La Plataforma ´Mezquita-Catedral, Patrimonio de tod@s´ ha pedido este viernes al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, que la Cámara autonómica inste una inspección de la Unesco sobre la Mezquita de Córdoba y que promueva también un recurso de inconstitucionalidad para anular dos artículos que conceden a los obispos rango de fedatarios públicos, "gracias a los cuales el Obispado de Córdoba inmatriculó a su nombre esta joya del arte califal".
Según ha informado la plataforma, una delegación de la misma, encabezada por su portavoz, Miguel Santiago, se ha reunido en Sevilla con Manuel Gracia y le ha hecho entrega de un escrito donde alerta del "grave riesgo" que corre la Mezquita-Catedral, a consecuencia de la "gestión lesiva por parte del Obispado, que pretende deliberadamente borrar el nombre de la Mezquita y la memoria andalusí del monumento, parte fundamental e indisoluble de su esencia y de la identidad de Andalucía".
Por ello, el colectivo ciudadano solicita al Parlamento autonómico que pida al Icomos, organismo vinculado a la Unesco, una inspección sobre el monumento y examine todos los documentos de difusión editados por el Obispado, "en los que hay una clara voluntad de eliminación de la identidad hispano-musulmana de un edificio conocido mundialmente como símbolo de encuentro de culturas". Particularmente, el escrito pide que se revisen los folletos turísticos, la cartelería, el material audiovisual, las audioguías, el espectáculo nocturno y los mecanismos de control y filtrado ideológico de los guías turísticos.
La Plataforma también solicita al Parlamento andaluz que eleve un recurso de inconstitucionalidad de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, "que equiparan a la Iglesia con el Estado y conceden a los diocesanos rango de fedatarios públicos, en clara violación del espíritu aconfesional de la Carta Magna".
Según la Plataforma, "el presidente del Parlamento se ha comprometido a entregar el documento" de ´Mezquita-Catedral, Patrimonio de tod@s´ a los tres grupos políticos de la Cámara (PSOE-A, PP-A e IULV-CA) y "a propiciar un encuentro con ellos del colectivo ciudadano, previsiblemente en junio".
Al escrito le acompaña "un informe de denuncia pormenorizado con las irregularidades que, en opinión del colectivo, dañan la imagen del monumento y comprometen su declaración como Patrimonio Mundial y paradigma de la concordia universal". Igualmente se ha entregado al presidente del Parlamento andaluz "un documento que acredita las más de 365.000 firmas recogidas hasta ahora solicitando la titularidad pública del monumento cordobés".
En rueda de prensa posterior, el portavoz de la Plataforma, Miguel Santiago, ha subrayado que el de la Mezquita-Catedral "no es un debate religioso, sino cultural y de gestión del patrimonio histórico", ya que "no cuestionamos el uso católico, sino la gestión abusiva del Obispado en los últimos años".
En este sentido, ha asegurado que el Cabildo Catedral de Córdoba "ha incurrido en un abuso inconstitucional, al apropiarse de un monumento universal en base a una ley predemocrática, que privilegia a la Iglesia". Además, según ha señalado Santiago, "hay un abuso en la gestión, toda vez que se quiere "borrar el nombre y la historia de la Mezquita-Catedral, atentando contra la memoria de Córdoba y de Andalucía".
Miguel Santiago compareció acompañado de Anna Freixas, catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba, y Rafael Mir Jordano, abogado, escritor y miembro de la Real Academia de Córdoba, opinando Freixas que "la apropiación de la Mezquita-Catedral por el Obispado ha sido de forma taimada" y ha supuesto "una sorpresa para todos los cordobeses, que un día descubrimos que la Iglesia se había apropiado de un bien que creíamos propiedad común de todos". Por su parte, Mir Jordano ha alertado que "Córdoba ha dejado de ser la ciudad de la Mezquita en unos años de forma escandalosa, y eso no podemos permitirlo".
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