La Plataforma Laicista de Jerez ha participado este fin de semana en Zaragoza, junto con cargos públicos y colectivos ciudadanos de todo el Estado español, en un encuentro institucional para unificar una estrategia conjunta sobre las inmatriculaciones de la Iglesia y buscar los mecanismos jurídicos y legislativos para recuperar el patrimonio público indebidamente inscrito por la jerarquía católica. La reunión ha congregado a casi 50 representantes públicos de cerca de treinta municipios de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla León, Castilla La Mancha, Madrid, Baleares, Valencia, Murcia, Cataluña y País Vasco, que han acordado organizarse en red, en lo que constituye la primera acción de esta naturaleza desde que el debate de las inmatriculaciones irrumpió hace ya una década en la opinión pública.
La reunión ha sido inaugurada por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien dio la bienvenida a los cargos públicos en el Centro de Historias de la capital aragonesa. El regidor recordó las iniciativas jurídicas y municipales puestas en marcha por el Ayuntamiento que preside en defensa de la recuperación de monumentos históricos inmatriculados por la Iglesia en la capital aragonesa, como han sido los casos de la Seo, la Iglesia de la Magdalena o San Juan de los Panetes, propiedad este último del Estado español.
Santisteve ha querido subrayar el trabajo de la Coordinadora Recuperando, que agrupa a más de veinte colectivos ciudadanos, como entidad impulsora del movimiento contra las inmatriculaciones a nivel estatal. “Apelamos a los gobiernos autonómicos y al ejecutivo central para que actúen frente a la apropiación de monumentos históricos. Hablamos de bienes de dominio público y, por tanto, de la ciudadanía”, aseguró en su intervención de apertura del encuentro.
Los cargos públicos se coordinarán para intercambiar información y articular iniciativas municipales en un momento crucial en el que el Gobierno ha asumido la polémica de las inmatriculaciones como cuestión de Estado y está a punto de hacer público el listado de bienes inscritos irregularmente por la jerarquía católica al amparo del inconstitucional artículo 206 de la Ley Hipotecaria, hoy ya derogado. La propia Conferencia Episcopal reconoce la inmatriculación de más de 40.000 bienes desde la reforma de Aznar de 1998, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda, así como miles de monumentos históricos, plazas públicas, huertos, casas, ermitas, cementerios y hasta frontones.
Paralelamente, la Coordinadora Recuperando, en la que está integrada la Plataforma Laicista de Jerez, ha celebrado su III Asamblea General para hacer un balance de actuación de 2018 y trazar sus objetivos estratégicos para 2019. Nuevos colectivos se han agregado a la organización estatal, como la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, la Unió de Pagesos de Catalunya, SOS Monuments o Apudepa, lo que evidencia la creciente adhesión ciudadana a esta causa de defensa del patrimonio cultural.
Recuperando exige al Gobierno como primera medida la publicación del listado completo de inmatriculaciones y anuncia que no aceptará ningún “pacto en la sombra” con la Iglesia para escamotear toda la información disponible o negociar una “solución en falso” del problema. Por lo tanto, propone la cancelación de todas las inscripciones a través de una orden gubernamental a la Dirección General de Registros y Notariado al entender que son nulas de pleno derecho. También sugiere la necesidad de afrontar una reforma de las disposiciones legales de protección del patrimonio histórico para reforzar la naturaleza de dominio público sobre aquellos monumentos de especial relevancia histórica y/o artística.
