La asociación pide al Parlamento andaluz que recurra por inconstitucional la ley Hipotecaria que permitió a la Iglesia registrar el monumento a su nombre
La Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos ha iniciado un camino que, en caso de que las instituciones españolas no atiendan a sus demandas, le llevará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Hemos entregado al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, un informe que prueba la grave amenaza que sufre la imagen y la integridad de la Mezquita-Catedral de Córdoba como consecuencia de la gestión lesiva del Obispado, que pretende borrar el nombre de la Mezquita y la memoria andalusí del monumento”, explicó este viernes en Sevilla Miguel Santiago, portavoz de la asociación ciudadana, que también presentó a Gracia las cerca de 366.000 firmas reunidas en apoyo a la demanda de titularidad pública del conjunto.
“Este es el comienzo del camino y somos optimistas. De momento, el presidente del Parlamento hará llegar nuestra petición a todos los grupos políticos de la Cámara, con los que nos reuniremos, por separado, en junio. El siguiente paso es que se debata en el Parlamento nuestra propuesta de inconstitucionalidad de la reforma de 1998 de la ley Hipotecaria, norma que dio vía libre a la Iglesia Católica para inscribir como suya la Mezquita en el Registro de la Propiedad. Si se aprueba, el recurso llegaría al Congreso, que es nuestro objetivo. Pero si la petición se queda por el camino, estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Estrasburgo”, explica Santiago.
“La Mezquita-Catedral es un monumento que por su excepcionalidad precisa de un estatuto jurídico singular que respete el uso litúrgico católico y lo haga compatible con una gestión cultural y económica que obedezca a criterios aconfesionales, científicos y transparentes”, dice el escrito elaborado por la plataforma.
La asociación ciudadana, que en ningún momento se muestra contraria a “los derechos de uso que la Iglesia católica históricamente ostenta”, solicita al Gobierno andaluz que encargue un informe técnico al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), una organización que asesora a la Unesco en materia de conservación del patrimonio mundial, para que inspeccione “sobre el terreno” las anomalía que se producen en el monumento, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984, una catalogación que se extendió 10 años después al centro histórico de Córdoba.
Además, pide que se examinen los folletos que distribuye el Obispado porque incluyen “una clara adulteración de la historia y una intolerable amputación del arte, arquitectura y herencia andalusí de un monumento que es la más importante joya del legado hispano-musulmán de Occidente”. Así como la cartelería y señalística, el espectáculo nocturno confeccionado por la Iglesia, los vídeos, audioguías para los visitantes e, incluso, el control ideológico que los prelados ejercen sobre el medio centenar de guías turísticos que trabajan en el monumento.
La propuesta de Mezquita-Catedral, Patrimonio de Todos es que el conjunto tenga una “gestión pública, profesional y transparente” en la que “la difusión histórica, artística, arquitectónica y cultural de la Mezquita-Catedral esté dirigida por un órgano público que garantice un relato científico y riguroso de su historia”.
Otra de sus demandas es que la gestión cultural del espacio no litúrgico se haga “con criterios profesionales y bajo una estrategia diseñada por el órgano público nombrado al efecto” y que “los recursos económicos que genere el monumento sean administrados por un ente público y conforme a la regulación tributaria correspondiente, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder al Cabildo derivados del uso de la catedral”.
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