centros.

«Una escuela que tiene que servir de motor de la igualdad social y favorecer el cambio hacia una sociedad que fomenta la igualdad de género en todos los sentidos. Por eso consideramos que, si desde muy pequeños, los niños y las niñas no experimentan esto juntos desde el aula, es imposible fomentar la igualdad de género social», reivindican desde este departamento.

En la misma línea se expresa Javier Murillo, profesor de la UAM y coautor de un estudio sobre la segregación escolar en España en comparación con otros países de la Unión Europea: «Nuestra sociedad es variada y diversa. Las escuelas segregadas solo pueden crear una sociedad segregada. El machismo es una muestra de que no hay una educación unitaria; si queremos una sociedad igualitaria necesitamos una educación igualitaria, y eso solo puede darse en aulas inclusivas». «Es algo del pasado que hay que superar», opina el experto.

«El sistema educativo está suficientemente preparado para abordar la educación de todos y de todas en las mismas aulas, como lo hace con diferencias culturales, de idiomas o de capacidades», asegura María Antonia Casanova, profesora de la UCJC y experta en educación inclusiva. «Tenemos una Ley de educación que habla de educación inclusiva, y esto supone una escuela para todo el alumnado, donde se atienda a las diferencias de cada uno. Desde mi punto de vista, segregar a niños por un lado y niñas por otro está contraviniendo ese principio», argumenta.

Pero, ¿qué dice la ciencia sobre la educación diferenciada? Ya en el año 2011 la prestigiosa revista científica Science publicó un artículo titulado ‘La pseudociencia de la segregación por sexos en la educación’ [el resumen en español aquí], en el que aseguraba que «No existe ninguna investigación correctamente diseñada que demuestre que la educación segregada por sexos mejore el rendimiento académico de alumnas y alumnos; en cambio, sí existen pruebas de que la segregación por sexos potencia los estereotipos de género y legitima el sexismo institucional».

Por el contrario, quienes defienden el modelo lo hacen bajo el argumento principal de que niños y niñas son diferentes y la diferenciación en las aulas permite brindar una educación más personalizada y garantizar la igualdad de oportunidades.

Una de sus más conocidas defensoras es María Calvo Charro, profesora de la Universidad Carlos III, que en la entrevista ‘Ventajas de la educación diferenciada’ explica que «en los colegios mixtos, los estereotipos se refuerzan. El varón, más inmaduro que las niñas de su misma edad, vive como dominado por ellas, ya que le aventajan en destrezas verbales, maduración y responsabilidad». Para Calvo, el problema «más preocupante» de «no respetar las diferencias sexuales en la escuela» es «la pérdida de identidad de los varones». Son los niños los que salen perdiendo porque en las aulas mixtas se impone el «ideal femenino».

La Justicia avala la LOMCE

A pesar del cambio político que se produjo tras la moción de censura, la LOMCE continúa en vigor. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, impulsada por el polémico ministro de Educación del gobierno de Rajoy Jose Ignacio Wert, que salió adelante con toda la oposición en contra, blindó la financiación pública que reciben estos centros. Esta normativa recogía que este modelo de enseñanza «no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos» y que no se le podrá aplicar «un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas». Los socialistas llevaron al Tribunal Constitucional esta legislación y los magistrados avalaron la inversión a este modelo de educación concertada.

Tras la moción de censura y con el PSOE ya en el Gobierno, el Ministerio de Educación redactó un anteproyecto de nueva ley orgánica con el que sustituir la LOMCE. En su articulado se apostaba por desincentivar la financiación pública de los colegios que segregan por sexos. Pero el adelanto electoral y el bloqueo político posterior han metido en un cajón la derogación de la ‘Ley Wert’.

Para Murillo, la situación de la enseñanza concertada en España es «una anomalía». «España es de los pocos países de la UE donde existe una educación privada fuerte». «El derecho a elegir de los padres y madres no consiste en elegir frente a cualquier cosa», opina, «sino el derecho a que todos los centros educativos sean de excelente calidad, y en eso es en lo que tenemos que trabajar».

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