Recordar que la laicidad, no es, como pudo haber sido, una potestad del Estado, es una obligación de éste en aras de la libertad de conciencia de los ciudadanos. Base de las restantes libertades y fundamento último de la democracia.
Modificando la sensación imperante a mediados del siglo XX, es fácil advertir que el tema de la laicidad no se encuentra resuelto.
Se asiste en los último tiempos al surgimiento de un clima espiritual proclive a la religiosidad, probablemente motivado por el declive de las confrontaciones político ideológicas. Ello ha llevado a alteraciones de las relaciones entre los estados, o muchos de ellos y las opciones religiosas de sus poblaciones, que parecen revivir los enfrentamientos de finales del siglo XIX cuando se consolidó la aconfesionalidad de los estados. El fenómeno resulta actualmente exacerbado por el aumento de la inmigración musulmana (53 de cuyos estados niegan la laicidad) y es manifiesto en Europa, que atraviesa enormes problemas con sus actuales olas migratorias que pretenden la indemnidad para sus prácticas religiosas.
Si bien en el Uruguay estamos lejos de estos extremos, ultimamente aparecieron algunas indicios de su reactivación. Hace unos meses el comandante del Ejército invitó a sus subordinados a concurrir de uniforme a una misa en honor de la institución mientras sobre fin de año, les recordó en mensaje oficial, que el 25 de diciembre se celebra en la Navidad, “el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad”. Esta versión motivó varias críticas que le recordaron que cuando actua en representación del Ejército debe ceñirse a la Constitución de la República que le veda toda manifestación oficial de carácter religioso, como lo son, la promoción oficial de actos de culto en honor a la fuerza, o las menciones a dioses en festividades públicas.
Por su lado el Cardenal Daniel Sturla, hombre culto, paciente y civilizado, está empeñado en debilitar la interpretación tradicional de la laicidad impulsando una versión cortés de la misma. Tan colaborativa que pone en duda la imprescindible neutralidad del estado en materia religiosa. Nuestro prelado omite que según el art. 5 de la Constitución de la República el estado “no sostiene religión alguna”. Tampoco ninguna ideología. Ello significa que la laicidad excede el campo estrictamente religioso, exigiendo al Estado neutralidad en todo aquello que, fuera del campo de la justicia social como área de convivencia, pueda invadir el campo de la autonomía individual. Un aspecto que no debería olvidar nuestro Presidente que al realizar apologías partidarias también se acerca al límite de violar la Carta hipotecando la neutralidad de su cargo.
Fernando Savater ha comentado que “En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no en cuanto deber que pueda imponerse a nadie. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros o para todos. Lo mismo resulta válido para las demás formas de cultura comunitaria, aunque no sean estrictamente religiosas”.
No se trata con esto de exagerar ni resucitar fantasmas, sólo recordar que la laicidad, no es, como pudo haber sido, una potestad del Estado, es una obligación de éste en aras de la libertad de conciencia de los ciudadanos. Base de las restantes libertades y fundamento último de la democracia.
Herbert Gatto
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