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La protesta contra la LOE pretende usar a los docentes de religión como punta de lanza

El sindicato de profesores Feper denuncia que los obispos utilizan la “coacción”

"Extorsión", "miedo", "necesidad". Con este tipo de calificativos denuncia la Federación Estatal de Profesores de Religión (Feper) el intento de utilizar a estos docentes en la organización de la manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo 12 de noviembre contra la reforma educativa del Gobierno socialista y su proyecto de ley de educación. Esta protesta, que ha sido convocada por la Confederación Católica de Padres de Alumnos y de Familia (Concapa) y ocho organizaciones más, cuenta con el apoyo de los obispos católicos españoles.

"Pedimos a la jerarquía de la Iglesia católica que se porte con decencia, que no extorsione a los trabajadores de la Administración y les respete en sus decisiones con su empleador, la Administración educativa correspondiente", reclama la Federación Estatal de Profesores de Religión (Feper). Los dirigentes de este sindicato mostraron a la prensa documentos en los que los convocantes de la manifestación contra la LOE, convocada para las cinco de la tarde del 12 de noviembre en Madrid, piden a aquellos que quieran "acudir para defender sus derechos que se pongan en contacto con el profesor de religión de su centro educativo".

"Es una grave manipulación y coacción" la que están sufriendo los profesores de religión, "utilizados para participar en manifestaciones y para organizar las mismas", expone la Feper. También sostiene que la manifestación "en ningún caso quiere dar solución a los problemas" de este colectivo, unos 18.000 docentes contratados y pagados por la Administración, pero elegidos por los obispos para cada curso escolar.

En numerosas diócesis españolas, decenas de estos docentes de religión han perdido su empleo por motivos ajenos a su trabajo, tales como divorciarse, irse de copas, participar en política con partidos de izquierdas o tener actividad sindical.

Sentencias judiciales

Cientos de sentencias judiciales han reprochado este comportamiento episcopal y sentenciado la nulidad de esos despidos, pero ni la Administración ni el proyecto de ley que se tramita ahora en el Congreso abordan una solución a esa inestabilidad laboral.

"Los obispos pretenden mantener inamovible la actual situación de precariedad" en los contratos, denuncia la Feper. Asimismo el sindicato sostiene que, en el empeño de los prelados por contar con la ayuda de los docentes de religión para la organización de la manifestación del próximo día, utilizan "una cruzada de miedo" en la que "la necesidad y el temor a perder los puestos de trabajo están presentes".

En ese punto, la Feper solicita que las autoridades religiosas se porten "con decencia", que no extorsionen a los trabajadores y se les respete en las decisiones con su empleador, que es la Administración". Entre las reclamaciones de este colectivo está la de "ver modificadas" sus condiciones de trabajo para que su situación laboral sea igual que la del resto de profesores, "no estando a expensas todos los años del capricho arbitrario del obispado" en la renovación del puesto de trabajo. El proyecto de Ley de Educación prevé que la Iglesia católica sea la "empleadora" de esos docentes, lo que Feper califica de "retroceso intolerable". Reclama, por tanto, que el Congreso acepte una enmienda para que los profesores de catolicismo, sin ser funcionarios docentes, trabajen "en régimen de contratación laboral" y amparados por el estatuto de los Trabajadores.

Cataluña

De la misma opinión es la Federación de Enseñantes de Religión en Catalunya (Ferc), que representa la mayoría del profesorado de religión de Primaria y Secundaria de centros públicos. Según la Ferc, la manifestación convocada para el día 12 "acepta de facto la contratación actual, fruto en su momento del acuerdo entre el Partido Popular y la Conferencia Episcopal Española", un acuerdo que "ha llevado como resultado unos contratos basura y la precariedad de muchas familias".

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