Un proyecto de ley sobre la laicidad del Estado sigue creando repercusiones a favor y en contra en la provincia de Quebec.
El domingo fue el turno de denominada Coalición Inclusión Quebec, que realizó una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Montreal.
La entidad, integrada por ciudadanos, grupos religiosos, juristas y docentes, se manifestó con la intención de reafirmar su convicción respecto a la importancia de proteger los derechos y libertades de las personas.
Un vocero de lo entidad sostuvo que si el proyecto es aprobado, eso no garantizará la intención declarada por la administración provincial, de asegurar la mayor neutralidad posible por parte del Estado en materia religiosa.Michel Seymour, profesor de filosofía en la Universidad de Montreal, adujo que un Estado que es “verdaderamente neutro no debe inmiscuirse” en cuestiones de religión. Según el portavoz, al prohibir que funcionarios públicos luzcan signos religiosos durante el cumplimiento de sus funciones implica una toma de posición por parte del Estado, al expresar un juicio en relación con esos símbolos.
Seymour fue una de las personas que brindó testimonio ante la comisión parlamentaria contra el proyecto de “Carta sobre los Valores de Laicidad y Neutralidad Religiosa del Estado”, presentado en 2014 por la administración de entonces, y sostuvo que la actual iniciativa reproduce la misma discriminación.
El experto en filosofía alegó que elaborar un proyecto de ley que tenga como blanco principal a los empleados estatales que expresan sus convicciones religiosas implica un acto de “discriminación” contra un subgrupo y que dicha situación va en contra del rol del Estado, que debe ser garante del principio de igualdad entre todos los habitantes.
El gobierno de la provincia de Quebec, ejercido por la Coalition Avenir Quebec, presentó recientemente un proyecto de ley que busca que empleados estatales no puedan portar símbolos religiosos mientras ejercen sus tareas oficiales.
La iniciativa, dada a conocer en marzo último por el ministro provincial de la Diversidad y la Inclusión, Simon Jolin-Barrette, prohíbe a varias categorías de empleados estatales en posición de autoridad portar todo signo religioso durante el desempeño de sus funciones.
El proyecto se aplica también a los docentes y directivos de escuelas.
Por otra parte, según el texto, toda persona que desee recibir un servicio por parte de la administración estatal deberá presentarse con el rostro descubierto.
Otro de los puntos de fricción generados por la norma propuesta es el hecho de que el ministro Barrette sostuvo que, de ser aprobada, la ley será aplicada integralmente y de manera independiente de las disposiciones incluidas en la constitución canadiense.
