«Los obispos españoles han reconocido que cerca de 1.000 propiedades inmobiliarias fueron registradas como posesiones de la Iglesia Católica sin pruebas o incluso cuando claramente pertenecían a otros». Así empieza un artículo de la agencia Associated Press que han publicado numerosos medios estadounidenses como Houston Chronicle, ABC News, Daily Herald, US News o Yahoo y en el que se aborda el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica española. Se pone de relieve que el gobierno de coalición reclamaba una lista de 35.000 inmuebles indebidamente registrados y la Conferencia Episcopal ha reconocido 975 abriéndose a «regularizarlos».
The body representing Catholic bishops in Spain has acknowledged that nearly 1,000 real estate properties across the country were registered as possessions of the Church despite having no proof
of ownership or clearly belonging to others@AP_Europe https://t.co/wnjsxE53ef— Aritz Parra (@aritzparra) January 24, 2022
Associated Press detalla como la Conferencia Episcopal, el órgano que representa a los obispos españoles. ha reconocido que cerca de 1.000 inmuebles de todo el país fueron registradas como posesiones de la Iglesia Católica sin tener ninguna prueba de esta pertenencia o incluso cuando claramente eran propiedad de otros. Pero subraya que un comunicado conjunto de los obispos y el ministerio de la Presidencia español ha anunciado que la Iglesia empezará un proceso de «regularización» de estas propiedades. Recuerda que durante décadas, las diócesis y párrocos usaron su influencia en los registros locales y aprovecharon las reformas legales de los gobiernos conservadores para inscribir como propios en los registros oficiales, iglesias y terrenos adyacentes, instalaciones educativas, monasterios, edificios residenciales así como terrenos baldíos.
El artículo enfatiza que el gobierno de coalición de centro-izquierda liderado por Pedro Sánchez ha hecho una lista con 35.000 propiedades registradas a nombre de la Iglesias Católica, incluyendo 20.000 lugares de culto y 15.000 instalaciones no religiosas y ha estado negociando con los obispos para identificar las propiedades «erróneamente» inmatriculadas. Y pone de relieve que la Iglesia ha reconocido que 965 inmuebles habían sido «usurpados» y ha aceptado devolverlos. Se destaca asimismo que las relaciones entre gobierno e iglesia se han tensionado desde la llegada de Sánchez por asuntos fiscales, de financiación pública o la forma de gestionar las acusaciones de abusos sexuales cometidos por curas y religiosos.
