La plataforma denuncia un «complot» para que la Iglesia se quede con la Mezquita-Catedral

El portavoz de la plataforma "Mezquita-Catedral, patrimonio de todos", Miguel Santiago, afirmó hoy que entre el Ministerio de Justicia y el Obispado de Córdoba hay un "complot" para que la Iglesia se quede con el monumento de la capital cordobesa.

Según Santiago, el "complot" se inició en 1998 "cuando el Gobierno de José María Aznar reformó la ley hipotecaria" que permitió a los obispos "ser fedatarios de los bienes que usan y por tanto los inmatriculan, como se hizo en el caso de la Mezquita en 2006".

Desde 1998 "poco a poco los obispos se fueron haciendo con el patrimonio histórico de todo el país", ha relatado Santiago en declaraciones a Efe, y ha manifestado que si el Gobierno tuviera "buena voluntad" la nueva ley "se haría con carácter retroactivo".

Santiago criticó la "foto" del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, durante la celebración del foro de expertos que analizó hoy, en la sede de la Agencia EFE, los valores histórico, culturales, arquitectónicos y económicos del monumento cordobés.

Santiago, que se confiesa "cristiano", ha aclarado que la plataforma "nunca ha cuestionado el uso religioso" del monumento, ni que "en la Mezquita de Córdoba esté la Catedral", ya que "siempre hemos mantenido un planteamiento muy inclusivo desde el punto de vista histórico, arquitectónico, interreligioso e intercultural".

Sin embargo, Santiago cree que a raíz del debate sobre la titularidad del monumento, el Obispado "está haciendo un esfuerzo por echar un cortina de humo sobre el problema" y para ello ha editado unos trípticos para contar lo que considera "su verdadera historia".

Por otro lado, desde la plataforma se reivindica la "titularidad pública" para que la Catedral, antigua mezquita, como monumento, "sea del pueblo", ya que España es un "estado democrático y aconfesional", por lo que "lo lógico es que pertenezca a la ciudadanía".

La plataforma ha lamentado que el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Córdoba "estén luchando por la titularidad privada" del monumento, algo que "desde el ámbito de lo público tiene muy poco sentido".

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