Cuando se crean las leyes de un sistema de gobierno o de control interno el objetivo de las mismas es cubrir primero necesidades y eventualmente perfeccionar sus postulados para satisfacer necesidades y solventar los agujeros jurídicos que implican las excepciones de casos. La actual constitución y legislación que México está ejerciendo y llevando a cabo, se ha despegado del principio fundamental de suficiencia, es decir, se están alterando o ampliando artículos constitucionales sin que exista razón suficiente para dichos cambios y en el más comprometedor de los casos, se están dejando agujeros legales que antes estaban cubiertos por razones obvias.
El reciente movimiento en las leyes electorales ejecutado por las cámaras legislativas en México, representa un caso de falta de criterio muy profundo, el cambio recientemente introducido en la constitución donde se deja en libertad al clero para influenciar las tendencias políticas de la población, es un acto irresponsable. La irresponsabilidad comienza cuando se deja a un organismo internacional tener opinión sobre un terreno que no conocen como ciudadanos del todo. En el caso del culto religioso más grande del país, el catolicismo, resulta peculiar y poco atinado que siendo su iglesia una institución que no paga impuestos, se le adjudiquen poderes para decidir cómo funciona la política interna del país y de paso considerársele como una guía de tipo electoral adecuada para la población civil.
Pero la excepción hecha por el congreso del país no es novedosa, en México el voto ha sido guiado, coaccionado, orientado y hasta impedido por diversos grupos religiosos desde hace más de 100 años. El principal fundamento de este accionar ha sido en la mayor parte de los casos por la tendencia de los grupos religiosos a no reconocer “gobiernos humanos” como sus autoridades, pero veladamente, la participación de la religión en la política ha venido atada a “la costumbre” y la tradición como una “costumbre más”. México se cuenta entre las decenas de países alrededor del mundo donde los recursos del gobierno son ejercidos para acciones pro-religiosas como restaurar templos, supervisar el orden en eventos de ritualización masivos y hasta para la recepción de líderes espirituales sin cargos oficiales que hayan sido emitidos por gobierno reconocido alguno. Evidentemente, la reciente decisión de los legisladores mexicanos respecto a la “influencia clerical”, ha ido de la mano con mostrar una “cara religiosa” más al país y de paso, fortalecer el compromiso entre la iglesia y el estado para mantener cierto flujo de votos hacia las urnas en los procesos electorales venideros.
Podría argumentarse bastante acerca de lo necesario que es el laicismo por parte del estado para gobernar en igualdad a un pueblo libre, pero la importancia del laicismo en el estado mexicano radica principalmente en que un país democrático no busca o instiga “orientación” al voto cuando ni siquiera tiene una estructura electoral “limpia”. Agregar más “promotores” al voto y que de paso estos promotores pertenezcan a una institución dogmática con su propia agenda a futuro, nada más muestra el tipo de “educadores sociales” que un gobierno poco acertado está requiriendo y en el caso de los ministros religiosos, la elección ha sido reprobable. Quizá los legisladores de México deberían detenerse a pensar que sentar este tipo de precedentes en la ley, es como reconocer sabiduría total a un grupo de personas que se rige por sistemas de gobierno discriminatorios y el ejemplo más claro de esos sistemas es precisamente la monarquía de un papado. Pero eso… se los dejo para mañana…
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