Una parte de los afectados por los abusos en el seno de la Iglesia católica cree que Ángel Gabilondo no reúne la adecuada independencia ni su institución tiene medios, mientras otras víctimas consideran que hay que apartar la investigación del “ruido” político del Congreso, donde hay otra iniciativa para crear una comisión de investigación a petición de los socios del PSOE.
El PSOE quiere reducir “el ruido” en torno a los abusos sexuales en la Iglesia. Después de que el pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera en la Moncloa con una de las víctimas, el escritor Alejandro Palomas, el grupo socialista ha registrado este lunes en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que sea la institución del Defensor del Pueblo quien se encargue de elaborar un informe sobre “las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.
Esta petición se suma a la presentada hace dos semanas por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión de investigación en la Cámara Baja que trate de arrojar luz sobre esta situación que ha permanecido en la sombra durante décadas. Por otro lado, el PNV también ha hecho lo propio y ha registrado una PNL para pedir al Ejecutivo que constituya un grupo de trabajo formado por personas expertas independientes.
En cuanto a la propuesta del PSOE (es la que más opciones tiene de prosperar), se trataría de una investigación que “tiene todas las garantías” y “asegura mejor la privacidad de las víctimas”, ha dicho Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha apostillado que la investigación a cargo del Defensor del Pueblo es la mejor manera para “hacerlo de forma sosegada, tranquila, con rigor y sin el ruido que normalmente acompaña al Congreso de los Diputados”. Por su parte, fuentes de esta institución, dirigida por Ángel Gabilondo, aseguran a este medio que “se analizará la resolución que se adopte al respecto y como Alto Comisionado de las Cortes Generales actuará, en su momento, en consecuencia”.
La propuesta de los socialistas convence a la Asociación Infancia Robada, que aglutina a una veintena de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Ana Cuevas, cofundadora de la entidad y madre de un niño abusado por un profesor en un colegio del Opus Dei, declara a Público que la vía del Defensor del Pueblo les parece bien, pero “de lo que se trata, sobre todo, es que haya el máximo consenso político para acometer la investigación“.
Cuevas considera que una comisión en el Congreso podría politizar el tema. “La figura del Defensor del Pueblo nos parece más razonable para que se permita a las víctimas hablar”, dice la portavoz de Infancia Robada, que añade: “Es cierto que las investigaciones del Defensor del Pueblo no son vinculantes, son recomendaciones, pero las conclusiones de las comisiones de investigación del Congreso tampoco son vinculantes a efectos judiciales”.
El escritor Alejandro Palomas, víctima de niño de abusos de un religioso en el colegio, ha logrado en las últimas semanas dar visibilidad al escándalo de la impunidad que rodea en España a la pederastia eclesial, al contar sin tapujos los abusos de los que fue objeto por parte de un religioso que quedó sin castigo. Tras su reunión la semana pasada con el presidente del Gobierno, Palomas respalda los panes del Ejecutivo para investigar el alcance del escándalo en España. “Se hará una comisión de investigación de los abusos lo más eficaz posible. No sé qué tipo de comisión será y no tengo ni idea. Lo que sí tiene claro (Pedro Sánchez) es que sea cual sea, tiene que primar el intentar proteger la sensibilidad de las víctimas y las víctimas van por delante de todo”, señaló el escrito la semana pasada.
Sin embargo, hay otras víctimas que no creen que la propuesta del Gobierno de dejar en manos de Ángel Gabilondo y su equipo la investigación sobre la pederastia eclesial sea la mejor opción. Miguel Ángel Hurtado lleva a día de hoy 67.000 firmas en la plataforma Change.org para impulsar una comisión de la verdad en torno a los abusos sexuales por parte de religiosos. No le gusta la idea de que el Defensor del Pueblo se encargue de la investigación: “Hay una percepción de que Ángel Gabilondo no reúne los requisitos de independencia necesarios para esta labor. Puede existir un conflicto de intereses, ya que él fue en el pasado profesor en colegios religiosos donde se dieron casos de abusos y se taparon“, dice Hurtado a Público.
En la propuesta en Change.org expone su caso: “Cuando tenía 16 años fui abusado por el monje benedictino de la Abadía de Montserrat Andreu Soler, responsable durante 40 años del grupo de scouts católicos del monasterio. Cuando pedí ayuda a los responsables de la institución, aplicaron a rajatabla el manual de encubrimiento católico: convencer a mis padres, para que no denunciaran ante la justicia civil; trasladar al pederasta a otro centro, negarse a realizar una búsqueda activa de víctimas, intentar comprar mi silencio pagándome una indemnización de 7200 euros en negro, en sobres con billetes de 500 euros; honrar a mi agresor, antes de su fallecimiento, con la publicación de un libro de memorias con prólogo de Jordi Pujol”.
Sin estadísticas en España
Hurtado, psicólogo de profesión, considera que “España es un desierto estadístico en el campo de la pederastia eclesial. No hay cifras”. Y de las que podría partir la comisión de investigación son “un insulto a las víctimas”, dice Hurtado, refiriéndose a los 220 casos reconocidos por la Iglesia católica, tan alejados de los miles de casos admitidos por la jerarquía de la Iglesia en otros países. “En Irlanda, la comisión de la verdad arrojó 14.000 víctimas y es un país bastante más pequeño que España”.
Lo primero que quiere saber Hurtado es qué pretende la investigación que el Gobierno encomendará al Defensor del Pueblo. “Hay que cuantificar el número de víctimas, que no se conoce, pero también hay que investigar el encubrimiento que han hecho los jerarcas de la Iglesia durante tantos años. ¿Eso se puede investigar con la Iglesia sentada en la comisión? ¿Va a ser la Iglesia juez y parte?”, pregunta esta víctima acerca de la iniciativa del PSOE que pasa por incorporar a la Conferencia Episcopal en las filas de dicha comisión independiente.
La propuesta de Hurtado hace hincapié en una investigación definitiva del problema, tras décadas de silencio e impunidad. “Hace falta una Comisión de la Verdad liderada por expertos independientes, con amplios poderes de investigación y recursos materiales y humanos suficientes, como la Real Comisión australiana sobre abusos sexuales en instituciones, el gold standard (patrón oro) internacional en este ámbito de derechos humanos. Para hacer las cosas bien, y no volver a fallar a las víctimas implementando de forma apresurada un modelo fallido, es imprescindible un debate sosegado, pausado y en profundidad”, razona Miguel Ángel Hurtado.
Una comisión de investigación en el Congreso
Coincidiendo con el lanzamiento de dicha iniciativa vía Change.org, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu pidieron que el Congreso creara una comisión de investigación para que estos casos de pederastia no se queden dentro de los muros de la Iglesia. Esta petición ha pasado su primer trámite, el de la calificación por parte de la Mesa de la Cámara Baja, gracias a los votos de los partidos que sostienen el Gobierno y a pesar del rechazo del PP y la extrema derecha.
No obstante, los socialistas han defendido en todo momento que se decantarán por una sola vía de investigación, deslizando que rechazarán previsiblemente la iniciativa de sus socios, lo que la abocaría al fracaso cuando se someta a votación en el Pleno. Estos, sin embargo, defienden que ambas propuestas son “compatibles”. En este sentido, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha defendido que intentarán conjugar ambas vías, “la del Congreso y la que propone el PSOE”.
Desde la coalición abertzale también celebran que “todo lo que se haga en esta materia será poco para paliar el dolor que han sufrido miles de personas”, aunque seguirá apostando por una comisión de investigación que “de voz a las víctimas, escuche sus casos, visibilice su dolor y las convierta en protagonistas principales del sufrimiento que han padecido, como ha ocurrido en otros países europeos”.
En todo caso, estas formaciones subrayan que su iniciativa ha servido para “mover a instituciones que hasta ahora se habían mostrado inmóviles ante este escándalo. Con nuestra propuesta hemos conseguido poner encima de la mesa un asunto olvidado y minimizado hasta ahora”. Y es que, en la línea de la petición registrada en Change.org por Miguel Ángel Hurtado, la propuesta de crear una comisión parlamentaria establece una duración de los trabajos de al menos seis meses desde su constitución.
Asimismo, para realizar el trabajo de la comisión se incluirán comparecencias “de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de esta comisión”, es decir, la existencia de redes y estructuras dentro de la Iglesia que facilitan, perpetúan y tapan las agresiones sexuales; el grado de conocimiento de estas prácticas por parte de de los organismos y departamentos públicos; el número de víctimas y victimarios; así como los elementos necesarios para planificar políticas públicas de reparación, prevención y la atención de los afectados.
Consecuencias para el concordato
La petición de Miguel Ángel Hurtado pasa por crear en primer lugar una comisión de estudio en el Congreso para llegar a la conclusión de qué método es el más adecuado para afrontar en España la investigación del fenómeno de la pederastia en la Iglesia. “Para ello, el Congreso debe crear una comisión parlamentaria, con una duración limitada de seis meses, invitando a expertos nacionales y extranjeros, organismos internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa); colectivos de víctimas, organizaciones de protección a la infancia, para investigar y debatir los diferentes modelos de comisión de la verdad posibles”, dice esta victima.
Según Hurtado, la futura comisión de investigación debe escuchar a “miles de victimas” y sobre esto se pregunta: “¿Tiene medios materiales el Defensor del Pueblo para tomar testimonio a todas esas víctimas? ¿Puede obligar el Defensor del Pueblo a que los obispos declaren personalmente en la comisión y a que entreguen sus archivos, como ha ocurrido en otros países?”
La respuesta a la última pregunta es “no”, según Miguel Ángel Hurtado. “No puede hacerlo porque lo impide el concordato con la Santa Sede que España se niega a derogar. “Mi percepción es que el Gobierno quiere establecer un cortafuegos para limitar la onda expansiva porque si realmente aflora la magnitud del escándalo podría tambalearse la relación entre el Estado y la Iglesia”.
Por su parte, a Redes Cristianas, el colectivo más importante de cristianos de base, no les parece mal la propuesta del Gobierno. “Lo que pedimos es que la investigación no se eternice y que las personas que conformen la comisión sean las más adecuadas”, dice Raquel Mallavibarrena, del equipo de portavoces de Redes Cristianas. Para esta plataforma, “lo fundamental es que la Iglesia colabore, que ponga sus archivos a disposición de la investigación”.
