La decisión de la provincia de imponer, mediante una ley, la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en escuelas públicas y privadas podría chocar con la normativa nacional.
La decisión de Salta, una provincia, de impulsar mediante una nueva ley la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en escuelas públicas y privadas podría generar una colisión entre normas y jurisdicciones en caso de ser sancionado el proyecto.
La ley de Educación nacional sancionada durante 2005, en reemplazo de la Federal de la gestión menemista, fue impulsada como una continuación de la norma ‘madre‘ 1420 de enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica, es la que rige en todas las jurisdicciones con reglamentaciones y aplicaciones de acuerdo a las necesidades regionales.
Según el análisis de la periodista Laura Hojman, de la agencia DyN, “lo que no habilita es su suplantación por una nueva norma, ni la incorporación de decisiones, políticas y contenidos curriculares que no estén incluidos en su articulado”.
Es decir que si una provincia impone un sistema que no respete los seis años de primaria y seis de secundaria, ya entraría en otra estructura fuera de la que marca la ley y se constituiría en un estado diferente, con certificaciones de estudios diferentes, dentro del mismo país.
Eso tal vez fue parte de lo que ocurrió con la ley Federal sancionada en 1993, cuando por su diversidad en la aplicación, carecía de fondos necesarios en algunas provincias y negativas a obedecerla en otras -Ciudad y Neuquén- originó al menos 50 sistemas de enseñanza de los más variados en la misma Nación.
En Argentina, donde desde 1880 rige la ley 1420 de enseñanza primaria obligatoria pública, gratuita y laica para todos los chicos, hoy parecería que asoma una nueva polémica que parecía superada por el acuerdo general: la enseñanza religiosa en las aulas estatales.
No tan atrás quedaron la obligatoriedad de las horas de catequesis en la escuela pública durante finales de los ’50 y principios de los ’60 y las antinomias en la gestión de Arturo Frondizi por ‘laica o libre‘, por la decisión del ex presidente de apoyar en nombre de la libertad de enseñanza la creación de universidades privadas que propulsaba entonces la Iglesia.
Hojman recuerda que, para algunos, la ley de Educación Nacional sancionada en 2005 es una continuidad del espíritu de la igualadora 1420, que permitió escolarizar en un mismo aula al hijo del obrero y del profesional en la Argentina naciente
Sin embargo, para un segundo sector, la ley aprobada durante la gestión de Daniel Filmus genera un ‘vacío‘ y abriría la puerta a estos nuevos intentos de introducir la enseñanza confesional obligatoria al ‘afianzar‘ la igualdad entre las escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada‘, como reza el texto de la norma.
“Un tercer grupo, en este caso las provincias de Santiago del Estero, Jujuy y ahora Salta, omiten y hasta ignoran la existencia de la nueva Ley, fundamentan la educación religiosa en sus coloniales Constituciones, las que preveían su introducción en el aprendizaje”, explica la periodista.
Este debate se consideraba saldado en Argentina, en razón de la diversidad de la oferta educativa creciente, con escuelas de confesiones judías, musulmanas, evangelistas, y católicas de distintas vertientes
Entre las repercusiones que generó el intento del gobierno de Juan Manuel Urtubey, el consejero escolar bonaerense de la UCR Carlos Cebey criticó que ‘la nueva Ley Nacional de Educación kirchnerista consolida la denominación de escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada, y la afianza, agregando las variables cooperativas y sociales que, a nuestro entender, son tan privadas como las privadas”.
“No existe norma nacional alguna que impida la decisión de la provincia de Salta y esa omisión de la legislación no es casual‘ dijo, y agregó que ‘ni al menemismo ni al kirchnerismo lo conmueve la palabra laica”.
Sin embargo, destacó que “para una inmensa cantidad de docentes, profesores, egresados universitarios la laicidad es condición necesaria para una educación que pretenda generar pensamiento crítico”.
La diputada salteña del Partido Obrero, Patricia Poblete, una de las que votó en contra del proyecto de nueva ley de Educación provincial, cuestionó que “se justificó la enseñanza de religión como si fuese esta la fuente de la ‘formación en valores‘ para enfrentar la crisis”.
En medio de la polémica creciente, el gobierno de Salta aclaró que la obligatoriedad no se refiere exclusivamente a la religión Católica, sino que se garantizará la enseñanza de todos los credos como una manera de ‘introducir valores morales y éticos en la sociedad”.
Fuentes del ministerio de Educación nacional manifestaron que el proyecto de la nueva ley ‘entra en contradicción con la promoción de la ética y los valores y del espíritu de diversidad de la ley de Educación nacional”.
Asimismo, dijeron que el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, “evaluaba el texto del proyecto a fin de pronunciarse en los próximos días y antes de que pueda ser sancionado”.
La secretaria general de los docentes de CTERA, Stella Maldonado, advirtió que ‘si verdaderamente quedó planteada la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en el texto del proyecto, vamos a hacer una presentación al Consejo Federal, ya que es violatorio de la ley de Educación nacional”.
Maldonado explicó que la ley sancionada durante la gestión del ex ministro Daniel Filmus ‘no habilita en ningún artículo a la enseñanza religiosa en escuelas públicas y privadas no confesionales‘ y agregó que en el caso de Salta ‘lo permite la Constitución provincial, pero de carácter optativo extracurricular”.
