La terca realidad ante los preceptos religiosos

De manera inusitada en nuestro país, los asuntos relacionados con el ejercicio de la sexualidad fueron, por primera vez, la manzana de la discordia electoral. La decisión de prelados y obispos de inducir el voto de su feligresía en contra de los partidos que defienden la despenalización del  aborto, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, las campañas preventivas de promoción del uso del condón y de los anticonceptivos, entre otros temas «incómodos», hizo que los políticos le entraran, con desgano, al tema. Se trata de un capítulo más de la jerarquía católica en su intento de imponer a la sociedad un orden moral en materia de sexualidad que ella misma no es capaz de observar en su propia casa, como constan las múltiples denuncias por abuso sexual contra sacerdotes paidófilos. El siguiente reportaje es apenas un breve recuento de las intervenciones de la cúpula católica y sus aliados en materia de salud pública y derechos sexuales.

Si algo no se puede reprochar a la Iglesia católica mexicana es su falta de congruencia en la defensa de sus dogmas. Esa defensa ciega, intransigente de sus principios doctrinarios, insensible a los cambios de conciencia sociales e individuales, la ha llevado a convertirse en la institución más intolerante del país, secundada por sus grupos filiales como Pro Vida, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), grupos empresariales del Opus Dei y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN). La más reciente muestra de intolerancia la dio en la presente contienda electoral, donde llamó a no votar por los partidos que enarbolan en sus plataformas la despenalización del aborto, la promoción del uso del condón para evitar infecciones por VIH, el acceso a los anticonceptivos, el derecho a la eutanasia, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, entre otros controvertidos temas. Aunque no hay nada más antidemocrático que inducir el voto, el cual debe estar basado en la libertad de conciencia, debemos reconocerle a los beligerantes obispos que gracias a estas «orientaciones» de cómo debe votar un católico, pusieron en la palestra electoral estos temas incómodos que los partidos, por temor a perder votos, siempre evaden.

No es nueva la oposición de la jerarquía católica a todos estos asuntos que considera pecaminosos –aunque no se muestre tan beligerante contra otro pecado igualmente grave como el de la usura–, pero la llegada al poder del grupo panista estrechó la relación Estado-Iglesia, que ya se había consolidado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con las reformas al artículo 130 constitucional. Al amparo de esas modificaciones, la Iglesia se ha inmiscuido cada vez más en asuntos de salud pública y de reconocimiento de derechos, al grado que llegó a establecer una especie de veto contra ciertas políticas de salud reproductiva, de control del VIH/sida y de reconocimiento a otras formas de convivencia. Eduardo del Castillo, coordinador del Frente por el Fortalecimiento de la Cultura Laica (FFCL), declara en entrevista a Letra S que violaciones al laicismo «siempre ha habido», pero que con el actual régimen han aumentado, y «no hay sanciones, hay una anuencia gubernamental que no actúa ni ejerce el poder del Estado laico».

Sin reconocer la gravedad de problemas como las miles de muertes de mujeres por abortos mal practicados, los millares de embarazos adolescentes no planeados, la discriminación y los crímenes por homofobia contra personas con orientación sexual distinta a la heterosexual y los asesinatos de mujeres por violación en Ciudad Juárez y otras partes, prelados y obispos llaman «abortivos» a los métodos anticonceptivos, «asesinato» al aborto, «desviados» a homosexuales y lesbianas, «provocadoras» a las mujeres que sufren acoso o violación sexual, y «promotor de la promiscuidad sexual» al condón.

Iglesia versus condón

En 1988, la Secretaría de Salud anunció a la prensa con bombos y platillos la colaboración de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en las campañas masivas de prevención. En el primer spot filmado aparecía Lucía Méndez con un paquete de condones en la mano e invitaba, provocativamente, a disfrutar el amor con responsabilidad. La Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF), cercana al gobierno, publicó un desplegado de plana entera apoyando la nueva campaña. Un acuerdo logrado meses antes con altos representantes del Episcopado mexicano garantizaba a la Secretaría de Salud que no habría ningún problema. Gloria Ornelas, entonces directora del Centro de Información del Conasida, revela en una entrevista publicada en 1988 que las autoridades eclesiásticas se comprometieron a no obstaculizar la campaña del condón mientras éste no fuera difundido como una forma de planificación familiar, sino como «una prescripción médica en contra de un padecimiento mortal»1. Además, la Iglesia apoyaría la lucha contra el sida con educación hacia la monogamia dirigida a los jóvenes. Es decir, cada cual su campaña sin interferir en la del otro. Sin embargo, la Iglesia incumplió el acuerdo. Sin explicación oficial, la campaña fue repentinamente suspendida. Trascendió que empresarios de Bimbo y la compañía Domecq, ligados a la jerarquía católica, amenazaron a las televisoras con retirar su publicidad si se transmitía el videoclip de Lucía Méndez. Al año siguiente, Pro Vida demandó ante la PGR al Conasida «por promover la promiscuidad al recomendar condones como medida preventiva contra el sida». En su alegato, los demandantes responsabilizaban a la Secretaría de Salud (Ssa) por cada nuevo caso de sida, ya que el condón tenía un «alto grado de error», y la acusaban de fomentar, «la homosexualidad, la prostitución y la promiscuidad». La demanda no prosperó, la PGR determinó que no había delito que perseguir, pero el daño estaba hecho: la Ssa le bajó el tono a sus mensajes preventivos, donde el condón apenas se mencionó durante todo el sexenio salinista. Se llegó a la conclusión de que «un mensaje explícito podía ser contraproducente» y se recurrió a «mensajes más conciliatorios». Además, la Ssa dio su aval a la campaña promovida por el grupo Enlace, integrado por esposas de empresarios y ligado a la Iglesia católica, donde se promueve exclusivamente la abstinencia y la fidelidad. La campaña de Enlace logra lo que no pudieron las oficiales: se mantiene al aire durante más de dos años «logrando gran penetración y aceptación entre un sector de la población mayor al esperado originalmente»2. De esta manera, la jerarquía de la Iglesia católica ganaría el primer round en la batalla por el condón; lo que retrasaría dolosamente la respuesta efectiva a la epidemia para detener el número creciente de nuevas infecciones.

Con la promulgación en 1995 de La verdad de la sexualidad humana. Guías para la educación en la familia, documento elaborado por el Consejo Pontificio para la Familia, instancia perteneciente a El Vaticano, la cúpula católica –recuerda María Consuelo Mejía, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en un documento de su autoría–, «ha intensificado sus pronunciamientos públicos en contra de programas de educación sexual y planificación familiar, y de las campañas de uso del condón para prevenir la transmisión de VIH/sida». Es decir, se volvió aún más beligerante.

Iglesia versus salud reproductiva

En los primeros meses del año 2000, el caso Paulina conmovió a la opinión pública. La niña de 14 años resultó embarazada a consecuencia de una violación, sus familiares decidieron ejercer el derecho de la menor a interrumpir el embarazo, garantizado por la ley de Baja California, su lugar de residencia, pero a pesar de contar con la autorización del ministerio público para practicarle un aborto, el director del Hospital General de Mexicali, Ismael Ávila, no sólo se negó a practicárselo sino que recurrió a Pro Vida y a argumentos falaces para presionar a la niña y a su madre a desistir de la acción. El mismo procurador de Justicia del estado, Juan Manuel Salazar, faltando a su responsabilidad como funcionario público, las llevó ante un sacerdote, quien las amenazó con la excomunión. De esta manera, autoridades panistas y sectores eclesiásticos de Baja California impidieron a Paulina ejercer su derecho y le impusieron, contra su voluntad, la maternidad.

Los embarazos productos de violaciones podrían impedirse si el método llamado de anticoncepción de emergencia fuera ampliamente difundido y estuviera disponible en las agencias del ministerio público. Sin embargo, para ello es necesario incluirlo en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar, cosa que a la fecha no se ha logrado a pesar de la presión ejercida por la sociedad civil. De acuerdo con los grupos de mujeres con trabajo en el área, es el veto de la jerarquía católica lo que ha obstaculizado que la anticoncepción de emergencia se convierta en política pública en el terreno de la salud reproductiva, lo que contraviene el artículo cuarto constitucional, el cual garantiza que «toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos». Este precepto obliga al Estado a hacer accesibles la información y los métodos que posibiliten esa decisión soberana de as personas.

Pero la Iglesia católica y sus aliados panistas en el Congreso están decididos a poner por encima del derecho a decidir el precepto religioso que ordena a las familias recibir los hijos que Dios les mande, sin importar las circunstancias del embarazo. Su estrategia es reformar las constituciones estatales y la federal para elevar a rango constitucional la defensa de la vida «desde la concepción», es decir, desde el momento mismo en que el espermatozoide penetra en el óvulo. De lograrse, algunos métodos anticonceptivos, que la Iglesia considera abortivos, y todas las causales legales de aborto se considerarían ahora anticonstitucionales, y por tanto merecedoras de castigo. Eso fue lo que intentaron hacer en Guanajuato en el año 2000, pero la movilización de la sociedad civil y la opinión pública obligaron al gobernador panista a echar para atrás esa reforma aprobada por los diputados panistas de ese estado.

La voz de los jerarcas católicos ya no representa a la mayoría de la comunidad católica, señala a Letra S Guadalupe Cruz Cárdenas, coordinadora de proyectos de CDD. «88 por ciento de las mujeres que han tenido como último recurso abortar en condiciones tan difíciles son católicas; además de que la mayoría de mujeres católicas utilizamos métodos anticonceptivos», argumenta. Y no le falta razón. En México, más de 70 por ciento de las mujeres en edad reproductiva usan métodos para evitar los embarazos no deseados. También se calcula que en nuestro país acontecen 3.4 millones de abortos al año. Para María Consuelo Mejía la muerte de mujeres por la práctica de abortos en condiciones inseguras representa la cuarta causa de muerte materna en México; además de que 70 por ciento de los embarazos en adolescentes mexicanas «no es deseado».

Eduardo del Castillo comenta, por su parte, que por la práctica de abortos clandestinos cada año mueren en México entre mil y 1,500 mujeres, por lo que considera que este asunto debería manejarse como un problema de salud pública. Además, añade, al obstaculizar y boicotear las políticas de salud a favor del condón y la anticoncepción, la Iglesia viola el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ya que dicho estatuto prohíbe a las asociaciones religiosas obstruir las políticas que favorecen la salud pública.

En este terreno, la aprobación de la controversial Ley Robles, que aumenta las causales de aborto en la ciudad de México, resulta uno de los golpes más fuertes recibidos por la cúpula católica y sus aliados, sobre todo a su pretensión indefendible de castigar los abortos por embarazos producto de una violación.

Iglesia versus diversidad sexual

A finales del 2001, la diputada local del Distrito Federal, Enoé Uranga, presentó una iniciativa de ley de sociedades de convivencia, que otorgaría derechos iguales a formas de relación no tradicionales, incluidas las parejas del mismo sexo. Pese a que fue aprobada en comisiones, las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI se negaron en dos ocasiones a discutirla en el pleno. En ambos intentos trascendió que un representante de la jerarquía católica se encontraba en el salón de sesiones reportando todo cuanto sucedía al respecto, además de que cabildeaba con diputados del PRI y PAN. Según otras versiones, muchos legisladores recibieron llamadas de líderes religiosos «recomendándoles» no votar por esa iniciativa.

Enoé Uranga, quien además preside la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, está convencida de que hoy por hoy quien está ejerciendo las presiones más fuertes no sólo hacia el espacio legislativo, sino también al Ejecutivo para impedir reformas como su propuesta es la Iglesia católica. Por ello advierte que las personas que en verdad creen en el Estado de Derecho deben «cerrar filas» para defender la laicidad, pues la Iglesia está «retando al propio Estado. Está saliendo con todo cinismo a vulnerar la ley y a provocar a las propias estructuras gubernamentales». Añade que en este sentido habría que «pasarle la factura» al PAN y al presidente Vicente Fox, ya que no tienen una política que defienda la Constitución del país.

La falta de reconocimiento legal deja en la indefensión jurídica a miles de hogares conformados de maneras diferentes al matrimonio y al concubinato, por lo que se les «priva de beneficios con base en un prejuicio», como apunta Eduardo del Castillo. El coordinador del Frente laico añade que en este tema la presión de las cúpulas católicas se dirige a los partidos políticos, que «no le quieran entrar» porque le tienen una cautela histórica a la Iglesia, «que se dice representante de 90 millones de mexicanos, y eso hace temer a los grupos parlamentarios». Es decir, el chantaje de llamar a sus millones de feligreses a no votar por los partidos que defiendan esa causa ha dado resultados.

Sin embargo, otro nocaut de la sociedad a los conservadores se presenta año con año –y este año quizás haya sido el mejor– con la marcha del orgullo lésbico-gay, donde miles de personas expresan su derecho a decidir a quién amar y no ser discriminados por ello.

Candil de la calle…
La aparición, en enero de este año, de la Guía de padres, impulsada por la Fundación Vamos México, encabezada por Martha Sahagún, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), es otro intento conservador por dictar las pautas en lo concerniente a la educación sexual. La Guía fue muy criticada por intelectuales y especialistas que la consideran con décadas de retraso en materia de sexualidad, pues no hablan o profundizan en temas como la anticoncepción, los condones, el aborto o el sida. Y aunque la Iglesia católica no participó en su elaboración, la Conferencia del Episcopado Mexicano dio su total respaldo.

En décadas de secularización de la vida social mexicana, la Iglesia católica como institución ha perdido influencia. La Encuesta Nacional Juventud 2000, del Instituto Mexicano de la Juventud revela, por ejemplo, que para la gran mayoría de las y los jóvenes (75%) sus creencias religiosas no influyen en sus actitudes sobre su sexualidad, a pesar de creer firmemente en el pecado. Y en los últimos años, los sacerdotes han perdido también credibilidad moral debido a los escándalos sexuales que han protagonizado. Se percibe como contradictorio y hasta hipócrita que la Iglesia católica pretenda imponer a la sociedad un riguroso orden moral en materia de sexualidad cuando no es capaz de imponer ese mismo orden en su propia casa y, por el contrario, proteja y esconda a los prelados acusados de abuso sexual a niños, niñas, mujeres y monjas. El caso más escandaloso es el del sacerdote pederasta Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, y considerado, paradójicamente, guía espiritual de jóvenes y niños.

Esta pérdida de influencia y credibilidad social, ha llevado a la Iglesia católica a dirigirse a la élite política y económica de este país. A tratar de formar cuadros en ese nivel e influir desde ahí. En ello coinciden algunas de las personas entrevistas. La asambleísta Uranga expresa que la jerarquía católica más que influir en sus feligreses, lo hace en los políticos y en los intereses económicos. En total coincidencia, Guadalupe Cruz Cárdenas, de CDD, afirma que la Iglesia católica no determina las decisiones de los creyentes, aunque sí llega a generar «sentimientos de culpa» que provocan que la toma de decisiones personales se complique y, en muchos casos, genere «dolor innecesario».

1 Francisco Galván, El Sida en México: los efectos sociales. Ediciones de Cultura Popular/UAM-A, 1988, p. 319.
2 Blanca Rico, Mario Bronfman, Carlos del Río. «Las campañas contra el sida en México: ¿los sonidos del silencio o puente sobre aguas turbulentas?», en Salud Pública de México, Nov-Dic, 1995, Vol. 37, núm. 6, p. 643-53.

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