El cardenal Philippe Barbarin de Lyon está siendo investigado por la policía francesa por no haber denunciado en 2007 y 2009 a los sacerdotes que cometieron abusos sexuales a menores. A pesar de haberse negado a admitir irregularidad alguna, se ha solicitado su renuncia.
Si el papa Francisco castigara a Barbarin, atentaría contra la integridad del derecho canónico de la Iglesia como sistema jurídico coherente. El Estado de Derecho requiere que las personas sean castigadas por desobedecer la ley, no por obedecerla.
Los obispos juran en su consagración que obedecerán las leyes eclesiásticas. En 2002, cuando el cardenal Barbarin fue consagrado arzobispo de Lyon, ya se había decretado el Sacramentorum Sanctitatis Tutela de 2001, por el papa Juan Pablo II, por el cual se imponía el secreto pontificio, un silencio permanente y sin ninguna excepción de denunciar a clérigos por abuso sexual infantil a las autoridades civiles. En 2010, el Vaticano declaró que los obispos tienen la obligación de denunciar pero solo cuando existan leyes civiles que requieran la denuncia de estos delitos. Muy pocos países tienen estas leyes civiles.
En 2001, el obispo de Caen, en Francia, Pierre Pican, fue sentenciado a tres meses de prisión con suspensión condicional por no haber denunciado ante la Policía a un sacerdote pedófilo.
El cardenal Castrillón Hoyos, prefecto de la Congregación para el Clero, escribió una carta al obispo Pican en septiembre de 2001 felicitándolo por encubrir los delitos de un sacerdote, y declaró que los obispos deben estar dispuestos a ir a la cárcel antes que denunciar a sacerdotes pedófilos ante la Policía. Así mismo, indicó que había enviado una copia de la carta de felicitación a todos los obispos del mundo presentando a Pican como ejemplo a seguir. Tiempo después afirmó que la carta había sido enviada con la aprobación del papa Juan Pablo II. Un año después, prelados de alto rango de la Curia Romana, y los líderes de los obispos de Alemania, Francia, Bélgica y Honduras hicieron declaraciones similares.
Bajo la legislación francesa, los requerimientos del derecho canónico no tienen ningún peso en la culpabilidad o inocencia del cardenal Barbarin.
En caso de que el cardenal sea declarado culpable de violar la ley civil francesa por no haber denunciado tales acusaciones a las autoridades civiles, ¿deberíamos sorprendernos de la manera en la que actuó? Los presuntos delitos ocurrieron en 2007 y 2009, antes de la instrucción del Vaticano para que los obispos tuvieran que denunciar estos delitos cuando el derecho civil lo requiriera.
Si el cardenal Barbarin hubiera denunciado los delitos a las autoridades civiles habría violado su juramento de obediencia a las leyes eclesiásticas, también hubiese ido contra el abrumador peso de la opinión de los cardenales de alto rango de la Iglesia y canonistas, pues su moral, ética y obligaciones canónicas, le exigía estar dispuesto de ir a la cárcel antes que denunciar sacerdotes por delitos de abuso sexual a menores.
Si el papa Francisco quiere responsabilizar obispos por el encubrimiento del abuso sexual de menores, tiene que acceder a las demandas de dos comités de las Naciones Unidas para abolir el secreto pontificio e imponer denuncias obligatorias a las autoridades civiles bajo el derecho canónico, demandas que rechazó en septiembre de 2014.
Kieran Tapsell * Autor de Potiphar’’ s Wife: The Vatican’ s Secret and Child Sexual Abuse (ATF Press, 2014).
