El colectivo patrimonialista se suma a la veintena de concentraciones en todo el país bajo el lema ‘No son mil, son 100.000’.
La Plataforma Mezquita Catedral se ha sumado al acto de denuncia del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para legalizar 100.000 inmatriculaciones inconstitucionales en toda España, entre ellas la de la Mezquita de Córdoba. La protesta se ha celebrado frente a la Subdelegación del Gobierno de Córdoba, del mismo modo que ha ocurrido en otras 21 ciudades de toda España bajo el lema No son 1.000, son 100.000.
Las concentraciones, según detalla la plataforma en un comunicado, pretenden exigir “información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público”. En el caso de Córdoba, el portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral, Miguel Santiago, ha leído un comunicado en el que ha expuesto que la lista divulgada por el Ayuntamiento de Córdoba en 2017, a petición de la Plataforma Mezquita-Catedral, fue de 174 bienes inmatriculados, “de los que solo aparecen 37 en el listado publicado por el Gobierno, cinco veces menos. Muy posiblemente los 400 bienes inmatriculados, según dicho listado, podrían llegar a 2.000 en la provincia de Córdoba”, estima la Plataforma.
El portavoz ha realizado un recorrido por las inmatriculaciones en Córdoba, entre las que se encuentran, aparte de la Mezquita Catedral, “todo un símbolo de los bienes inmatriculados por la Iglesia en España, también patrimonio tan importante como la iglesia desacralizada de La Magdalena, la plaza del Pocito, el Triunfo de San Rafael, el quiosco de San Hipólito, además de cesiones o permutas a la Iglesia por parte del Ayuntamiento o bienes privados de uso no eclesiástico”.
La coordinadora Recuperando, que agrupa cientos de organizaciones, ha enviado una carta al presidente Pedro Sánchez en donde se le recuerda que el 16 de febrero de 2021 la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo presentó en el Congreso las 34.964 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, “olvidando las realizadas entre 1946 y 1998”. Recuperando solicita al presidente del Gobierno una reunión “para abordar conjuntamente la polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia católica y hacerle llegar de primera mano nuestras propuestas de solución de un problema de Estado que afecta a la legalidad constitucional y a un inmenso patrimonio inmobiliario de más de 100.000 bienes”.
