El Obispado de Almería niega que el Constitucional le haya quitado la razón
Resurrección Galera, la profesora de Religión a la que el Tribunal Constitucional (TC) le dio la razón en su litigio contra el Obispado de Almería tras ser apartada de su trabajo por haberse casado por lo civil con un divorciado, buscará que los juzgados declaren su caso como un despido nulo a todos los efectos, según explicó ayer su abogada, Amalia Robles, del sindicato Comisiones Obreras (CC OO).
La Iglesia almeriense revocó la idoneidad de la profesora, lo que le apartó de su ejercicio profesional al inicio del curso 2001-02. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía falló en contra de Resurrección Galera, y ahora el TC le da la razón al considerar que se vulneraron en la decisión del Obispado de Almería derechos fundamentales de la demandante.
Pero la cosa no es tan sencilla. El Constitucional lo que hace es retrotraer el procedimiento al mismo momento en el que se dictó la primera sentencia, en un Juzgado almeriense, como primer paso "para que se repare una decisión que siempre nos pareció muy injusta", afirma la letrada. Y pide un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta la ponderación de derechos que hace el TC.
Se trata de una sentencia muy importante, pero que ya tiene antecedentes parecidos por parte del propio Tribunal Constitucional, con sentencias que sientan jurisprudencia desde 2002.
Robles aseguró que en su opinión el magistrado debería estimar que Resurrección Galera fue despedida y que el despido por su matrimonio civil con un ciudadano alemán vulneró derechos reconocidos por la Constitución, y por tanto, debería ser calificado "normalmente como nulo".
La abogada cree que el juzgado deberá "ponderar" en su fallo "el derecho de los trabajadores a su libertad ideológica y a no ser discriminada por su intimidad familiar y personal en relación al derecho de libertad religiosa del Obispado".
Iglesia
En el lado contrario, el vicario general de la diócesis de Almería, Tomás Cano, subrayó ayer que "el Constitucional en ningún momento expresa que la decisión del Obispado fuese contraria a derecho". Cano recalca que "en ningún caso se trata de un despido".
La Junta de Andalucía se apunta al carro judicial vencedor y recordaba ayer, por medio de un portavoz de Educación, que la sentencia "respalda" la política de personal. "Aun estando seguros de que estábamos por el buen camino, esta sentencia refrenda las medidas", señala la Administración andaluza.
