La religión, contra el humor: «Se quiere pedir al Estado que prohíba que alguien se ría de nosotros»

La multa de 480 euros de un juzgado contra un joven que puso su cara sobre la de un Cristo es el último episodio de la judicialización del chiste o la sátira sobre cuestiones religiosas, lo que choca con una sentencia reciente de Estrasburgo
El humorista Darío Adanti y el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias señalan que se está utilizando la justicia para crear un «ecosistema contra el humor»

La religión ha vuelto a ganar al humor en los juzgados. La sentencia que condena a un joven por  cambiar la cara de un Cristo por la suya con Photoshop y subir el resultado a Instagram es el último ejemplo de algo que ha sorprendido, e indignado, a los que son más activos en redes sociales. Un foco judicial que ha surgido a la vez que los que han afectado a los  músicos perseguidos por sus letras o a los tuiteros procesados ( y condenados)  por hacer chistes de personajes como Carrero Blanco. Y que plantea varias dudas sobre la libertad de expresión, que una vez más vuelve a estar en entredicho por la decisión de un juez español. Aunque haya instancias superiores que no opinen lo mismo con casos similares.

El ejemplo más reciente lo ofreció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a finales de enero, cuando  condenó a Litunia por no defender la libertad de expresión de una marca de ropa que utilizó en dos de sus prendas a modelos disfrazados de Jesús y María. Una sentencia que plantea la duda de si casos como el de la multa al joven de Jaén tendrían algún recorrido ante los jueces de Estrasburgo.

La preocupación y el debate que ha generado esta sentencia por hacer un meme con un Cristo también preocupa a los juristas. Uno de los que más ha contestado la decisión es el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias, que incluso ha imitado al condenado poniendo una foto de su cara sobre el Cristo de la hermandad que denunció: «Lo que nos dice la justicia europea es que la libertad de expresión no puede depender del consentimiento de una minoría», asegura.

«Esta sentencia va en contra de Europa y del Tribunal Constitucional, que reconoció el derecho de crítica a las religiones, y que éstas deben aceptarlo«, dice el también profesor de Derecho Penal, que señala que le haría «mucha ilusión que le imputasen» por su montaje. Para Urias, se está produciendo «una ola de represión frente a la libertad de expresión», que se basa en «perseguir todo lo que pueda molestar a alguien».

Un ejemplo es lo que ocurrió con Dani Mateo y El Gran Wyoming, que fueron demandados por un fragmento de El Intermedio en el que hacían mofa a costa de El Valle de los Caídos. La asociación que defiende el mausoleo franquista les demandó por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que puede conllevar penas de prisión de hasta cuatro años. Todo después de que Mateo se preguntara «quién va a querer ver esa mierda de cerca». Tras declarar ante el juez, éste decidió archivar el caso en un auto en el que recordaba que «la sátira, por sí sola, no está prohibida». La reacción de los dos humoristas a la denuncia fue, además de quejarse de la admisión de la misma, reírse aún más de lo ocurrido.

De eso de molestar por hacer mofa de imágenes religiosas saben mucho en la revista Mongolia, que ya ha recibido amenazas de demanda, e incluso físicas, por algunos carteles que anunciaban su espectáculo en teatro en los que aparecían vírgenes o cristos. «En el  cartel de Sevilla tuvimos que quitar a La Macarena, porque la registraron como marca, y en Cartagena hasta  nos hicieron una manifestación ante el teatro por el cartel en el que usamos a la virgen de allí», cuenta Darío Adanti, miembro de Mongolia y autor de No disparen al humorista.

Para Adanti, lo ocurrido en Jaén es un «precedente horrible» para la libertad de expresión. «Antes los grupos de todo tipo estaban aislados y tenían su intimidad, pero ahora con las redes se enteran de todo. Y de repente, los que hacemos humor tenemos problemas por si herimos un sentimiento», apunta el dibujante. «Está claro que somos menos libres de lo que deberíamos ser ahora. Cuando la ley empieza a juzgar sentimientos tenemos un problema, porque es algo muy subjetivo», señala Adanti.

Un caso pionero en esta cuestión y que sirve de ejemplo para lo que cuenta Adanti es el del vídeo de Cómo cocinar un Cristo, grabado por Javier Krahe y Javier Seseña en los años 70. Tras la emisión de éste en Lo + Plus en 2004, el centro Jurídico Tomás Moro demandó a Krahe por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Un juzgado ya le hizo pagar 192.000 euros de fianza, hasta que el cantautor se tuvo que sentar en el banquillo de la Audiencia de Madrid en 2012. Finalmente, fue absuelto. «Es un ejemplo de que los extremistas que te amenazan y los jueces que te condenan responden a la misma lógica. Es el ‘me molesta que otras personas no piensen como yo’ llevado al juzgado», apunta Urias.

La libertad de expresión como valor absoluto es algo que el humorista argentino defiende incluso de los grupos religiosos. «La imagen de Cristo no es de unos pocos, sino de la cultura popular. Es similar al payaso de McDonalds o al muñeco de Michelín», señala. Y tanto Adanti como Joaquín Urias avisan de que no se puede hablar de algo anecdótico o restar importancia a una condena por un chiste. «Detrás de estas decisiones está la intención de vender una única versión de la sociedad», asegura el profesor.

Esta persecución de la sátira afecta a todos los sectores. «Hay quien se preocupa más de las palabras que de las consecuencias de éstas. La izquierda debe defender una amoralidad completa, y no fijarse en si algo ofende, sino en defender la libertad a toda costa», asegura el humorista.

Esta preocupación por la posición de ciertos grupos de izquierdas es compartida por Urias, que asegura que le inquieta que haya partidos que quieran prohibir que se cante el Cara al Sol. El error, según el jurista, es «pedir al Estado que prohíba que alguien se ría de nosotros». Un fallo a su juicio en el que caen colectivos de todo tipo, incluso los que luchan por los derechos de minorías: «Lo mismo que ha hecho la cofradía lo podría hacer un colectivo de minusválidos que se sienta ofendido por un chiste», señala.

Según Adanti, que haya más ofendidos que antes, además de por la viralidad de las redes, es por motivos socioeconómicos. «No haber tenido los problemas de nuestros abuelos, gracias a la democracia y al estado de bienestar, provoca que esa gente le dé más valor a la ofensa que al poder real».

La condena al joven de Jaén ha provocado una ola de solidaridad con él, tal y como ha hecho el propio Joaquín Urias. Varios tuiteros ya han puesto su cara sobre la del Cristo que motivó la denuncia, o han ridiculizado imágenes similares. Unos mensajes enviados directamente a la cuenta de Twitter de la hermandad que denunció al chico. Se ha desencadenado así el conocido » efecto Streisand».

«Hay quien no tiene en cuenta que el humor y el cotilleo ya eran virales antes de que existiera Internet», dice Adanti, que recuerda que la respuesta a los que intentan acallar algo «es darle un altavoz a ese tema».

Una mayor difusión que llega, especialmente, de gente antirreligiosa. Lo cual preocupa al exletrado del TC, que cree que «debería salir alguien muy religioso a defender que eso se pueda hacer», ya que sería un síntoma de que «todos empezamos a aceptar las críticas que recibimos de cualquiera». Algo que Urias considera clave, ya que «el remedio a lo que va contra la libertad de expresión es educativo».

Sin posibilidad de recurrir

La sentencia contra el joven de Jaén es firme y por tanto no se puede recurrir. Esto impedirá que llegue al Tribunal de Estrasburgo, que con el caso de Lituania ya ha sentado jurisprudencia al respecto. «Aunque exista el artículo 525 del Código Penal que castiga la blasfemia, este tiene que aplicarse de manera que prevalezca el derecho fundamental a la libertad de expresión», asegura Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia.

El periplo judicial del condenado terminará cuando pague la multa de 480 euros que le ha sido impuesta. Pero tanto Urias como González Vega instan a no restar importancia a la condena aunque el joven no fuese a prisión si no pagara esa cantidad. Y a no creer que todo lo que pueda ofender a alguien es punible. «Nos estamos equivocando con creer que si hay un colectivo ofendido hay daño. Se ofenden por la discrepancia», asegura Urias. Para el portavoz de la asociación judicial, «aunque este caso no tenga relevancia penal, no resta gravedad al asunto. Hablamos de peligros para la libertad de expresión».

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