La transexualidad no es una enfermedad

El colectivo transexual exige al Gobierno andaluz la aprobación de la Ley Integral para evitar casos como el que vive la alumna de un colegio concertado de Málaga. También piden cambios urgentes en la atención médica que reciben a través

El 11 de febrero de 1999 Andalucía marcaba un hito en la historia de los derechos de las personas transexuales, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma de España en cubrir desde la sanidad pública el proceso de adecuación física del sexo sentido como propio que requieren muchas personas transexuales. Proceso que, básicamente, consiste en hormonación y, en algunos casos, una cirugía a la que no todas las personas transexuales desea someterse. Pero si hace 14 años el colectivo transexual aplaudía al Gobierno andaluz y al Parlamento autonómico, actualmente le está pidiendo que deje de “marear la perdiz” y “de engañar”. Son palabras usadas por la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrollé, la cabeza más visible del colectivo. Advierte de que “Andalucía sí, fue la primera, pero eso ya no no sirve de nada”.

El colectivo transexual se siente engañado por el Gobierno andaluz. “No se están cumpliendo los plazos para la ley integral, y la centralización de la atención médica en el Hospital Provincial de Málaga está más que desfasada, siguiendo protocolos que nos consideran enfermas, que sufrimos una patología”, resalta Cambrollé.

El pasado viernes, activistas de ATA se concentraron en las puertas del Parlamento de Andalucía, desde donde exigen que salga, en un plazo máximo de dos semanas, la Ley Integral de Transexualidad, incluida en el pacto de Gobierno de PSOE e Izquierda Unida. El texto de la norma, por el momento, está sin resolver y en el aire. “Es una ley sin coste económico, que viene a ampliar derechos, y que es urgente y necesaria, ¿a qué están esperando?”, se pregunta Cambrollé, que amaga con acciones “más contundentes” para que el Gobierno andaluz atienda sus peticiones.

Y es que con esa ley en la mano, como tiene ya Navarra y el País Vasco, se podría evitar casos como los de Málaga, en el que la Fiscalía anunció reciéntemente una investigación por el trato recibido por tres menores transexuales en sus respectivos colegios, uno de titularidad pública, otro privado y un concertado. Los dos primeros han acatado las recomendaciones de la Consejería de Educación (llamar a las niñas transexuales por su nombre, acorde con el sexo sentido (nombre femenino en estos casos), que usen el baño correspondiente y que no exista problema para usar el uniforme pertinente). Pero el colegio católico San Patricio, concertado, ha desafiado a la Junta. Siguen tratando a la niña transexual como a un varón, y para ir al baño la solución que ha encontrado el centro es mandarlo al de discapacitados. “Nos parece muy fuerte que se diga que es transexual cuando esto tiene una connotación muy específica. Morfológicamente es un varón, tenga la orientación que tenga, que eso lo respetamos”, llegó a declarar, en nombre del colegio, el secretario técnico de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, Francisco José González, incapaz de distinguir entre orientación sexual (hetero, bisexual, homosexual) y sexo sentido (hombre o mujer).

“Estamos dispuestos a asumir lo que legalmente corresponda, pero respetando los derechos de unos y otros”, declaró González, que recalcó que el centro “es confesional, católico y canónico, muy consolidado, prestigiado e histórico de Málaga y de la Fundación”. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha llegado más allá en el pulso contra la Junta: “es un niño que tiene seis años, que lleva cinco asistiendo como niño y lo lógico es que siga así” dijo la pasada semana. Desde ATA piden a la Junta que rompa el concierto con el centro, en caso de que no cambie de postura.”No pueden discriminar a una niña transexual de esta forma y recibir dinero público al mismo tiempo, es algo incomprensible, una burla a nuestra dignidad”, añadió Cambrollé.

LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL SAS: “ME PREGUNTARON SI NOTABA PRESENCIAS EXTRAÑAS”

La otra batalla que libra el colectivo transexual en Andalucía es con la atención sanitaria que reciben, centralizada en el Hospital Provincial de Málaga. Allí se ubicó en 1999 la que se bautizó como UTIG (Unidad de Trastornos de la Identidad de Género), que cambió su nombre en noviembre de 2011 por el de Unidad de Transexualidad e Identidad de Género, un cambio celebrado por el colectivo, pero que no ha modificado la forma de tratar a las personas usuarias, según denuncia el colectivo. Y es que desde que se pusiera en marcha esta Unidad se ha producido en la medicina, en relación a la transexualidad, un cambio sustancial: ya no son enfermos mentales. Lo certificó en diciembre de 2012 la ’biblia’ de la psiquiatría. El DSM-5,el manual elaborado por la Asociación Americana de Psiquitría.

“La transexualidad no es una enfermedad y, por tanto, no la puede diagnosticar ningún médico”, aclara Cambrollé, que se esfuerza en explicar que “disforia de género no es sinónimo de transexualidad, como erróneamente se ha creído. Disforia de género puede sufrir cualquier persona”. Cambrollé recuerda que “según un estudio de la Universidad de Málaga, solo el 15%, en el caso de las mujeres trans, acude a la cirugía para adecuar el sexo físico con el sentido”. Por todo ello desde el colectivo no entienden que la saniad pública andaluza les siga dando un trato diferenciador, centralizado en un único hospital y en el que la consultas hasta llegar a la hormonación llega a acumular lista de espera de entre año y año y medio, según testimonios recogidos por andalucesdiario.es. Desde ATA exigen que la atención se descentralice. “No nos hace falta una atención específica. ¿Por qué no nos puede atender un especialista en endocrinología de cualquier centro médico?”. Además las personas usuarias tienen que desplazarse hasta Málaga, con el consiguiente gasto que conlleva y que, en muchas ocasiones, recae sobre personas con escasos recursos económicos derivados de una alta exclusión laboral.

Alicia tiene 22 años y es una chica transexual de Sevilla. Asegura que la primera vez que visitó la UTIG fue en noviembre de 2011. Después de casi dos años, y entre 8 y 10 viajes a Málaga,  todavía no ha conseguido un tratamiento de hormonación y su proceso está atascado en la fase de evaluación. “Me están haciendo la vida imposible. Me dicen que no estoy mentalmente preparada para ello, y que no me puedo hormonar”. Alicia denuncia el sinsentido de los macabros test sicológicos. “Me han hecho preguntas del tipo de que si creo en dios, si notaba presencias extrañas o si he visto a mis padres practicar sexo” La joven denuncia que en la UTIG “de forma aleatoria se favorece a unas personas y se les hace la vida imposible a otras”.

“¿Qué pasa, que las transexuales no podemos sufrir enfermedades mentales. Tenemos que estar todas cuerdas para que se nos permita acceder a los tratamientos?”, se pregunta Cambrollé.

Marcos es gaditano y tiene 34 años. Este chico transexual ha acudido ya a tres citas en la UTIG del Hospital provincial de Málaga. “Si acudo allí es porque estoy muy seguro de lo que soy y de lo que quiero, soy el responsable de mi cuerpo”. Asegura que en el hospital malagueño no le quieren dar continuidad al tratamiento de hormonas puesto por otro médico del SAS. “Me lo puso antes de derivarme a los supuestos especialistas en transexualidad. Con este profesional no tenía ningún problema. Es la UTIG la que complica las cosas y quieren que empiecen desde cero”, denuncia Marcos.

Cambrollé hace una última reflexión,sobre la marginación que sufre el colectivo transexual incluso en comparación con el resto de colectivos LGTB. “Si una médica le dice a un chico gay que lo suyo se puede tratar, se monta el merecido escándalo. Pero a nosotras y nosotros todos los días nos dicen que somos unos enfermos y nos quieren hasta diagnosticar. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar que se nos trate así?” se preguntó de forma desesperanzada la líder transexual.

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Performance realizado por ATA junto al Parlamento Andaluz.

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