La quema de conventos en Cataluña en 1835

En el verano de 1835 se produjeron diversos ataques a conventos y monasterios en Cataluña, conocidos como bullangas, y que fueron precedidos por la matanza de religiosos de 1834 en Madrid y por los asaltos en Zaragoza en abril y a principios de julio de 1835. Esta explosión de violento anticlericalismo debe enmarcarse en el clima que vivía el país en plena guerra carlista y de inestabilidad del incipiente y titubeante Estado liberal. Estos hechos fueron protagonizados por las clases populares, pero también por algunos liberales, contra el clero regular al que se le acusaba de conspirar a favor del carlismo y contra el establecimiento del régimen liberal, aunque también había una crítica hacia el gobierno al que se le acusaba de tibieza en un régimen harto conservador como era el del Estatuto Real. El gobierno del conde de Toreno era más claramente liberal, con Mendizábal como baza importante,  que el anterior de Martínez de la Rosa, pero se vio desbordado por esta explosión de violencia.

La historiografía ha discutido mucho sobre los autores y causantes o promotores de esta violencia. Una postura conservadora habla de que todo fue preparado por conspiradores, pero la cuestión es más compleja porque el sentimiento popular anticlerical era evidente en Cataluña y en otros lugares de España, por lo que hay autores que aluden al carácter espontáneo del fenómeno violento, aunque es cierto que participaron en él algunos liberales que buscaban canalizar el malestar popular para presionar con el fin de poder transformar el régimen del Estatuto Real en otro mucho más liberal y progresista.

El día 22 de julio, en el momento de máxima expansión del carlismo, en Reus fueron incendiados varios conventos, el seminario y asesinados veintiún frailes, doce franciscanos y nueve carmelitas. Reus era una ciudad que se había destacado por su liberalismo. Des de los tiempos de la Década Ominosa se vivía una clara hostilidad popular hacia los franciscanos porque habían denunciado a liberales y habían apoyado la revuelta de los malcontents de 1827. El desencadenante de la violencia se produjo el 19 de julio cuando una partida de milicianos liberales fue atacada por carlistas, muriendo algunos de ellos. Al parecer, corría el rumor de que habían participado algunos frailes franciscanos. El gobernador militar de Tarragona, temeroso de que esto generara conflictos, mandó un destacamento, a petición del alcalde y de los superiores de los conventos, pero, como hemos comprobado, eso no evitó el motín, las destrucciones y muertes.

En la noche del 25 de julio la violencia se desató en Barcelona, donde también había crecido la hostilidad popular contra los regulares.  Fueron atacados trece conventos, cinco de ellos completamente arrasados por las llamas, y dieciséis frailes encontrarán la muerte. Otros frailes pudieron refugiarse en el castillo de Montjuïc. La revuelta también tuvo otras derivaciones, ya que se atacó la caseta donde se cobraban los consumos, es decir, los impuestos indirectos sobre los productos de primera necesidad. Las fuerzas del orden, el Ejército y la Milicia Nacional mantuvieron una actitud pasiva ante unos hechos que contaban con claros apoyos populares, y porque muchos de sus miembros simpatizaban con el anticlericalismo.

La chispa surgida en Reus y Barcelona encendió un reguero de violencia por gran parte de Cataluña hasta los primeros días de agosto. Se incendiaron conventos en Sabadell, Mataró, Arenys de Mar, Vilafranca del Penedès, el Vall d’Hebron, Sant Hilarió de Cardó, San Cugat del Vallés, Ripoll, Poblet, etc… Otros conventos y monasterios fueron asaltados y saqueados. Fueron asesinados unos veintidós sacerdotes regulares y ocho seculares.

Esta oleada de violencia provocó la exclaustración de más de tres mil religiosos en Cataluña. Casi todos abrazaron la causa carlista.

El gobierno intentó aplacar esta violencia decretando la expulsión de los jesuitas, provocando la enérgica protesta de Roma y la ruptura de relaciones diplomáticas. El 25 de julio, en plena bullanga barcelonesa, el gobierno decretó la supresión de los conventos de menos de 25 religiosos.

De resultas de las revueltas liberales y de la explosión anticlerical catalana la reina gobernadora apartó a Toreno del poder en el mes de septiembre y lo sustituyó por Mendizábal, un progresista más radical, decidido a suprimir las órdenes religiosas y a emprender la desamortización eclesiástica.

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