El debate sobre el aborto genera en un sector de la sociedad chilena formas de conmoción, emotivas y pre-racionales, que impiden una discusión honesta y argumentada. Se trata de una minoría que fluctúa en todas las encuestas entre un 20 y 25%, pero que al ser muy poderosa, económica y políticamente hablando, bloquea el proceso legislativo e impide que se plasme una ley que una amplia mayoría considera como un derecho mínimo, que saque al país de la lista de los cinco países más restrictivos del mundo en esta materia.
El pensamiento de la minoría opera como un diálogo de sordos, en el cual no importa lo que se demuestre, constate o pruebe. Para los autodenominados “pro-vida” se trata de una santa cruzada basada en un acto de fe ciego y absoluto, que no admite ponderaciones, distinciones ni prudencia alguna. Basta recoger las opiniones de los diputados de la derecha para darse cuenta del nivel de sus argumentos:
“Se abre la puerta a un verdadero asesinato de niños. Es la antesala a la legalización de la eugenesia y si se legaliza, es la puerta para el fin de la Teletón”. (Diputado UDI Gustavo Hasbún).
“Sólo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo”. (Diputado UDI José Antonio Kast).
“La despenalización del aborto es tan grave como permitir la esclavitud”. (RN José Manuel Edwards).
“La ley de aborto beneficia al multinacional tráfico de órganos de fetos no nacidos”. (Diputado UDI, Iván Norambuena).
“Podríamos decir que el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes de nacer”. (Diputado RN René Manuel García).
“Por eso yo les pido especialmente a los chantas que de una vez por todas traten de ser derechos alguna vez en su vida, y el día de su muerte ojalá se vayan derechito al infierno”. (Diputado UDI Ignacio Urrutia).
Y como guinda de la torta, Cecilia Pérez, ex ministra de Sebastián Piñera declaró: “Como mujeres tenemos derecho a hacer lo que queramos, cortarse las uñas, hacerse un tatuaje, pero con una vida es distinto, no es cualquier cosa”.
LAS CONTRADICCIONES EN LA NUEVA MAYORIA
En el ala conservadora de la Nueva Mayoría este mismo delirio también llega a niveles increíbles. El propio ministro del Interior, Jorge Burgos, salió a criticar públicamente el proyecto de ley que impulsa su gobierno diciendo que “si fuera parlamentario, tendría dudas sobre la causal de violación”. Como advirtió el diputado Giorgio Jackson, con estas declaraciones Burgos “da permiso a todos para votar en contra de la agenda del gobierno en un tema que para ellos específicamente es muy sensible (…) Es muy difícil compatibilizar ser ministro de Interior, la primera persona que tiene que estar al lado de la presidenta en estas materias, y que dé la señal de que el proyecto se tiene que caer(1)”.
Ya en la Cámara, ocho diputados DC votaron en contra de dos de las tres causales, propuestas y declaradas claramente en la página 169 del programa por el cual fueron electos al Parlamento. Incluso el diputado Matías Walker adelantó que tratará activamente que el Senado, donde tiene dos hermanos en la misma actitud, paralice o cercene el proyecto en discusión.
LOS DOS PLANOS DEL DEBATE
La raíz del bloqueo no radica en que la objeción moral al aborto sea ilegítima o deje de entrañar valoraciones que deban ser atendidas o reconocidas. El problema es confundir el plano moral de la discusión con el plano legal y jurídico. Esta confusión es típica de los países acostumbrados de manera secular a que estos dos niveles se mezclen permanentemente, dado que han funcionado por muchos siglos bajo Estados confesionales y paternalistas, que han desconfiado sistemáticamente de la capacidad de optar y decidir de la ciudadanía. Esto es lo que nos distingue de los países nórdicos, que muy tempranamente establecieron una distinción tajante entre las convicciones personales y las políticas de Estado, que deben acoger a una población con diversas cosmovisiones y convicciones.
En los países en los cuales el aborto es legal desde hace muchas décadas, como Suecia u Holanda, el debate moral sobre el aborto sigue su curso. No se ha acabado. Pero es una discusión que afecta exclusivamente a la conciencia de las personas, que exige a cada cual resolverlo de manera autónoma, criteriosa y adulta. Las distintas tradiciones religiosas, filosóficas o espirituales aportan sus puntos de vista, pero nadie cree que esas opiniones se deberían imponer jurídicamente. Los sectores conservadores en esas latitudes tienen claro que no se debe confundir el rechazo ético al aborto con una imposibilidad legal de practicarlo.
En los organismos internacionales (Naciones Unidas, OMS) hay acuerdo en que el aborto no debe ser promovido como un método anticonceptivo, sino como una alternativa a situaciones límites o en las que han fallado otras prácticas contraceptivas. Pero a la vez, el consenso internacional reconoce que el aborto debe ser permitido jurídicamente y practicado en buenas condiciones de salubridad en centros especializados. En contraste, en Chile es imposible manejar cifras claras respecto a c uántas mujeres mueren o sufren graves secuelas cada año por abortos insalubres o en condiciones precarias, simplemente porque el aborto es clandestino.
La evidencia empírica muestra que en todos los países donde el aborto es legal se han reducido ostensiblemente sus cifras. Mientras las tasas de aborto son de 29 por mil mujeres en edad reproductiva en Africa y 32 por mil en América Latina, en Europa Occidental es sólo de 12 por mil(2). Uruguay, que legisló en 2013, exhibía hasta esa fecha un promedio de 33.000 abortos anualmente. En 2014, a sólo un año de promulgada la ley, la cifra bajó a 6.676 casos, con una tasa aproximada de nueve abortos cada mil mujeres(3). Una de las tasas más bajas del mundo.
A la vez, en América Latina el 95% de los abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras, con graves consecuencias para la salud de la mujer en términos de morbilidad y mortalidad, mientras en los países en los que se ha despenalizado se realizan en condiciones garantizadas por los sistemas públicos de salud.
EL INFANTILISMO MORAL DE LA DERECHA
Si los opositores al aborto fueran actores racionales, que desean efectiva y consistentemente disminuir las cifras de aborto, hace mucho rato habrían accedido a homologar nuestra legislación con la de los países que poseen las tasas más bajas en esta materia. Es lo que ocurre cuando se legisla en cualquier otro campo, como la economía, las finanzas o la política. Pero esto no ocurre en este ámbito porque la minoría conservadora asimila, porfiadamente, despenalizar con promover o avalar una práctica. Esto lo hacen bajo una racionalidad infantil, que identifica legalidad con validez moral. Mantienen en su estructura mental una idea del Estado como el gran tutor de la conciencia, que decide lo bueno y lo malo, como prolongación de la voluntad de Dios en la Tierra. Mientras la racionalidad de nuestros conservadores no cambie, sus parlamentarios seguirán haciendo el ridículo en el Congreso y estaremos presos de un debate insoluble, hipócrita y metafísico, sin ser capaces de resolver cómo y cuándo hay que proteger la vida concreta, entendida como un bien que debe ser valorado y cuidado en su integralidad.
Notas
(1) Vía X, 21 marzo 2016.
(2) Sedgh G., Singh S., Shah I.H., Hman E., Henshaw S.K., Bankole A. (2012): “Induced abortion: Incidence and trends worldwide from 1995 to 2008”, The Lancet , 379 (9816) , pp. 625-632.
(3) República Oriental del Uruguay (2014): “Balance 1er año de implementación de la ley 18.987 –Interrupción Voluntaria del Embarazo Decreto 375/012 Reglamentación de la ley de IVE Diciembre 2012- Noviembre 2013”. Ministerio de Salud Pública. Montevideo.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 848, 1º de abril 2016. www.puntofinal.cl
