La religión, fuera del horario escolar

COMENTARIO: Leyendo a este dirigente del PSOE pareciera que su partido nunca hubiera gobernado este país. Pero no es así. Fueron ellos los que establecieron los conciertos con los colegios religiosos, fueron ellos con la LOE los que afianzaron la religión y los catequistas en la escuela, fueron ellos los que potenciaron la financiación de la iglesia católica, los que no se atrevieron a sacar una verdadera ley de libertad de conciencia o retirar los símbolos religiosos… pero ahora, sí. Nos alegramos de ello, pero bien pueden empezar a practicarlo en las Comunidades, Diputaciones o Ayuntamientos donde gobiernan, y no seguir con los símbolos religiosos en los edificios públicos, financiando cofradías y actos religiosos, asistiendo como cargos públicos a actos confesionales, cediendo los medios públicos de comunicación a la labor proselitista de las religiones… Será la única manera de recuperar credibilidad.

Por supuesto que nos alegraría ese cambio de orientación en el PSOE, pero deben y pueden empezar a practicarlo ya, antes de ue el PP sin ningún respeto a los derechos fundamentales siga arrasando con su mayoría parlamentaria las conquistas de la ciudadanía.

Por cierto, señor Simancas, la libertad de conciencia incluye todo tipo de convicciones, no sólo las creencias religiosas, por lo que el Estado debe ser neutral ante todas ellas y no discriminar unas opciones frente a las creencias religiosas.


El Partido Popular, de la mano de los obispos, ha dado una nueva vuelta de tuerca a la estrategia de incrementar el peso del adoctrinamiento católico en la educación pública española. Como se sabe, la llamada ley Wert en trámite recupera la enseñanza confesional como asignatura curricular, evaluable, de oferta obligatoria y con alternativa forzosa en los tramos de educación primaria y secundaria. Ahora, mediante una enmienda introducida en el Senado, se pretende implantar tal modelo también en el bachillerato. No es una buena idea.

El artículo 27.3 de la Constitución Española legitima las reivindicaciones de quienes esperan del Estado la garantía del “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero tal precepto constitucional no obliga al Estado a hacer de la doctrina religiosa una asignatura curricular en el sistema público de enseñanza. Las administraciones pueden garantizar el acceso a la formación confesional, por ejemplo, colaborando con el sostenimiento de los templos religiosos en los que se lleva a cabo la catequesis, o facilitando instalaciones públicas para que las iglesias impartan por sí mismas sus postulados, cuando no incidan negativamente en otras utilidades.

Por otra parte hay quienes reclaman justamente que el hecho religioso no puede quedar fuera de los contenidos curriculares en una enseñanza de calidad. Desde luego que es así. Ahora bien, el estudio científico del hecho religioso no tiene nada que ver con el proselitismo y el adoctrinamiento llevado a cabo en las aulas por una determinada confesión religiosa. La realidad de las religiones, en sus perspectivas filosófica, histórica y sociológica, puede tratarse mediante una asignatura específica o de manera transversal, pero siempre asegurando la autonomía respecto a cualquier doctrina concreta. Defender lo contrario equivaldría a reclamar, por ejemplo, una asignatura de adoctrinamiento socialista bajo el argumento de que no puede obviarse el estudio de la evolución política de nuestro país. Tampoco sería una buena idea.

Quienes defendemos una enseñanza autónoma respecto a cualquier confesionalismo religioso reivindicamos la mejor tradición ilustrada. Enseñemos a nuestros jóvenes a hacer uso de la razón y el juicio crítico, en lugar de obedecer e inclinarse acríticamente ante un dogma de fe. ¿Debe renunciar la escuela a la formación moral? No, pero la única formación moral que un Estado aconfesional puede impartir a los alumnos de la enseñanza pública es la que emana de los derechos y deberes establecidos en su Constitución. Por eso el Gobierno socialista impulsó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la coalición del Partido Popular y la jerarquía católica se ha apresurado a desmontar. Y es que la Constitución no se limita al artículo 27. Existe un artículo anterior, el 16.3, que mandata lo siguiente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Cierto es que junto a la Constitución pueden esgrimirse los acuerdos establecidos por el Estado español con el Vaticano en los años setenta. Puede esgrimirse su cumplimiento, y puede defenderse su denuncia, que es lo que vamos a hacer los socialistas españoles en la Conferencia Política del próximo fin de semana.

Es este un debate importante, que debe realizarse sin renuncias pero con moderación, porque afecta a la esfera de las creencias más íntimas y respetables. Quienes defendemos una sociedad española laica y un Estado coherentemente aconfesional no tenemos nada contra las creencias religiosas de nadie, ni contra la práctica religiosa, ni contra el adoctrinamiento religioso de quien libremente lo solicite. Entendemos tan solo que la libertad religiosa ha de amparar también a quienes no participan de creencia o práctica religiosa alguna, y que el Estado de todos y de todas debe mantenerse convenientemente neutral.

Hay una salida razonable y respetuosa con todo el mundo. Dejemos la enseñanza confesional fuera del currículum y del horario escolar en la educación pública. Aseguremos el estudio científico y aconfesional del hecho religioso. Garanticemos el libre acceso de las familias a la enseñanza privada impartida desde la doctrina religiosa, con cargo a la financiación privada de quienes opten de tal manera. Y, en tanto haya alguna confesión que no cuente con instalaciones propias adecuadas, facilitemos el uso de los centros escolares públicos, fuera del horario escolar, desde luego, para que las iglesias diversas ofrezcan su doctrina a aquellos que libremente se lo soliciten. Con sus propios recursos, claro está.

La coalición de ministros del PP y obispos católicos no lo hará así. Pero les quedan solo dos años de mayoría. ¿Nos atreveremos los demás? Espero que sí.

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