La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ se reúne con el Defensor del Pueblo Andaluz para colaborar en la investigación sobre inmatriculaciones

Esta plataforma ciudadana trabaja ya en la formalización de tres quejas ante el Defensor

La plataforma ciudadana, surgida a principios de año con el objetivo de denunciar los escándalos de las inmatriculaciones llevadas a cabo por la jerarquía de la Iglesia Católica, se reunió en el día de ayer con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, “para presentar la plataforma y las acciones llevadas a cabo hasta el momento”.

Según los representantes de la Plataforma, se ha puesto de manifiesto en la reunión “la falta de transparencia de las administraciones y los escasos compromisos para que realmente se pueda obtener toda la información”. Sobre los Registros de la Propiedad, la plataforma ha expuesto al Defensor “que, a pesar de ser registros públicos, no están teniendo una actitud muy colaboradora cuando se habla de la Iglesia y empiezan a surgir problemas en muchos registros cuando se piden notas simples”.

La Plataforma ha aprovechado el encuentro para recordar que se busca la lista de inmuebles inmatriculados desde 1978 y que el Gobierno de la Nación ciñe su lista a partir de la reforma legislativa de Aznar en el año 1998, que permitió inmatricular bienes de culto, hasta su derogación en 2015. Por tanto, aclaran que “se quedarían fuera un gran número de bienes apropiados de forma ilegítima”.

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha mostrado dispuesto a investigar esta cuestión, como ya hizo con el caso de la Mezquita de Córdoba, y a dar curso a las quejas que se presenten desde la plataforma. Por un lado, la Plataforma cuestiona la falta de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla y requiere mayor diligencia en la obtención del listado de bienes tal como se aprobó en el Pleno; insta también al Colegio de Registradores y a la Dirección General de Registros y Notariados para mejorar su transparencia y colaboración; y, por último, solicita a la Junta de Andalucía que exija a la jerarquía eclesiástica los planes y medidas necesarias de uso, protección y conservación de aquellos bienes inmatriculados que están declarados como Patrimonio Mundial.

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