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Laicidad en la educación, un modelo de educación acorde a la realidad de México

En la recta final del año 2012, los mexicanos observamos con profunda preocupación el proceder del pleno de la Cámara de Diputados, quien aprobó -vía fast track- la reforma del artículo 24 constitucional, orientada al desmantelamiento del Estado laico y de las libertades que de él emanan. Aunque parezca paradójico, la inserción del término libertad de religión en el mencionado artículo constituye una amenaza para nuestras libertades, incluida la de religión.

Vale la pena que nos preguntemos: ¿por qué razón la Conferencia del Episcopado Mexicano festejó la modificación constitucional, aprobada el pasado 15 de diciembre por la Cámara de Diputados? ¿Qué uso o interpretación pretende darle la jerarquía católica a un término tan noble, como es el de libertad religiosa? A eso me referiré a continuación.

A partir del concepto de libertad religiosa se pretende, entre otras cosas, la apertura de las escuelas públicas a clases de religión, situación que violentaría abiertamente los principios de aconfesionalidad del Estado, y de laicidad en la educación pública, este último consagrado expresamente en el artículo 3° de nuestra Carta Magna.

Estará usted de acuerdo conmigo, estimado lector, que la educación religiosa es una actividad que pertenece al ámbito privado, en donde no cabe regulación alguna por parte de las instituciones del Estado. Los padres de familia pueden instruir religiosamente a sus hijos en sus hogares, sin ningún tipo de restricción. Este derecho, sin embargo, no satisface del todo a la Iglesia católica, quien pugna por la supresión de la educación laica, lo que posibilitaría el retorno de los curas y el catecismo a las escuelas públicas.

El Estado laico, a diferencia del confesional, no tiene religión. Por esta razón no puede privilegiar a una confesión religiosa en particular, ni pagar con dinero del erario el suelo de los miles de docentes a su servicio para que enseñen los dogmas católicos en los planteles educativos oficiales. Si el Estado lo hiciera, estaría violando la libertad de creencias de quienes no profesan el catolicismo.

La jerarquía católica ha presionado desde diversos frentes para lograr leyes que le permitan imponer un modelo de educación confesional, similar al que estuvo vigente en México antes de Juárez y de los hombres de la Reforma. Presionó a la Cámara de Diputados a través del artículo "Vergüenza legislativa", donde calificó a esta institución como una de las "más desprestigiadas y despreciadas en la opinión pública nacional debido a la falta de resultados y a la mediocridad de sus integrantes… (Quienes) han hecho pedazos el título de Honorable Congreso de la Unión, y que con sus acciones frívolas, mediocres e inmorales llenan de vergüenza a la nación" (Desde la fe, 30 de octubre de 2011).

A esta presión añádale usted la visita del papa Benedicto XVI a nuestro país, respecto a la cual, el petista Jaime Cárdenas señaló: con la reforma, "Enrique Peña Nieto hace un guiño a la Iglesia para lograr su apoyo, así como recibir al Papa en su próxima visita con reglas más laxas para la Iglesia".

El pueblo de México tiene un modelo de educación que es acorde a su realidad actual. Somos un país con pluralidad religiosa, razón por la cual el Estado y la educación deben seguir siendo laicos. No olvidemos que una de las ventajas de la educación laica es que excluye toda idea de religión en las asignaturas que se enseñan en los planteles oficiales. La instrucción laica no predica ninguna religión, pero tampoco ataca a ninguna; no lleva a los niños a las fiestas y ceremonias religiosas, pero tampoco permite que éstas penetren las escuelas.

Por último, hago público el deseo de millones de mexicanos, que esperan dos cosas del Senado de la República en el año que está por comenzar: 1) que apruebe la reforma del artículo 40 constitucional, a fin de reafirmar el carácter laico del Estado mexicano; 2) que convoque a la realización de debates entre los especialistas y actores sociales interesados en la temática, a fin de dar marcha atrás a la reforma del artículo 24 constitucional. ¡Feliz 2012!

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