La Sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros al año en contratar sacerdotes

Tiene contratados a 17 a tiempo completo y a otros nueve a media jornada, la mayoría de ellos como servicios externos y con sueldos similares a los de los celadores y los licenciados en prácticas

La Sanidad pública aragonesa gasta más de 300.000 euros anuales en pagar los servicios de asistencia espiritual que prestan en sus hospitales 26 sacerdotes. Los 17 contratados a jornada completa cobraron en 2014 un salario medio de 14.673 euros brutos, mientras que los nueve empleados a tiempo parcial recibieron 8.387, según la información facilitada por el Gobierno autonómico al diputado de Podemos Carlos Gamarra. 

Esos servicios, cuyo coste salarial resulta equiparable al de los celadores —15.637 en su categoría más baja— y al de los licenciados en su primer año de formación —15.526, guardias aparte, en el caso de los enfermeros—, le supusieron hace dos años a las arcas públicas una cuantía de 339.840 euros.

Los datos de la Consejería de Sanidad difieren, al alza, de los que recoge el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud para el 2015: 13.086 euros brutos anuales —934 mensuales— en el caso de los capellanes a jornada completa y 6.622 -473 al mes- para los de dedicación parcial. 

“Son salarios similares a los del personal sin titulación”, explicaron fuentes de CCOO, que llamaron la atención sobre el hecho de que la plantilla orgánica únicamente recoge tres puestos de capellán en toda la red hospitalaria de la comunidad: dos en Barbastro, que no están cubiertos, y otro en Zaragoza. El resto, explicaron, son contratados a través del capítulo II de los presupuestos; es decir, que no forman parte de la plantilla sino que formalmente serían servicios externos que contrata la sanidad pública.

Consecuencia de los Acuerdos Jurídicos de 1979

La contratación de los capellanes de los centros hospitalarios públicos se remonta al convenio que firmaron en 1985 en Gobierno central y la Conferencia Episcopal, y que desarrolla los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español. 

Este adscribía a los curas —nombrados por el obispo del lugar— a la gerencia de los hospitales y que se obligaba a facilitarles “locales adecuados, tales como capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar, y de los recursos necesarios” para prestar “el servicio de asistencia católica”. 

Las administraciones podían optar entre adscribirlos a las plantillas o formalizar convenios con las diócesis, aunque debían respetar unos mínimos: un sacerdote a tiempo parcial hasta cien camas, uno con dedicación completa y otro incompleta entre cien y 250 plazas hospitalarias, dos y uno hasta las 500, tres con contrato completo entre esa cifra y 800 y “de tres a cinco capellanes a tiempo pleno” a partir de ese volumen.

Esos puestos de asistencia espiritual —14 a tiempo completo y siete de jornada parcial en Aragón— fueron transferidos junto con las plantillas de los hospitales a las comunidades autónomas. Después, entre 1998 y 2002, el Gobierno autonómico formalizó con tres obispados sendos convenios que ampliaban el acuerdo a otros seis centros, tres de ellos de salud mental. 

Según recogen esos documentos, la diócesis de Teruel factura mensualmente los servicios de sus curas a la consejería, el de Zaragoza gestiona directamente el dinero que le llega vía transferencia y el de Huesca presenta un recibo. Fuentes de Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) mostraron su sorpresa ante esta situación.

La titularidad de la catedral de Jaca

Las investigaciones de esta asociación laicista han permitido conocer en los últimos meses cómo distintos obispados, como el de Zaragoza y el de Jaca, han inscrito a su nombre, por el procedimiento de la inmatriculación, varios templos entre los que se encuentran las catedrales de esas dos ciudades.

La anotación registral de la seo jaquesa hizo que las Cortes de Aragón aprobaran, a propuesta de Podemos, una resolución que insta al Gobierno autonómico a realizar los trámites posibles para revertir la inmatriculación y a investigar las realizadas por la iglesia católica en la comunidad desde la reforma de la Ley Hipotecaria que impulsó el Gobierno de Aznar en 1998.

El ejecutivo, sin embargo, considera que la anotación, efectuada en junio, se ajustó a la legalidad, por lo que descarta que pueda ser revocada mediante un proceso judicial, según señala un informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

Cultura pide dos informes sobre la titularidad de las iglesias

“Cabe entender que la inmatriculación fue conforme a derecho”, señala el dictamen, que, no obstante, sugiere estudiar si existen vías legales para declarar el templo espacio de dominio público. En este sentido, propone que la Consejería de Hacienda, como órgano competente sobre las propiedades “que sean o pudieran ser” de la comunidad, “resuelva sobre la cuestión de la titularidad pública de la catedral de Jaca y su posible consideración como bien de dominio público”, figura que la Ley de Patrimonio aragonesa permite aplicar a las propiedades autonómicas siempre que queden afectas “al uso general” o a un servicio.

También considera “necesario”, ante “la complejidad jurídica que la titularidad de este tipo de bienes plantea”, que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón emitan un informe “con el fin de aclarar de si la propiedad de la catedral de Jaca y otros bienes eclesiásticos es pública o de la lglesia, y de ser pública, qué Administración sería la titular, bajo qué régimen legal y desde cuándo”.

Cultura, que no tiene “constancia” de que el templo de Jaca “haya sido en algún momento un bien de dominio público adscrito” a sus competencias, anota que, antes de la inmatriculación, efectuó gestiones “estrictamente relacionadas con la protección cultural” y desarrolló “obras de restauración y conservación en la catedral por ser ésta un bien del patrimonio cultural aragonés”. 

En cuanto al inventario de los bienes inmatriculados en Aragón en las últimas dos décadas, la Dirección General de Cultura y Patrimonio señala que también debe ser competencia de Hacienda, aunque se ofrece a colaborar “para recabar la información cultural necesaria o relevante sobre esos bienes, así como la información que sobre su propiedad pueda constar en sus expedientes de declaración como bienes de interés cultural, bienes catalogados o bienes inventariados del patrimonio cultural aragonés”.


El Gobierno de Aragón pagó 340.000 euros en 2014 a los capellanes contratados en hospitales públicos

El Diario

En un acuerdo firmado por el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal, en 1986, se dice que las labores de estos sacerdotes serán, entre otras, “visitar a los enfermos y colaborar en la humanización de la asistencia hospitalaria”

La información proviene de la respuesta parlamentaria dada por el consejero de Sanidad a una pregunta del diputado de Podemos Carlos Gamarra

339.840,90 euros salieron de las arcas públicas en 2014, con el PP en el Gobierno, para pagar a los capellanes contratados en los hospitales de Aragón. En la actualidad, según las cifras dadas por el propio Ejecutivo autonómico (ahora socialista), hay 26 sacerdotes que prestan sus servicios en los centros hospitalarios dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

Los datos se extraen de una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso eldiario.es, dada por el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, el pasado 1 de diciembre, al diputado del Grupo Parlamentario Podemos Carlos Gamarra.

En ella explica que, durante 2015, hubo 17 capellanes contratados a tiempo completo y otros nueve a tiempo parcial. El gasto anual promedio fue de 14.673,75 euros por cada sacerdote a jornada completa y 8.387,13 por cada uno de los nueve que prestaron sus servicios de manera parcial.

Cuatro convenios regulan la asistencia religiosa en los hospitales públicos de Aragón

El diputado de la formación morada también instó al Gobierno autónomo a que le informara acerca de los convenios “que rige la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios dependientes del Departamento de Sanidad”.

En su respuesta, Celaya adjunta cuatro convenios que se rubricaron para la aplicación del Acuerdo Ministerial, de 24 de julio de 1985, sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, publicado en el BOE el 21 de diciembre de 1985.

En dicha orden se dice, entre otras cosas, en su artículo 2, que “en cada centro hospitalario (…) existirá un servicio u organización para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral a los pacientes católicos del centro. Este servicio estará también abierto a los demás pacientes que, libre y espontáneamente, lo soliciten”.

Más adelante, el artículo 6 reza lo siguiente:

Corresponderá al Estado, a través de la correspondiente dotación presupuestaria, la financiación del servicio de asistencia religiosa católica. El Estado transferirá las cantidades precisas a la Administración sanitaria competente.

De los convenios que amparan esta asistencia religiosa hospitalaria en Aragón, el más antiguo es uno de ámbito nacional que se firmó, el 3 de abril de 1986, entre el Instituto Nacional de la Salud y la Conferencia Episcopal Española.

Detalla este acuerdo las funciones principales de los capellanes: “Visitar a los enfermos, celebración de los actos de culto y administración de sacramentos, asesoramiento en las cuestiones religiosas y morales y colaboración en la humanización de la asistencia hospitalaria”.

En el artículo 9 del mismo convenio se dice que “el servicio religioso dispondrá de despacho, a ser posible cercano a la capilla, para recibir visitas y guardar archivos, así como de local adecuado para que los capellanes (…) puedan residir o, en su caso, pernoctar”.

Se estatuían, por añadidura, en este primer pacto, los sacerdotes necesarios para cada hospital español. En el caso de Aragón debía haber cinco en el hospital Miguel Servet, tres en el Clínico, uno en la clínica San Jorge, otro en Ruiseñores y dos en el hospital de Calatayud; todos ellos en la provincia de Zaragoza. A Huesca le correspondían cinco: tres en el hospital San Jorge y dos en el de Barbastro. Y cuatro debía haber en Teruel, dos en el Obispo Polanco, y el mismo número en el centro hospitalario comarcal de Alcañiz. 21 en total, 14 a tiempo completo y siete a tiempo parcial. Ligeramente inferior a la cifra actual.

Posteriormente se firmó, el 22 de enero de 1988, un convenio entre la Diputación General de Aragón y el Arzobispado de Zaragoza para dar asistencia religiosa en el hospital de Enfermedades de Torax y el Sanatorio Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Lo rubricaron la entonces consejera de Sanidad, Ana María Cortes Navarro (Partido Aragonés), y el vicario general, Francisco Martínez García.

Más tarde, el 5 de julio de 2001, se oficializó otro acuerdo, esta vez entre el Gobierno de Aragón y el Obispado de Huesca, y referente al hospital Provincial y el Centro de Rehabilitación en Salud Mental de la capital oscense.

Por último, el 30 de septiembre de 2002, llegó la rúbrica para el convenio entre, de nuevo, el Ejecutivo autonómico y el Obispado de Teruel. En este caso afectó a los hospitales San José y Psiquiátrico San Juan de Dios.

Los dos últimos documentos contienen la firma del ex director gerente del Servicio Aragonés de Salud, Alfonso Vicente Barra.

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