La tradición religiosa o cultural resistirá. El Corpus Christi, que se celebra estos días en numerosas localidades españolas, y la Virgen de los Desamparados de Valencia -desde 1810 Capitana Generala y Generalísima de los Ejércitos- continuarán siendo agasajados por los poderes públicos incluso después de la reforma de la ley de Libertad Religiosa, que el Gobierno de Zapatero tiene prevista para finales de este año o comienzos de 2010. La reforma será suave: sostendrá la neutralidad religiosa del Estado, pero no colocará a los poderes públicos en un brete.
En el Corpus por antonomasia, el de Toledo, la nómina de poderes públicos en procesión sigue siendo apabullante. Como dejó mandado el Papa Clemente V en 1311, detrás del Arzobispo -el cardenal Cañizares, que se despide estos días de su sede- han de caminar las autoridades civiles, que este año han sido el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dos consejeros del Gobierno autonómico, el presidente de las Cortes manchegas, el delegado y subdelegado del Gobierno, el presidente de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe, el Alcalde, el presidente de la Diputación y miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta última participa en la procesión desde 1991.
Hace dos años, el ahora director general de Relaciones con las Confesiones Religiosas (dependiente del Ministerio de Justicia), José María Contreras, sostenía que «la participación de los poderes públicos o de sus representantes institucionales en actos o manifestaciones religiosas, en la medida en que no asistan a título personal, sino como representantes del Estado, vulnera el principio de laicidad». Sin embargo, el criterio de su departamento es ahora el de encontrar «el equilibrio» entre neutralidad de los poderes públicos y tradiciones.
El citado juicio de Contreras corresponde a su estudio «Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas», que elaboró para la Fundación Alternativas, uno de los «think tank» -tanque de pensamiento- más cercanos al PSOE. «Esas ideas las sostuve como académico, en reflexión conmigo mismo, pero ahora estamos hablando con las confesiones y los poderes públicos antes de elaborar el texto de la reforma», explica Contreras, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Pablo de Olavide.
En dicho estudio, Contreras pedía una ley «en la que se regule, entre otras materias, la participación religiosa en ceremonias oficiales, la presencia oficial o de cargos públicos en ceremonias religiosas y la presencia de símbolos religiosos u objetos religiosos en lugares públicos». Eso sí, el catedrático manifestaba ya entonces que «el principio de laicidad no se lesiona si están presentes determinados símbolos religiosos por razón de su carácter cultural o histórico, como ocurre en el caso de la Virgen de los Desamparados, que ostenta el rango de Generalísima de los Ejércitos desde 1810».
Pero pese a ser el de los poderes públicos en actos religiosos un punto delicado, la reforma en marcha de la ley de Libertad Religiosa incidirá más en ampliar derechos que en restringir la expresión creyente. Ahora bien, esos derechos ampliables corresponderán preferentemente a las confesiones no católicas, las que más restricciones encuentran a su actividad. Por ejemplo, un miembro de la Iglesia evangélica comentaba recientemente en Gijón que al abrir un templo en Madrid «se nos aplicó la normativa de una discoteca, como lugar de reunión, con lo cual teníamos que instalar un número inmenso de retretes, como si fuéramos a pasar el día bebiendo». El obispo anglicano Carlos López Lozano, con jurisdicción para toda España, considera asimismo que «nuestro principal problema es abrir lugares de culto».
