Las cuentas gallegas para 2010, aunque con algún que otro agujero oscuro, permiten conocer gastos en detalle que, cuando menos, para unos resuelven una curiosidad y para otros reavivan una cuestión polémica. Muy bien podría ser este el caso de la cuantía que la Consellería de Sanidade, que dirige Pilar Farjas, reserva para dar cobertura presupuestaria al servicio religioso dentro de los hospitales públicos gallegos.
En todos los complejos y centros hospitalarios repartidos por la geografía gallega, exceptuando al Hospital de Verín, existen plantillas de capellanes, según refleja la Lei de Orzamentos de la Comunidad de Galicia para el próximo ejercicio que se acaba de debatir en la Cámara autonómica y que fue aprobada el pasado 15 de diciembre.
Los 44 capellanes que trabajan a jornada completa junto con otros once que prestan sus servicios a media jornada cuestan al erario público gallego un total de 720.546,75 euros al año (más de 120 millones de las antiguas pesetas).
Esta cantidad se corresponde casi exactamente con la partida que la Xunta reserva en la Fundación Axencia Humanitaria de Galicia (FAHG) para llevar a cabo sus actuaciones en 2010, que serán similares a las desarrolladas durante el ejercicio que ahora termina y que según el patronato de la función se resumen en 15 actuaciones de ayuda humanitaria en siete países –Cuba, Perú, Guatemala, Palestina, Haití, Bolivia y Chile– así como en los campamentos saharauis, áreas de salud, agua, saneamiento y prevención de riesgos de rehabilitación.
La Administración autonómica, a través de esta fundación, dio respuesta a tres emergencias en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid): en Gaza, tras la ofensiva militar israelí; en Filipinas, tras el paso de Ketsana; y en Sumatra, después de los terremotos registrados en octubre.
Mantenimiento de los Audi
Estos 720.000 euros son también el doble del coste de mantenimiento de los 20 Audi del parque móvil de la Xunta que tanto juego dieron durante la campaña electoral tras la que los populares recuperaron el Gobierno en San Caetano y que tantos disgustos y quebraderos de cabeza propiciaron al Bipartito. La permuta y subasta de los vehículos encontró su justificación en el plan de austeridad, ya que su mantenimiento en conjunto suponía a las arcas públicas un coste anual de 360.000 euros, según las cuentas de Presidencia.
La mayoría de los gallegos se declaran cristianos, según los datos de distintas encuestas, por lo que es más que probable que defiendan el gasto que la Xunta realiza en servicios religiosos. Pero también habrá un importante colectivo que entienda que la separación de poderes entre la Iglesia y Estado justifique que este esfuerzo económico no le corresponda a la Administración gallega. En todo caso, es una cuestión que despierta cierta controversia.
