Laicidad del Estado y proceso constituyente

El pasado día 9 se celebró el Día Internacional del Lacismo y de la Libertad de Conciencia, una efeméride que conmemora hechos históricos de honda significación en relación con la laicidad del Estado. Así, recordemos que el 9 de diciembre de 1905 Francia aprobó la Ley de Separación de las Iglesias (sic, en plural) y el Estado; ese mismo día de 1931 las Cortes Constituyentes de la Segunda República aprueban una constitución inequívocamente laica; y un día posterior, pero de 1948, se proclama por la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que apela, entre otras cosas, a la libertad de conciencia.

En España, cuando se han cumplido ya los 41 años de entrada en vigor de nuestra Carta Magna, podemos afirmar que el Estado dista mucho de ser laico. La ambigüedad calculada del nuestra Constitución tiene mucho que ver con ello. El artículo 16.3 reza así: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Es decir: por un lado, se propugna una tibia declaración de aconfesionalidad, que no de laicidad, pero se reconoce por parte del legislador el enorme peso que tenía (y que aún sigue manteniendo) en esos momentos la Iglesia católica.

Esa no ruptura de ataduras del Estado respecto de una confesión, la católica, que, aun mayoritaria, dista mucho de ser representativa de la sociedad española del siglo XXI, se manifiesta en la actitud claramente confesional de muchos cargos públicos en el ejercicio de su función, desde la ostentación pública de fe por parte de la familia real, pasando por el juramento del cargo, ante una Biblia y con un crucifijo, por parte de algunos ministros y otros cargos públicos, y terminando por la celebración de funerales de Estado con el rito católico, obviando el carácter civil que debieran tener esas ceremonias.

Y es que, coincidente con el auge, en todo el mundo, de posiciones ultraconservadoras, cuando no claramente fascistoides, es fácilmente perceptible, así mismo, un renacer de un rancio catolicismo por parte de muchos de esos cargos públicos. Dos ejemplos referidos a Madrid y que tienen como protagonista al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. En días pasados, el Ayuntamiento que preside hizo un amplio despliegue de cartelería por plazas y calles de Madrid (por supuesto con dinero público), invitando a la población a la celebración de la Inmaculada. Por otro lado, la prensa dio cuenta de que el alcalde instalaría en la Puerta de Alcalá el belén que ordenó retirar Manuela Carmena, gastando, además, un 27% más en adornos navideños. La virgen María, san José y el niño Jesús vuelvan a estar, pues, en las seis entradas de la plaza Mayor, en la Puerta de Alcalá y en las de Toledo y San Vicente, y en el viaducto de la calle Segovia.

Nihil novum sub solem. Respecto al hecho religioso, hay un hilo de continuidad en la Historia contemporánea de España que hace que los periodos progresistas sean claramente minoritarios respecto a los conservadores, hecho que queda reflejado claramente en nuestros textos constitucionales. En un artículo anterior en LA OPINIÓN, ya les mostraba que la mayoría de leyes fundamentales han estado marcadas por el sesgo confesional católico, comenzando por el Estatuto de Bayona de 1808 y continuando por los textos constitucionales de 1812, 1837, 1845, 1876, la nonnata de 1856 y los textos fundamentales de la dictadura franquista.

Pocos fueron los momentos históricos de ruptura con esa confesionalidad católica: la Constitución de 1869 estipulaba claramente la libertad de cultos (si bien es cierto que el Estado se obligaba al sostenimiento de la Iglesia católica); la Constitución de 1873, que hacía una clara definición de laicidad del Estado pero que no llegó a estar en vigor, y la Constitución republicana de 1931, que consagraba la separación Iglesia-Estado, con una clara vocación de respeto a la libertad de conciencia.

Durante esos años de predominio confesional católico, el poder la de la Iglesia quedó reforzado con concesiones y prebendas tales como la supervisión de la enseñanza y la presencia de la religión en las aulas (que se mantiene con los Acuerdos con la Santa Sede de 1979) en virtud de los Concordatos de 1851, 1953 , la dotación del impuesto de culto y clero, que con distinta denominación también existe hoy, y la exención tributaria, de la que aún disfruta la Iglesia. Si a ello le sumamos las inmatriculaciones, que han incrementado su patrimonio, puede colegirse que la posición de privilegio de la institución eclesiástica permanece inalterable en pleno siglo XXI.

La eventual conformación de un Gobierno de coalición debería ser el inicio del fin de tales privilegios eclesiásticos, con la derogación de los Acuerdos con el Vaticano; la nítida separación Estado-Iglesias; la eliminación de la asignatura de Religión del currículo escolar, y la redacción de un Ley de Libertad de Conciencia y una Ley de Muerte Digna, aspectos todos reivindicados por la Asociación Europa Laica.

La entrada en ese Gobierno de coalición de Unidas Podemos podría reforzar las posiciones de avance del proceso constituyente que está en curso y que arranca del 15M y tiene su continuidad actual en el vigor del movimiento feminista y en la pertinaz e incansable lucha de las personas jubiladas y pensionistas. En un contexto de retrocesos globales en todo el mundo, nuestro país, que nunca llegó a abrazar del todo la modernidad, tiene ahora una ocasión mollar para alumbrar un nuevo orden constitucional que supere viejos arquetipos; que condene definitivamente el franquismo e ilegalice sus fundaciones de apoyo; que camine por la senda de la justicia social, el progreso y la tolerancia; que destierre de nuestro solar peninsular las tensiones territoriales, reconociendo la riqueza plurinacional de España, etc.

Hemos tenido cuarenta años para superar viejos arcaísmos y madurar democráticamente. Por ello es preciso reforzar nuestro pluralismo territorial, político y también ideológico. Se impone caminar hacia un republicanismo de corte modernizador de un Estado, que, necesariamente, ha de ser laico.

Diego Jiménez

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