La Universidad de Córdoba se desvincula del galardón de 2.000€ con el que el Obispado premia a las universitarias que no aborten

La Universidad de Córdoba, al igual que otras que mantienen adscritas Escuelas de Magisterio de la Iglesia católica, debiera ser coherente y dejar de reconocer unos planes de estudio donde se promueven esas mismas ideas sobre la mujer, la sexualidad,… y otros planteamientos morales ligados a los dogmas y la doctrina de esta confesión religiosa particular, carentes de toda base científica y de conocimiento univeersal propios de una institución universitaria.


La institución académica señala que «no quiere ser participe de iniciativas que correspondan a idearios concretos ni que se use su nombre para acciones que afectan a diferentes sensibilidades»

La Universidad de Córdoba (UCO) se ha desvinculado del concurso ‘Madre y Maestra de Vida’, convocado por el Obispado y por el Centro de Magisterio Sagrado Corazón y que premiará con 2.000 euros y un diploma de honor a la universitaria que no aborte. Hay que señalar que este centro está adscrito a la UCO aunque está gestionado por la diócesis de Córdoba y otras congregaciones religiosas.

En su comunicado, la institución académica ha señalado que tuvo conocimiento del premio la noche del pasado jueves y por parte del centro, momento en el que también saltó a la prensa la polémica. En el escrito, además, la Universidad de Córdoba ha explicado que la adscripción de este centro supone un reconocimiento de sus planes de estudios pero no compartir las iniciativas que, como institución privada, quieran abordar».

La Universidad de Córdoba, asimismo, ha añadido que «como entidad pública, no quiere ser partícipe de iniciativas que correspondan a idearios concretos, ni que se circunscriba y se use su nombre para proponer acciones que afectan a muy diferentes sensibilidades en nuestra sociedad». «Pensamos que en lo público se debe ser plural, al igual que se debe respetar el derecho de cualquier mujer a tomar de manera responsable las decisiones que estime oportunas, y que responden al marco legal vigente. La política de género de la Universidad de Córdoba y su posicionamiento en este terreno son coherentes con las acciones y políticas propiciadas desde nuestra Unidad de Igualdad», ha finalizado la institución académica.

Por su parte, la portavoz adjunta de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, Elena Cortés, y el coordinador provincial de IU en Córdoba, Pedro García, han exigido la retirada del premio, un galardón que implica «entender la maternidad desde un punto de vista mercenario», considerando que «las mujeres son menores de edad y que no toman las decisiones por voluntad propia», ha explicado Cortés. Por ello, «quien haya tenido esta idea debería rectificar de manera inmediata, porque es una burla a las mujeres»,ya que «la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que asiste a las mujeres», que «no son mercenarias».

En esta línea ha continuado García, quien ha calificado el premio como «una degradación ética y moral, que dice mucho de una parte del país en el que vivimos».

El Defensor del Paciente tilda el premio de «aberración»

El Defensor del Paciente ha tildado el premio de la Diocésis como «aberración», invadiendo «el derecho a decidir, tal y como ampara la ley» a las mujeres que toman la decisión de abortar.

En una nota, el colectivo ha comentado que «la idea de ofrecer una gratificación a las universitarias que si quedan embarazadas no aborten es indecente y aberrante con una clara forma de invadir los derechos de las mujeres y su decisión, en lugar respetar su derecho a la gestación».

Además, el Defensor del Paciente ha explicado que este derecho «no debe depender de lo que la Iglesia dictamine», a lo que ha añadido que «la misión de la Iglesia es ayudar, no chantajear y criminalizar a una mujer por abortar».

El PSOE pregunta al Gobierno por este premio

El diputado socialista Antonio Hurtado ha dirigido una batería de preguntas al Gobierno para interesarse sobre este galardón. Quiere saber si el premio se financiará con el 0,7% del IRPF que recibe anualmente la Iglesia Católica o, en cambio, se financiará con cargo a algún convenio de educación.

Hurtado pide al Gobierno que explique «que garantías hay de que no se financie este premio con cargo a los 250 millones anuales que viene recibiendo la Iglesia Católica del 0,7%».

Plantea también al Ejecutivo que se pronuncie sobre si considera «que esta iniciativa atenta contra la libertad de la mujer y la dignidad, al premiar a aquellas que deciden continuar con su embarazo y excluir a quienes deciden abortar libremente o por razones que lo aconsejan».

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