La reforma educativa de Wert, consiste en más adoctrinamiento y segregación del alumnado.

El principio democrático de la laicidad inexcusable de las instituciones públicas y, en particular, de la Escuela no se vio reflejado en el marco legal de la Transición. Pese a que el Estado se proclama aconfesional, los privilegios concedidos por el régimen anterior a la Iglesia no desaparecieron sino que se vieron consolidados, especialmente en el terreno educativo. Con ese objetivo firmó Suárez los Acuerdos con la Santa Sede en 1979, que ningún gobierno posterior se ha atrevido a denunciar. Felipe González legalizó, con la LODE de 1985, las subvenciones a los centros concertados (en su mayoría de ideario confesional católico), conla LOGSE de 1990, se mantuvo la Religión dentro del currículo escolar, tanto en la enseñanza privada como en la pública y la LOE de Zapatero hizo nuevas concesiones que está generando problemas a la escuela pública, por un lado al dar un mayor estatutos laboral a las personas designadas por los obispados y por otras confesiones religiosas, pero –fundamentalmente- al haber incluido dentro del “Servicio Público Educativo” (artículo 108.4 de la LOE) a los centros públicos y a los privados concertados, atendiendo a una de las “obsesiones” históricas de los obispos y de la patronal católica, por ello denominan a sus “centros dogmáticos católicos”, como de “iniciativa social”.

En este escenario ya de por sí “confesional”  la propuesta de reforma parcial de la LOE (LOMCE) que ha propuesto el Partido Popular ha suscitado un fuerte rechazo social, por los elementos atentatorios contra la Enseñanza de titularidad Pública que contiene su articulado, haciéndose eco de las presiones insaciables provenientes de la Conferencia Episcopal, de la patronal de la enseñanza privada católica y, sobre todo, de la “Trilateral”, con la finalidad, exclusiva, de favorecer a los sectores dominantes.

Las modificaciones que tratan de introducir para asegurar una mayor presencia y estatus del adoctrinamiento religioso en la Escuela y para acelerar los procesos de desmantelamiento de la Enseñanza Pública en favor de la privada concertada (mayoritariamente católica), junto con otros muchos aspectos regresivos, son motivo de alarma social y deben ser claramente denunciados para ayudar a levantar una seria resistencia ante tales despropósitos.

Estamos en una encrucijada compleja, ya que -en la actualidad- padecemos un Sistema Educativo, vulnerable e inestable, escasamente democrático y que tiende a la privatización, producto de leyes anteriores, como la LOE del PSOE (como antes hemos señalado), que se  puede considerar como confesional y privatizadora, ya que mantiene la religión en el horario lectivo (segregando al alumnado por sus convicciones), se permiten actos simbólicos y orientaciones curriculares de marcado acento religioso e incluye, como parte del “servicio público de enseñanza a los centros privados concertados que son mayoritariamente de ideario católico.

La LOE, en la práctica, además se ha convertido en marcadamente selectiva, ya que expulsa del Sistema a un porcentaje alto del alumnado, situándonos cuantitativa y cualitativamente a la cola de los países de la OCDE.

Hay una evidencia contundente: Con La LOE (vigente) se están produciendo enormes recortes, ataques a la pública, apoyo a la privada católica, segregación, cierre centros y de escuelas infantiles públicas… La LOMCE pretende ahondar aún más y legalizar lo que ya se está haciendo, de hecho.

Después de 35 años de democracia no se ha conseguido llegar a invertir el 6% del PIB en la Educación no universitaria (media de la OCDE). Y, ahora, con un escaso 4,9%, el Gobierno del Partido Popular se ha comprometido con Bruselas a bajar un 1% del PIB. Avocándonos a quedarnos en un 3,9%, o lo que s lo mismo reducir casi 12.000 millones de euros en los próximos tres años.  Si se desmantela la Enseñanza Pública, si se potencia la Privada concertada y se rebaja el gasto… ¿Qué puede pasar? Que estemos ante un escenario muy grave, en donde, por un lado la escuela de titularidad pública se convertirá en subsidiaria de la privada y los sectores dominantes y católicos habrán ganado la batalla. Si a esta situación añadimos el enorme desequilibrio en la inversión y gasto entre territorios del Estado español, que llegar a ser del doble, la situación grave se acrecienta.

Hay que constar, que los países con mejores “sistemas educativos”, desde el punto de vista de los resultados cualitativos (y cuantitativos), son aquellos que han optado, por la estabilidad, por una gran inversión para una “potente Escuela de titularidad pública”, con un fuerte asentamiento de los “principios laicos”, es decir: democracia participativa, religiones fuera del tiempo lectivo y un fuerte impulso, en el currículo, a una educación en valores solidarios, de pensamiento crítico y de ciudadanía, además de tomar medidas eficaces para evitar la expulsión del alumnado del “sistema obligatorio de enseñanza” y potenciar fuertemente la enseñanza pública y gratuita en las “edades más tempranas”, es decir de 0-6/7 años, con una red amplia y suficiente de escuelas infantiles específicas.

Todas las reformas educativas de la democracia (a pesar de las buenas intenciones que se marcaban en sus introducciones y objetivos) se han situado en el eje neoliberal para adecuar la Educación al desarrollismo económico y del mercado laboral del momento, por cierto errando ley, tras ley, como se ha podido demostrar. El proyecto de LOMCE de reforma parcial de la LOE descaradamente y sin “complejos” hace “profesión de fe” de los intereses del mercado, abandonando toda alusión al derecho de la ciudadanía a la Educación, como bien personal y social.

Los nuevos objetivos ideológicos que el PP se ha marcado, entre otras cuestiones, deja fuera del Sistema Educativo, la Educación Infantil (0-3); elimina los ciclos de primaria que permitían una mayor flexibilidad de los ritmos de enseñanza-aprendizaje (aunque en la práctica ya no se daban); reduce a un ciclo de tres años la Secundaria Obligatoria, desdoblando el cuarto año para diferenciar de forma temprana al alumnado que vaya a la FP o a Bachillerato (hecho que marcará segregación por motivos geográficos, socio-económicos e intelectuales); pretende subvencionar a centros privados que segregan por sexo, en contra de sentencias del Tribunal Supremo; trata de eliminar del currículo asignaturas y áreas encaminadas a desarrollar el pensamiento racional y crítico e, implementa, alternativamente, áreas de emprendimiento y competitividad.

En momentos como los que vivimos, cuando se ponen en cuestión conquistas democráticas y sociales hace tiempo asentadas en la conciencia ciudadana, es aún más necesario, si cabe, hacer frente a las medidas de intimidación, acoso ideológico y descarada involución que no dejan de prodigarse.

En el terreno de la enseñanza, los profundos ataques a la Escuela Pública y a los recursos imprescindibles para mantener su calidad, vienen acompañados de una regresión en todas las condiciones que deben prefigurar cualquier proyecto educativo democrático. La nueva orientación que se quiere dar a “Educación para la Ciudadanía” es sólo un ejemplo del sesgo reaccionario que puede extenderse al conjunto de la enseñanza.

Hacer dejación de nuestro compromiso democrático contribuiría a dejar vía libre a nuevas y mayores agresiones. Por eso, es preciso armarse de razones y no ceder en la defensa de los principios que nos constituyen como ciudadanos en igualdad de derechos.

Flaco servicio hacen a esa aspiración a la igualdad en el terreno de la educación quienes tratan de mezclar la defensa de la enseñanza pública con la financiada con fondos públicos (la privada concertada, confesional y discriminadora, orientada al adoctrinamiento dogmático) o aducen razones laborales para mantener a los catequistas designados por los obispos para impartir religión en los centros públicos y las subvenciones a los centros concertados.

Una sociedad secularizada y democrática no debe permitir la regresión al pasado de un Estado confesional católico y, por lo tanto, la pervivencia de una enseñanza sometida al dogmatismo religioso. Los poderes públicos no tienen legitimidad alguna para propiciar la implantación de unas u otras opciones religiosas o ideológicas, por su carácter personal, en el espacio común e institucional de la Escuela. Y menos, seguir parapetándose en unos Acuerdos pactados con el Vaticano (la Santa Sede), que anulan derechos fundamentales como la libertad de conciencia de las personas, hecho más grave cuando se trata de edades tempranas.

Cristianizar, segregar, privatizar y españolizar, parece que son los grandes objetivos de esta pretendida reforma parcial de la LOE: la LOMCE.

En España. A la vista de esta grave situación, organizaciones sociales, políticas y sindicales y millones de ciudadanas y ciudadanos, proponemos unaapuesta decidida por un modelo de “Enseñanza Pública, Gratuita, Universal, Democrática y Laica”, como garantía para construir un modelo educativo integral, compensador de desigualdades, inclusivo y que eduque para una convivencia ciudadana en libertad, para ello hemos lanzado la Campaña:Por una escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela. Retirada de la LOMCE, ya.

Si no se consigue. Una nueva mayoría en el Parlamento podrá marcha atrás.

Firmas, manifiesto y documentos de la Campaña en el enlace:  http://www.laicismo.org/detalle.php?pk=17058&tp=ds

Web Europa Laica: laicismo.org  – Correo: europalaica@europalaica.com

Artículo publicado en la Revista de Estudios de la Fundación 1º de mayo (nº 49 marzo 2013)

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