La Santa Alianza

El Vaticano es una caja fuerte que contiene secretos planetarios, entre ellos muchos archivos con documentos clave sobre los episodios más cruentos de la dictadura argentina de 1976. La controversia entre el papa argentino, ampliada por la intervención del portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, tiene casi la misma raíz que llevó el año pasado a la explosión del escándalo de los Vatileaks y a la posterior renuncia de Benedicto XVI: la santa alianza sellada en los años ’70 y ’80 entre el Vaticano y el ex presidente norteamericano Ronald Reagan. Esa colusión entre los intereses de la primera potencia mundial y los de la Santa Sede inauguró un período de casi cuatro décadas de corrupción, apoyo a dictaduras militares, financiamiento secreto de movimientos anticomunistas –Polonia con Solidaridad– y sostén ideológico de regímenes sucios. Uno de los operadores iniciales de esa “santa alianza” no es otro que el arzobispo, cardenal y diplomático Pio Laghi. Hombre de siniestras referencias, Laghi fue nuncio apostólico en la Argentina entre 1974 y 1980, o sea, en plena dictadura. Sus actividades en el país están marcadas por el sello de la acusación de haber colaborado a sabiendas con la dictadura de Videla y compañía. En 1997, Pio Laghi fue denunciado ante la Justicia italiana por las Madres de Plaza de Mayo en su calidad de cómplice en la desaparición de opositores durante la dictadura.

Sobre el papel de Laghi hay muchas versiones, pruebas y contrapruebas, personas decentes que lo defienden y otras que lo incriminan. El 27 de abril de 1995 Laghi declaró: “¿Cómo podía saber que estaba tratando con monstruos capaces de arrojar personas desde un avión y otras atrocidades similares? Se me acusa del espantoso delito de omisión, miedo o denuncia cuando mi único pecado era la ignorancia de lo que verdaderamente estaba pasando”. Sin embargo, no es únicamente su paso por la Argentina y lo que hizo o no hizo para ayudar a los perseguidos Pio Laghi sino, también, lo que construyó después: Pio Laghi es el arquitecto del acercamiento entre Washington y el Vaticano con el único propósito de combatir un enemigo común: la Teología de la Liberación. En 1980, Juan Pablo II nombró a Pio Laghi delegado apostólico en los Estados Unidos y luego pro nuncio. Laghi se encargó de remodelar el Episcopado apoyándose en los obispos fieles a al línea del papa polaco y también de iniciar la purga de los partidarios de la Teología de la Liberación.

Es un rompecabezas encontrar en Roma un religioso con nombre y apellido que hable sobre lo que subyace en los actos de Pio Laghi. Bajo el anonimato, algunos, ya muy ancianos, describen a Laghi como “el hombre orquesta del silencio”. Silencio quiere decir concretamente el hombre que organizó la protección global de los actos de la Iglesia durante la dictadura mediante la confiscación de documentos, es decir, archivos. Es la existencia de esos archivos la que le valió a Jorge Bergoglio ser citado a declarar como “testigo” por la magistrada francesa Sylvia Caillard. Esta abogada del Tribunal de Gran Instancia de París envió en 2011 una Comisión Rogatoria a Buenos Aires para que Bergoglio declarara sobre la posible existencia de archivos capaces de elucidar el asesinato del sacerdote francés Gabriel Longueville. Para muchos especialistas de la diplomacia vaticana, la Nunciatura de Buenos Aires jugó un papel central en el ocultamiento de los documentos relativos a la desaparición de personas. Horacio Verbitsky ya reveló cómo la Conferencia Episcopal de Argentina había informado al Vaticano que los desaparecidos eran exterminados por la Junta Militar. El documento secreto que la Conferencia Episcopal Argentina envió al papa Pablo VI da cuenta de un encuentro entre los obispos Raúl Primatesta, Juan Carlos Aramburu y Vicente Zazpe y el general Videla. La conversación tuvo lugar en abril de 1978. Videla fue claro al decir que los “desaparecidos ya están muertos”. El obispo Primatesta le dijo al dictador: “La Iglesia quiere comprender, cooperar, es consciente del estado caótico en que estaba el país” y también es consciente “del daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. El Vaticano tiene en su poder documentos con infinitas memorias del horror. No sería inoportuno que abriera esas arcas para que no haya tantos asesinos impunes y tantas dudas sobre lo que hicieron o no los representantes de la Santa Sede en los países sometidos a la represión.

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