La más perjudicada es Astorga que no contempla la medida pero admite perder 200.000 euros al año.
La propuesta lanzada desde el Ayuntamiento de León de tantear la posibilidad de cobrar a la Iglesia el IBI por sus bienes no ha calado en los principales municipios de la provincia. Ningún ayuntamiento de los consultados admite haber ni siquiera estudiado esta alternativa para engordar las arcas municipales. Varios se acogen a que la medida sólo se plantearía si fuera dictada desde el Gobierno central y otros apelan a la «labor social» de la Iglesia para desestimar el cobro.
Si bien es cierto que muchos de los alcaldes encuestados reconocen que los ingresos en tal caso serían mínimos debido al escaso patrimonio que posee la Iglesia en sus municipios, a este argumento no se puede acoger el Ayuntamiento de Astorga, sede de la Diócesis, y que, como tal, acoge en sus calles innumerables elementos patrimoniales eclesiásticos dedicados a los usos más variados.
El Obispado no facilita una lista de sus bienes y se defiende afirmando que «sólo cumplimos con la ley», como declaró ayer el ecónomo, Victor Manuel Murias, quien esgrimió argumentos como que la exención de este impuesto «no es ningún privilegio» y que «otras entidades como todos los ayuntamientos o administraciones públicas tampoco pagan el IBI». El administrador considera que, en cualquier caso, la medida «no puede plantearse ayuntamiento por ayuntamiento».
La visión desde el Ayuntamiento es dispar. Para la alcaldesa, Victorina Alonso, la medida «no es planteable», ni ahora ni en el futuro, a pesar de que se calcula que, al menos, se están dejando de recaudar unos 200.000 euros anuales por este concepto. En esta línea se pronunció también el portavoz popular, Jacinto Bardal, quien no considera que esta medida deba plantearse.
Más decidido se mostró el portavoz del PAL, Pablo Peyuca, quien, a pesar de matizar que debía ser una propuesta emitida desde el equipo de gobierno, si mostró su conformidad con que la Iglesia pagara por su patrimonio.
