Laicidad, divino tesoro

Diversas entidades asociativas celebran el Día Internacional de la Laicidad, una conmemoración que tiene ya cierta solera en Francia, quizá más pródiga en este tipo de manifestaciones reivindicativas de la libertad de conciencia, aunque uno no deje de percibir pese a ello que cada día la Galia se asoma más y más al abismo.

Nuestros vecinos del norte promulgaron un 9 de diciembre de 1905 la ley de separación de iglesias y Estado, que en la práctica supuso la interdicción de toda injerencia recíproca entre ambos entes, incluida la financiación de los cultos y sus ministros. La casualidad quiso que unos cuantos años más tarde, también un 9 de diciembre, pero de 1931, las Cortes españolas votaran la Constitución del nuevo régimen republicano que, por primera vez en la historia, daba al Estado un tinte laico sin paliativos. Todos sabemos lo que sucedió más tarde, tras aquel suspiro. España dio varios pasos atrás de los que aún no se ha recuperado, algo que, por cierto, demuestra que no siempre que se retrocede se hace para tomar impulso. A veces, las más, la derrota prolonga sus efectos a través del tiempo, contagiando a una generación tras otra.

Es quizá nuestro caso, donde lo confesional impregnó con su religiosidad la vida cotidiana del país, dirigió con mano férrea buena parte de su política, contribuyó a asegurar la permanente humillación de los vencidos y se adueñó del aparato educativo en abierta colaboración con un atroz régimen dictatorial. Llegó más tarde la nueva restauración monárquica, acompañada de un aparente cambio de las reglas del juego que permitió a la jerarquía eclesiástica adaptarse a un nuevo hábitat en el que la aconfesionalidad estatal sustituyó a la oficialidad religiosa.

Es este escenario el que permite entender los acuerdos de enero de 1979, mal llamados por nuestros representantes públicos “concordato”, y cuya denuncia ha sido reclamada por diferentes colectivos sociales y también, aunque tarde, muy tarde, por algún partido cuyas barbas llevan tiempo a remojo. Estos pactos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede regulan las relaciones de un nuevo régimen y la organización religiosa con más solera del país, ubicada en una posición distinta a la precedente en el tiempo inmediato, pero igualmente privilegiada y con una plaza propia reservada en el propio texto constitucional.

Pero no nos engañemos. Las cosas han cambiado lo justo pero no lo suficiente como para ver los espacios públicos, aquellos que pertenecen por igual a creyentes y no creyentes, invadidos por la más diversa simbología religiosa. El calendario siempre guarda además eventos adecuados a este fin. No ha cambiado tanto el panorama cuando seguimos viendo a los representantes públicos participar activamente en misas, bendiciones acuáticas, inauguraciones hisopo en mano e incluso desfilar orgullosamente por la vía pública, confundiendo en un único acto las muy respetables creencias particulares de cada cual con la función representativa para la que les ha elegido toda una ciudadanía que, más allá de cada creencia, es plural, compleja y diversa. Sigue existiendo en nuestro país un anquilosamiento legislativo que ha hecho posible una catarata de inmatriculaciones registrales en beneficio de una organización religiosa concreta, convertida así en una potencia inmobiliaria; la misma que no tributa por impuesto de sucesiones y se resiste a hacer frente a la antigua “contribución” —actual IBI— y a la que ha habido que aplicarle la normativa reguladora del IVA vía mandato comunitario. Es la misma que percibe una parte importante de sus recursos a través de una asignación estatal que no ha hecho más que aumentar con el paso de los años, prestándose la maquinaria tributaria a hacer el papel de recaudadora a título gratuito. La misma, qué duda cabe, que ha logrado mantenerse adherida a un aparato educativo cada vez más competitivo, donde la asignatura de religión ha cobrado el mismo valor académico que tenía en los tiempos pretéritos en que Estado y religión verdadera eran un gran todo, único e indivisible.

No trato aquí de combatir las creencias de unos, mayoritarias o no, para defender las de otros, pues no es ésta una cuestión que se dirima como otras en función del volumen de practicantes, clientes, seguidores o partidarios. Intento únicamente poner de manifiesto situaciones que contravienen de manera evidente una mínima noción del principio de igualdad, y que nos llevan necesariamente a plantearnos qué papel ha de corresponder a las convicciones íntimas de los ciudadanos en determinados espacios que son de todos.

Vivimos inmersos en un sistema jurídico aconfesional, no laico, donde la confusión de lo público y lo religioso no es un hecho aislado o accidental. Esto es posible porque carecemos de una norma que regule adecuadamente las relaciones entre dos dimensiones muy diferentes, la religiosa, privada e íntima de cada persona, y la pública; también porque nuestro texto constitucional, cuya reforma es objeto de envites en el debate político, está completamente desfasado en este aspecto, superado por la realidad social española actual.

Cuando faltan escasos días para recordar la necesidad que tenemos de hacer valer un componente vital de lo que debería ser un régimen democrático pleno, no se puede olvidar cómo la laicidad, a pesar de su delicadeza y debilidad, ha sido objeto de un ataque persistente, identificándola injusta y deliberadamente con posiciones antirreligiosas y agresivas, o añadiéndole adjetivos —incluyente o positiva, entre otros— cuyo objeto no ha sido otro que adulterar su verdadero contenido. En el fondo, este valor no ha pasado de ser una aspiración en nuestro país, algo que apenas sí hemos llegado a conocer y que, sin embargo, debería ser concebido como la garantía básica que asegura el desarrollo de dos libertades diferentes, la religiosa, que ha gozado de todo, y la de conciencia, que nunca ha tenido nada.

Sin saber qué nos deparará el futuro, confiemos en que este divino tesoro sea atemporal y no se haya ido para no volver.

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