Nuestro legado de laicidad ha sido el mejor antídoto para evitar la confrontación social que se genera cuando dogmas y creencias religiosas irrumpen en el espacio público, que es el territorio por excelencia para discutir y deliberar sobre cuestiones de interés colectivo, dejando de lado las del ámbito interno, individual.
En este marco de principios de convivencia, todos los temas y demandas de grupos sociales son bienvenidos y debatibles; sin embargo, hay que lanzar una voz de alerta cuando aparece la pretensión de socavar nuestra laicidad, que es el principio que garantiza el derecho de las personas a adoptar las creencias y valores religiosos de su elección. Esta pretensión ha surgido en fechas recientes y no le hemos dado suficiente centralidad en nuestra agenda pública.
Hay que recordar que la asociación evangélica Cofraternice, que encabeza el pastor Arturo Farela, amigo personal de López Obrador, se ha reunido con el Presidente para solicitarle que las iglesias evangélicas puedan acceder a tiempos públicos en radio y televisión para difundir sus valores religiosos. El argumento de Farela es que su demanda no es un atentado a la pluralidad, porque no sería una sola iglesia la que haría proselitismo en medios electrónicos, ya que su asociación agrupa a varias iglesias. Al Presidente no le parece mala la idea y ha instruido a la secretaria Sánchez Cordero para que explore qué tipo de reformas habría que hacer a nuestro ordenamiento jurídico para atender dicha solicitud.
La propuesta de que las iglesias sean concesionarias o permisionarias de los medios masivos de comunicación es contrario a los artículos 130 y 24 constitucionales, que establecen, por un lado, la separación de la iglesia y el Estado y, por otro, que los actos religiosos y de culto se celebren ordinariamente en los templos –es decir, en espacios privados– y sólo de manera extraordinaria lo hagan fuera de ellos, sujetándose a la ley reglamentaria. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en su artículo 16 que las asociaciones religiosas y los ministros del culto no podrán poseer o administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio y televisión o cualquier otro tipo de telecomunicación. Una reforma en ese sentido rompería el principio de laicidad, al permitir el uso de bienes de la nación, como son los medios electrónicos, a favor de grupos religiosos. Los ministros del culto deben circunscribirse a las cuestiones espirituales, del fuero interno de las personas, y no incursionar en los asuntos del Estado, interfiriendo en el espacio público.
Justamente, gracias al carácter laico de nuestro Estado, las iglesias carecen de personalidad jurídica para ser beneficiarias de espacios en medios, pues estos cumplen una función social de servicio público y para hacerlo deben mantenerse alejados de cualquier adoctrinamiento religioso. Ni contratos ni concesiones para las iglesias en medios masivos de comunicación, porque su esfera de acción es la vida privada de los dogmas religiosos y el Estado debe garantizar que así sea, para preservar la convivencia armónica de principios morales y religiosos de contenidos diversos.
Por supuesto que el Estado democrático debe promover códigos y principios de ética pública, y uno de dichos valores es la laicidad, al igual que la tolerancia, pero son valores cívicos, no religiosos.
No es buena idea que con el argumento de moralizar la vida pública, rompamos el blindaje que nos ha ofrecido nuestra laicidad. Tampoco debemos fomentar el activismo político de pastores y ministros del culto, que es un fenómeno que está creciendo en buena parte de América Latina, y ahí están Costa Rica y Brasil como botones de muestra. Otorgar concesiones a las iglesias potenciaría su activismo político en detrimento de nuestro orden jurídico, que es laico y debe seguir siéndolo. Tampoco debemos fomentar el activismo político de ministros del culto, que es un fenómeno que está creciendo.
Jacqueline Peschard
