La reforma de la ley es una «ofensa» para la mayoría

El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su empeño de llevar adelante la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que data de 1980.

Tanto la vicepresidenta Fernández de la Vega como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha insistido en la necesidad de introducir «modificaciones profundas» en la normativa para dar un trato igualitario a todas las confesiones, independientemente de que su número de fieles sea minoritario o no. Además de la ley, el Gobierno también tiene previsto crear un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso «para mejorar el conocimiento de nuestra realidad y poder tomar decisiones».
 
Esta sociedad «plural» que el Gobierno ha tomado como bandera para modificar la normativa, se declara en un 77 por ciento católica, lo que significa que 35 millones de personas de las 45 que viven en España se identifican con la religión mayoritaria, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2007.
 
El mapa religioso español, se completa, de acuerdo a los datos aportados por las propias confesiones, con un 1,5 millones de evangélicos, un millón de musulmanes y 48.000 judíos, además de otras religiones minoritarias, como los testigos de Jehová (200.000 fieles) y los mormones (40.000). En el plano educativo, según los datos del Ministerio de Educación, en el curso 2004-2005 había inscritos en la clase de Religión católica más de 3 millones de alumnos —el 75,7 por ciento del total de la población estudiantil—. Además, 11 millones de católicos acuden regularmente a misa y siete millones marcan la casilla de la Iglesia católica en su declaración de la Renta.
 
Ofensa para la mayoría
Otra de las novedades que anunció el ministro es que la Dirección General de Asuntos Religiosos pasará a llamarse en breve Dirección General de Relaciones con las Confesiones, un término con el que el Gobierno socialista pretende remarcar la neutralidad del Estado ante la dimensión religiosa.
 
Para el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, la reforma que pretende el Gobierno «no es más que un movimiento para discriminar a las religiones mayoritarias cristiana, judía y musulmana, a favor de las creencias minoritarias». «Es un sentido de la justicia bastante discutible», asegura Marcial Cuquerella, presidente de esta asociación, quien añade que «mientras el 80 por ciento de los ciudadanos afirman que profesan el cristianismo, el judaísmo o la religión musulmana, el Gobierno se preocupa de legislar por el 0,05 por ciento que profesa otras creencias, ofendiendo a la enorme mayoría». Según Cuquerella, «incluso tendría más sentido que crearan una Dirección General de Relaciones con los Ateos, ya que son un 7 por ciento de los ciudadanos españoles».
 
A la vista está, para el Observatorio, que el objetivo que persigue el Gobierno «no es otro que tratar de igualar religiones como el catolicismo o el judaísmo, con creencias de todo tipo, como la Iglesia de la Cienciología o incluso sectas satánicas, siempre que estén inscritas en el registro oficial». Así, el Gobierno tendrá «la capacidad de decidir qué es religión y qué no lo es, mediante la inclusión en un registro de cualquier creencia, de forma completamente subjetiva». «Al final, bajo la excusa del laicismo, es el laicismo mismo el que se convierte en juez y parte del resto de las confesiones religiosas», asegura.
 
«Transformar la sociedad»
Algunos expertos ven en esta anunciada reforma una clara intención del Gobierno de «transformar la sociedad, impulsando el pluralismo religioso y erosionando la posición de la Iglesia». El profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, Jorge Otaduy, ha recordado que «la función del Estado es respetar el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos en materia religiosa».
 
La ambigüedad de los argumentos que viene utilizando el Gobierno del PSOE a la hora de justificar la mencionada iniciativa legislativa —que aún no tiene fecha— lleva también a los especialistas a pensar en dos opciones: o que pretende equiparar todas las creencias independientemente tengan o no un carácter religioso, o establecer un nuevo «código de laicidad», al estilo francés. La segunda posibilidad supondría la supresión de toda manifestación religiosa en los espacios públicos. «Una decisión que no ayudaría en nada a la convivencia y al diálogo intercultural que hasta ahora venimos resolviendo, a diferencia de nuestros vecinos franceses, bastante bien», advierte el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino.
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