La señal de la cruz

La polémica sobre la simbología religiosa en las aulas, que hace unos días culminó en los tribunales, pone sobre la mesa conceptos como libertad y tolerancia

Mayorías y minorías, libertad de conciencia, neutralidad del Estado, respeto o tolerancia. Términos tan amplios como concretos, sujetos a interpretación, pero claramente definidos, vienen a cobrar protagonismo estos días a raíz de la llegada al ámbito judicial de un asunto que algunos no entienden, al que otros se oponen rotundamente y por el que un grupo de padres de alumnos, arropados por la Asociación Cultural Escuela Laica (ACEL), están dispuestos a pelear hasta el fin, tal y como han demostrado.

No son los primeros ni los últimos. Los casos se suceden por toda la geografía española, incluida la castellano y leonesa, desde hace años. Palencia capital, Fuentes de Nava, Salamanca, Zamora, y en la propia ciudad de Valladolid, a finales del 2006 se ha registrado el caso de otro centro, cuyo director ha preferido no dar publicidad al caso, pero que zanjó con extraordinaria rapidez la polémica, atendiendo en primera instancia la petición de unos padres que pidieron, igualmente, que la simbología religiosa fuera retirada.

En otros casos, como los de los colegios Macías Picavea o Isabel la Católica, la solicitud de las familias ha topado con la resistencia de quienes no opinan igual, de modo que, reacios a tirar la toalla, el grupo ha continuado adelante hasta llegar al juzgado contencioso-administrativo.

Sobre la competencia

Aunque la demanda presentada por este colectivo contra la Junta de Castilla y León por inhibirse de la petición de descolgar los crucifijos de las aulas del colegio Macías Picavea quedó vista para sentencia el pasado miércoles, las aguas siguen en ebullición, a la espera de la resolución judicial, creando un debate social que se extiende como la pólvora.

El planteamiento es doble. Por un lado se discute la competencia, es decir, si los consejos escolares de los centros públicos deben decidir sobre la presencia de la simbología en sus aulas. Por otro, la legalidad o ilegalidad de esta presencia.

Al mismo tiempo que el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola, insistía en que la competencia para tomar este tipo de decisiones efectivamente corresponde a los consejos escolares de cada centro, el portavoz de ACEL, Fernando Pastor, acudía a la Constitución Española para recordar que el artículo 27,8 señala que «los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes», y recordaba, además, que las decisiones del consejo escolar siempre son recurribles ante la administración, de modo que será finalmente esta la competente, tal y como recogió en el 2002, señala, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en torno al mismo asunto, planteado entonces por la asociación de padres del Colegio Público San Benito.

Sobre la competencia no quiere entrar a hacer valoraciones el presidente del Consejo Escolar de Castilla y León, Pedro Bringas, que recuerda que la institución que representa, formada por sesenta miembros -padres, profesores, alumnos, organizaciones sociales y sindicales, entre otros- es el máximo órgano de participación de la comunidad educativa de todos los sectores de la región, pero se limita a realizar dictámenes, informes y propuestas sobre normativa elaborada por la Junta de Castilla y León a petición de la propia Junta o de alguno de sus miembros.

En este caso, no hay pronunciamiento porque nadie ha propuesto que se realice. «No está en nuestras competencias directas, ni hemos discutido sobre el particular, puesto que nadie lo ha propuesto», señala Bringas. «Habitualmente las iniciativas para el debate surgen de la base, es decir, parten de abajo hacia arriba, y hasta el momento, aunque se podría intervenir a instancia de los consejos escolares de los centros, nadie nos lo ha pedido, de modo que yo no puedo hablar en nombre del Consejo Escolar de Castilla y León, porque no sé lo que opina».

Legalidad

En torno a la segunda cuestión, la legalidad, uno de los primeros en pronunciarse fue el Procurador del Común de Castilla y León, que en el 2002 aludió a la protección de las minorías y al carácter aconfesional del Estado para instar a la Consejería de Educación a adoptar las medidas precisas para retirar los símbolos cuando medie una solicitud en tal sentido, pronunciamiento con el que coincidió, en el mismo año, el Defensor del Pueblo Andaluz.

ACEL señala que «los símbolos son representaciones de ideas o sentimientos, que han de ser elegidos por quienes se identifiquen con ellos, de ningún modo impuestos», presidiendo la actividad educativa en lugares a los que es obligatorio acudir, como las aulas de los colegios públicos.

Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valladolid, FAPAVA, su presidente, Julio César González, se muestra de acuerdo con que han de ser retirados. «No por ser símbolos religiosos», señala, «sino por ser símbolos, igual que si fueran políticos, porque nada que atañe a una parte debería presidir algo que afecta a todos, como la función docente».

El consejo escolar

«Los argumentos de la consejería», continúa González, «se caen por su propio peso, porque los consejos escolares pueden decidir sobre muchos temas, pero no sobre la determinación de elementos como estos. Un consejo escolar no podría decidir sustituir la bandera española por la de un equipo de fútbol, de modo que confiamos en que el juzgado ponga las cosas en su sitio y termine con la polémica, obligando a la administración a mantener una postura neutral».

En sentido contrario, Roberto Caramazana, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA, en Castilla y León, entiende que llevar el tema a los tribunales «es exagerado». «¿Cuántos otros símbolos que van en contra de nuestros principios nos encontramos cada día?», se pregunta, y alude al hecho de que «todos tenemos en nuestras casas símbolos de otras religiones, que hemos adquirido cuando hemos estado de viaje, o en otras circunstancias, y no hacen daño a nadie».

Caramazana insiste en que «hablando todo se puede solucionar, pero hay que plantearse que el 60% o 70% de padres católicos quieren que esos símbolos estén ahí», aunque admite que desde su organización, se acatará la sentencia del juzgado de Valladolid.

El representante de CONCAPA señala, no obstante, que, mientras el uso de la bandera española está regulado por ley, y eliminarlo sería inconstitucional, el crucifijo es solo un elemento ornamental de los centros. En opinión de Caramazana «se han destapado una serie de cajas de Pandora que no van a ningún sitio».

Sobre este particular, el arzobispado de Valladolid ofrece el dato de que de los 74.000 alumnos que este curso están matriculados en la provincia en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, el 80% han elegido la asignatura de religión.

Por último, el portavoz de la comunidad musulmana en Valladolid, imán de la única mezquita que existe en la ciudad y presidente de la Asociación Cultural Asculava, Zaki Zayed, entiende que «un colegio no debería mostrar ningún tipo de identificación religiosa, como cualquier dependencia pública».

De otras religiones

El portavoz de Asculava, de origen palestino, recuerda que hay muchos niños entre los 1.500 empadronados procedentes de países árabes en Valladolid ciudad, que asisten a clases en los colegios públicos con los niños españoles. «Hemos venido a este país, que siempre ha sido acogedor a integrarnos socialmente, empeño por el que luchamos desde la Asociación, y entendemos que es un país con otra cultura, otras normas y otro tipo de convivencia, de modo que respetamos la religión católica, incluso no tenemos problema en entrar en sus iglesias, pero un colegio público también tiene que respetar las convicciones de cada uno, porque la utilización de símbolos religiosos debe pertenecer al ámbito privado».

APELACIONES
Defensa: La Consejería de Educación alegó en defensa de la permanencia de los crucifijos que estos símbolos están presentes en el colegio Macías Picavea desde su inauguración, en 1930, cuando fueron aportados cuatro crucifijos entre otro material en cumplimiento de una Real Orden de 1917, y que al encontrarse en el centro desde su inauguración se deben considerar vinculados de forma permanente al edificio por voluntad de su titular, habiendo permanecido ajenos a las vicisitudes históricas, así como a los diversos ordenamientos jurídicos vigentes en cada momento. Los demandantes señalan que esto implicaría que también debería permanecer en la actualidad «el retrato de quien debía estar presente en las aulas durante la dictadura».

Símbolos secularizados: La Consejería señala que se trata de símbolos secularizados, para llegar a la conclusión de que no suponen vulneración de ningún derecho fundamental. La administración lo asemeja al descanso semanal fijado en el domingo, «día señalado por mandato religioso y por tradición». Acel asegura que «si estuviesen secularizados no constituirían el símbolo confesional que son».

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