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La verdadera batalla empieza ahora · Editorial desde Noticias de Navarra

El Parlamento navarro conoció este martes la documentación registral de las casi 3.000 propiedades que la Iglesia católica tiene a su nombre en Navarra, un paso importante para abordar una vía judicial que se intuye difícil.

La lista de bienes expoliados es extensa y a partir de ahora el reto es saber qué va a ocurrir, dónde hay que batallar porque merece la pena y con qué medios van a contar los ayuntamientos para acudir a los tribunales, a lo que el Gobierno foral ya se ha comprometido a facilitar asesoramiento jurídico. Ayer fue un día histórico para la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro que ha peleado duro por esclarecer la verdad. El Gobierno de Navarra ha recibido de los Registros de la Propiedad tras una larga pelea las notas simples de casi 3.000 inmatriculaciones realizadas en Navarra entre 1946 y 2015, y que ayer hizo entrega al Parlamento. 2.952 inmatriculaciones que pueden esconder alrededor de 5.000 bienes.

Un escándalo monumental que tiene dos fechas clave, la reforma franquista de la Ley Hipotecaria de 1946 y la de Aznar de 1998 que amplió el privilegio a los lugares de culto. Suman 981 templos, 397 viviendas y fincas urbanas, además de espacios forestales, cementerios o cines parroquiales, y afecta a 267 núcleos de poblaciones con mayor incidencia en Esteribar, Pamplona, Baztan, Lónguida, Gallués, Eguesibar y Guesalaz. La plataforma aplaude la identificación de las notas registrales donde se detalla información de los bienes, a diferencia del listado que la ex ministra socialista Carmen Calvo facilitó el pasado mes de febrero en el Congreso (bienes inmatriculados por la Iglesia española desde 1998 hasta 2015: 35.000 de los que 1.034 son de Navarra), ya que ocultan que detrás de cada inmatriculación puede haber más de un bien o la fecha en la que fueron inscritos, a la vez que constatan que “las fuerzas políticas de derechas (y sus jueces y medios de comunicación) están dispuestas a mantener “ese privilegio franquista que permite la apropiación privada de bienes que no le pertenecen”.

Los jueces ya han establecido en Navarra que las ermitas de Sangüesa y Muskilda en Otsagabia son propiedad de la iglesia y no del pueblo. Los pequeños lo tienen difícil. El Gobierno de Sánchez se comprometió a facilitar legalmente la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Recuperando ha pedido al Estado que impulse una ley o un decreto para que la Iglesia pueda inscribir solo aquellas propiedades sobre las que pueda acreditar su propiedad. La opción que planteó el Gobierno del PSN de acudir a los tribunales resulta del todo inviable. Y si el Estado ha aparcado la Ley de Memoria Democrática más difícil se presenta este frente.

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