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Laicismo, elecciones y matrimonios igualitarios

Al día siguiente de haberse celebrado los comicios en 12 estados de la República para renovar las respectivas gubernaturas, el candidato panistas de Aguascalientes, Martín Orozco, reconoció que la iniciativa a favor de los matrimonios igualitarios, impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “ayudó” a su promoción del sufragio entre la ciudadanía conservadora; fue un “regalito del cielo”, aseguró. En el mismo sentido se manifestó el obispo de Veracruz, Luis Felipe Gallardo: dijo que la derrota del PRI en esa entidad federativa se debió a la propuesta presidencial, en vista de que la mayoría de los mexicanos son católicos y no aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo (El Universal, 09/06/2016).

El caso es que el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, firmó, el 17 de mayo, sendas iniciativas para modificar la Constitución y el Código Civil con el propósito de reconocer los matrimonios igualitarios. Esto no gustó a los ministros del culto católico. La jerarquía tomó la decisión de fijar una postura a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que hizo pública. De allí los arzobispos y obispos movilizaron a los sacerdotes y párrocos con el propósito de hacer proselitismo electoral entre sus feligreses contra la posición oficial.

El activismo electoral desplegado por el clero fue abierto. Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, señaló, de cara al proceso electoral: “Instituciones como la familia y el matrimonio están bajo impacto en la descomposición social… en los partidos está la responsabilidad de elegir candidatos limpios y transparentes”. Donde el concepto “candidatos limpios y transparentes” significa afines a la doctrina eclesiástica. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, afirmó: “Ante las lamentables iniciativas y los cambios legales promovidos por nuestras autoridades civiles a nivel federal y estatal a favor del matrimonio llamado igualitario, motivados en un supuesto propósito de luchar contra la discriminación, me permito, como ciudadano con sentido de responsabilidad social, disentir de esta postura”.

Así, la Iglesia católica emprendió una campaña en contra de la iniciativa presidencial. Violó flagrantemente lo dispuesto por el artículo 130 constitucional que trata del principio histórico de la separación del Estado y las iglesias.

El inciso “E” de ese artículo es muy claro: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.”

Haciendo caso omiso de esa disposición, los ministros del culto se lanzaron a una verdadera y propia cruzada propagandística. Llamaron a no votar por el partido del Presidente de la República, el PRI, a causa de la iniciativa en favor de la comunidad lésbico-gay; es decir, a favor del derecho que les asiste a estas personas de formar una familia reconocida por la ley con todos los atributos y obligaciones inherentes. Debemos decir al respecto que esta reivindicación ha sido conquistada en tiempos recientes en diversos países del orbe; ha hecho caer antiguos criterios de discriminación y marginación social.

La Iglesia mexicana, siempre fiel a su conservadurismo, se resiste a esos cambios. No le gusta lo que representa un avance cultural y social. Además, en su afán de golpear tales avances se le olvidó a la Iglesia católica que la iniciativa presidencial aún deberá ser discutida y aprobada en el poder Legislativo.

El clero se ha puesto en una actitud beligerante contra el Estado laico mexicano, contra su orden jurídico y, en especial, contra la reglamentación electoral que es muy clara al respecto. Desarrolló un activismo político que no le corresponde. Quiere regresar a tiempos ya idos en los cuales privaba la confusión entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica; tiempos de conflicto y abusos sinfín. El avance civilizatorio consistió en fijar límites precisos entre ambas esferas de acción.

Es imperativo que las autoridades jurisdiccionales actúen de inmediato. Como lo dice el enunciado del artículo 130, se trata de un principio histórico; o sea, uno de los puntales de nuestro sistema jurídico y político. En relación con este nuevo desafío lanzado por los curas, no podemos olvidar que el Estado moderno nació de la disolución del universalismo católico; del desvanecimiento del dominio que El Vaticano ejerció durante siglos sobre los estados para subordinarlos a sus designios. Entre esos designios estaba el que únicamente se podía profesar una religión y se podía pensar exclusivamente de una manera, so pena de sufrir persecuciones, procesos inquisitoriales y ejecuciones sumarias.

La lucha en favor del estado laico fue, al mismo tiempo, la lucha en favor de las libertades civiles y las libertades políticas, el votar sin ser influido por credo religioso alguno, la tolerancia, el no ser detenido arbitrariamente, el ejercicio del derecho privado y el derecho público al margen del derecho canónico.

Por cierto: ¿acaso el PRD y AMLO tienen algo que decir sobre este desafío eclesiástico? ¿O su adhesión al legado de don Benito Juárez es tan sólo de dientes para afuera?

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