Desde la abolición de la esclavitud al reconocimiento del sufragio femenino o desde el derecho a una muerte digna al establecimiento de un Estado laico, se requiere la valentía y generosidad de una minoría de personas que luchen a contracorriente del pensamiento mayoritario reinante, para que estos valores sean finalmente admitidos y estimados por sus conciudadanos.
Viene esta reflexión al caso, por el que están protagonizando dos guardias civiles pleiteando en solitario desde el año 2005 para que se cumpla lo que, paradójicamente, está ya establecido, y debiera ser de obligado cumplimiento, en la propia Constitución. Pretenden que se retire la imagen de la Virgen del Pilar del cuartel que este benemérito cuerpo tiene en Almodóvar del Río. Y no lo hacen porque tengan una animadversión a este icono religioso, sino en cumplimiento de la obligada aconfesionalidad del Estado consagrada en el artículo 16 de nuestra ley de leyes que, en su apartado tercero, establece que “ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal”.
En los tiempos en los que hice el servicio militar se decía que había que dejar colgados los testículos a la entrada del cuartel. Es bastante evidente que estos dos servidores públicos se han olvidado de esta consigna y están derrochando valor en la defensa de una causa que consideran de justicia. Han antepuesto sus principios a una actitud acomodaticia y forman parte de esa minoría que combate, por todos nosotros, para conseguir lo que de otra forma sería inalcanzable. La resistencia del orden establecido y de la tradición secular sería invencible sin el coraje y grandeza de carácter de estas personas.
La última batalla perdida por estos generosos agentes del orden lo ha sido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Su resolución, que ha sido conocida por los medios de comunicación el pasado día 2 de agosto, señala textualmente que la “estatuilla responde a una tradición histórica, sin que se vulnere el principio de aconfesionalidad del Estado puesto que no se encuentra en un lugar de uso obligatorio y común, siendo un pasillo que comunica el hall de entrada con el resto de las dependencias”.
Parece mentira -pero no lo es- que un tribunal superior de justicia retuerza de esta forma los argumentos para justificar lo injustificable. Ya conocemos el criterio de estos ilustres juristas madrileños: la “tradición histórica” está por encima de la Constitución y lo que se decida de puertas para adentro en un establecimiento público, le debe importar un comino al ciudadano que paga y mantiene estas dependencias. ¡Como si quisieran sacrificar vírgenes al dios sol en el patio del cuartel o pretendieran seguir manteniendo colgadas en las paredes del pasillo, compartiendo protagonismo con la Virgen del Pilar, las fotos de Franco, José Antonio o la del mismísimo Adolf Hitler!
Con esta resolución han conseguido que uno de los guardias civiles tire la toalla. El agente no tiene intención de recurrirla, porque no quiere arriesgarse a una condena en costas. Sigue pendiente, no obstante, la sentencia del recurso que el otro agente tiene interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el mismo motivo. Le deseamos desde esta columna mayor suerte que la de su compañero.
Cuando se consiga plenamente que el Estado se desvincule de toda confesión religiosa y esta situación sea asumida con normalidad por la ciudadanía, la valentía y entereza de estos guardias civiles no tendrán ni tan siquiera un valor anecdótico. Pero es con la suma de estas conductas anónimamente heroicas, como la sociedad va logrando liberarse de las fuertes ataduras a su propio pasado de ignorancia e irracionalidad. Vaya mi admiración por el altruismo y magnanimidad de estos dos servidores públicos.
Gerardo Rivas Rico es Licenciado en Ciencias Económicas
