La unidad católica de España

Pero qué se les ha perdido a los obispos en esto de la unidad de España? Eso es un asunto político que no les incumbe»

. Lo decía hace unos días Andrés Ollero, miembro del Opus Dei, diputado del Partido Popular durante varios lustros y ariete ideológico conservador contra la rojería andante. Ha sido la presión de sectores católicos conservadores, pero democráticos, y la oposición de los obispos catalanes, vascos y andaluces las que han dado al traste con la pretensión del corro integrista, liderado por un extraño personaje, el cardenal gallego de Madrid, Rouco Varela.

En una democracia, a los obispos no les incumbe efectivamente pontificar sobre la unidad de España, aunque pueden hacer, como dice su portavoz, "reflexiones pastorales sobre la situación política". Pero hay que reconocer que tiene mucho mérito la renuncia a hablar sobre la unidad de España porque este tema es un invento suyo, de ahí la pasión con la que la Iglesia católica vigila sus avatares. El asunto merecía un documento y una asamblea extraordinaria a tenor de la campaña que viene desarrollando Rouco Varela, tanto en su libro España y la Iglesia católica, como en el discurso al ser investido doctor honoris causa en la universidad católica CEU.

Según el historiador Américo Castro, la unidad de España con los Reyes Católicos no se hace por motivos políticos, como ocurriría en otros países, sino urgida por la casta cristiana que quería mostrar de esta suerte su superioridad sobre las creencias mora y judía. A partir de ese momento, cristiano y español se confunden, al tiempo que se identifica al disidente político con infiel, hereje o ateo. La unidad de España es un capítulo de la teología política a la española. En su origen encontramos la creencia de que España es el pueblo elegido por Dios –un convencimiento, por cierto, bien compartido primero con franceses o portugueses, y luego con alemanes, que también se lo creían–. Y si España era la tierra del pueblo elegido aquí no tenían sitio los judíos y los moriscos que había que expulsar, como efectivamente se hizo. Fue una medida absurda desde el punto de vista económico o cultural, pero lógica desde la mirada política de la Iglesia.

Tampoco había sitio en estos pagos para la disidencia religiosa por lo que representaba de amenaza para la unidad política. La casta cristiana forja el concepto de la anti-España para meter en ella a todo aquel que disienta del deber de ser católico. La casta obliga. Menéndez Pelayo construyó la Historia de los heterodoxos para demostrar cómo la unidad política española se había hecho desde la religión católica, tesis indiscutible desde el punto de vista histórico. Otra cosa es que ese servicio político lo hiciera el cristianismo al precio de su propio envilecimiento. La prueba del nueve fue la guerra civil. Unidad había en la segunda república, pero no era la que convenía a la Iglesia. Por eso no hubo duda a la hora de propiciar la división política si con ello se reconquistaba la unidad religiosa. La Iglesia lo logró al precio de un enfrentamiento fratricida que bautizó de cruzada.

Rouco Varela y los suyos son los últimos representantes de la casta católica y eso quiere decir que lo que les preocupa no es tanto la unidad de España, amenazada por el desarrollo autonómico, cuanto la carta de ciudadanía que la democracia ha otorgado a los demonios familiares: que la disidencia concite respetabilidad, que el error tenga derechos, que la tolerancia sea una virtud. Eso es lo que mina la unidad de España.

El sentido común se ha impuesto y así los obispos han evitado ponerse en evidencia. Porque o argumentan políticamente contra los nuevos estatutos, y colgaría sobre ellos el sambenito de brazo ideológico del Partido Popular; o argumentan conforme a la teología política española y quedaría de manifiesto que lo que les preocupa es decir alto y fuerte a los políticos que "Dios es el fundamento último del Derecho y del Estado", tesis de Rouco, difícilmente compatible con la cultura democrática.

Si el problema no es la unidad política, sino la unidad religiosa, lo que está sobre la mesa es el lugar de la Iglesia católica en la democracia. Este es un problema pendiente desde la transición. Da fe del mismo el brío con el que hoy se discute del laicismo. Desde sectores laicos se reivindica el laicismo para mantener a la Iglesia en la sacristía; y desde sectores eclesiásticos se critica el laicismo para denunciar la invasión de la política en asuntos morales (divorcio, aborto, eutanasia, matrimonios gais, etcétera). Hay, por tanto, un problema por ambos lados porque la religión desborda la conciencia privada, pero la Iglesia no puede defenderse con la mentalidad de los Reyes Católicos. El problema de España no es el de la unidad católica, sino el de articular una sociedad plural. La nostalgia por la unidad católica de España es señal de que sectores de la Iglesia recelan de la democracia

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