El Gobierno cierra la larga negociación sobre esta enseñanza sin el plácet de los obispos
El Gobierno aprobará la nueva regulación de la religión en la escuela sin el plácet de los obispos, pero asumiendo buena parte de sus demandas. Un suspenso en la asignatura confesional podrá obligar al alumno a repetir curso si tiene otros dos suspensos, y habrá dos alternativas para quienes no la quieran: una sobre el hecho religioso, o no cursar nada esa hora. Los profesores serán contratados de forma indefinida, y el despido deberá justificarse, pero en la práctica los obispos podrán despedirlos cuando lo vean oportuno, acogiéndose a los Acuerdos de 1979 entre España y el Estado de la Santa Sede. La Iglesia valoró el "esfuerzo" del Gobierno, pero lo juzgó insuficiente.
"Hemos acercado posiciones al máximo posible. La Iglesia ha defendido, como es lógico, a las familias que quieren educación católica, pero nuestra obligación es defender a todos sin que el derecho de unos a estudiar religión suponga una obligación para los demás. Creemos que es un acuerdo, aunque no total, razonable y respetuoso", dijo ayer el secretario general de Educación, Alejandro Tiana.
No ha podido llegarse a un acuerdo total en este tema -uno de los asuntos más espinosos que separan al Ejecutivo y a la Conferencia Episcopal- porque para los obispos las cesiones del Ministerio de Educación, que encabeza Mercedes Cabrera, siguen sin ser suficientes a pesar de que han creado una asignatura alternativa muy similar a la de hecho religioso que introdujo el PP en la pasada legislatura. Será (al igual que la religión) evaluable y contará para repetir curso, pero no supondrá la única alternativa, como los obispos han querido siempre. La segunda alternativa será no cursar nada.
Para los obispos, tener una alternativa fuerte a la religión en la ESO no supone una competencia, sino más bien una ayuda, porque si la única alternativa para los que no estudian religión es irse a casa o no hacer nada (horas de estudio) muchos elegirían esto último y las matriculas confesionales se resentirían.
Por otro lado, si los centros no son capaces, como propone la ley, de organizar actividades para los alumnos que no quieren hacer ni religión católica ni la optativa voluntaria de carácter religioso, los padres acabarán matriculando a sus hijos en una de las dos, y la religión puede salir ganando, porque normalmente ha garantizado una buena nota.
En primaria, los niños cursarán religión o las actividades que organice el centro, que, en ningún caso, dice el decreto, podrán ser contenidos religiosos o relacionados con el resto de las asignaturas. Como hasta ahora no estaba muy claro quién o cómo se organizaban estas actividades u horas de estudio, muchos padres se quejaban de que sus hijos no estaban bien atendidos y algunos se veían impelidos a matricularlos en la asignatura confesional. Los alumnos que estudian religión en centros públicos han pasado de un 81% a un 70% en 10 años.
En la anterior reunión con los obispos, el Gobierno rebajó de 210 a 140 las horas de religión en la ESO. Pero ayer subieron a 175, lo que permite prever que haya un curso con dos horas de religión semanales y los otros tres con una hora semanal.
Respecto a la situación de los profesores de religión, la ley les coloca bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores y sus contratos serán indefinidos, no renovables de curso en curso, como ahora. Pero los obispos deciden quién es idóneo para ser contratado y también cuándo deja de serlo. Eso no va a cambiar, aunque a partir de ahora, cuando quieran despedir a un profesor tendrán que explicar por qué ya no es idóneo. No valdrán motivos como participar en una huelga, estar divorciado, o salir de copas. Pero sí argumentos como que ya no es una persona adecuada para la catequesis escolar. Después, como ocurre ahora con frecuencia, podrían recurrir a los tribunales.
Han sido ya centenares los casos en los que la justicia ha considerado nulos los despidos de los obispos, pero las indemnizaciones se han pagado con dinero público, puesto que la Administración educativa es la contratadora. Unos eligen, otros contratan y pagan. Esto lo amparan los acuerdos de la entre el Estado español y la Santa Sede. Desde 1989, esta situación le haya costado al Estado 330 millones de euros en multas por despidos nulos.
