La Constitución especifica que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero permite la implicación de cargos electos en actos religiosos.
«No participo como representante público del mismo modo que no acudo a los toros o no tenemos reina de las fiestas. Es una cuestión de coherencia», explica el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG).
La Semana Santa arrancó el pasado viernes con lluvias, una guerra de aranceles y 4,2 millones de desplazamientos. Las primeras aglomeraciones de tráfico han dado paso al fervor, las tallas y el incienso; los tambores, las sotanas y los vía crucis. Los pasos no son los únicos que procesionan por estas fechas. Los políticos también lo hacen; unas veces como representantes de la población y otras, para cumplir con su devoción a título personal. ¿Es esto moralmente cuestionable? ¿Las figuras públicas pueden acudir a las procesiones de Semana Santa? ¿Es lícita su participación como cargos electos? ¿Y qué pasa si algún vecino no se siente representado?
El debate lleva un tiempo encima de la mesa. La Constitución Española reconoce en su artículo 16 la «libertad religiosa» y especifica en su tercer párrafo que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Esto quiere decir que los poderes públicos tienen el deber de considerar todas las creencias religiosas; sin ningún tipo de distinción. «España es un Estado aconfesional, pero no laico. No existe una separación absoluta entre la administración y el fenómeno religioso. Lo que pasa es que no tenemos únicamente una religión oficial«, explica Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Esto «no sólo permite», sino que también «justifica» la presencia de representantes políticos en los actos religiosos, «tanto católicos como de cualquier otra confesión«, insiste la docente.
El problema es que la balanza suele inclinarse siempre hacia el mismo lado, tal y como argumentan desde Europa Laica. «Los cargos públicos no pueden acudir representando a la sociedad y mucho menos pueden mostrar su preferencia por una religión frente a las demás. España es un país diverso, también desde el punto de vista religioso, y por eso defendemos el fin de las intervenciones públicas en este sentido. Los políticos que quieran participar en cualquier manifestación religiosa tienen que hacerlo dentro de su esfera privada. No es una solución ni anticlerical ni antirreligiosa, sólo busca la neutralidad«, defiende Pablo Gutiérrez Toral, presidente de la plataforma.
La cuestión «va más allá de lo cristiano»
«El Domingo de Ramos marca el inicio de un período en el que sentimientos, espiritualidad y cultura se entremezclan para depararnos momentos inigualables. La Semana Santa se vive en Andalucía con una intensidad y emoción difícil de explicar«, comentaba hace unos días la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. La también ministra no es la única que ha querido significarse públicamente. Isabel Díaz Ayuso reivindicó la Semana Santa como un «acto de libertad» que se debe transmitir «de generación en generación». Almeida participa todos los años en la bendición de las palmas y hasta Kichi sacó pecho en su momento de la Semana Santa de Cádiz.
La dinámica se repite en municipios y comunidades gobernados por líderes de distinto signo político. Es cierto que algunas voces se amparan en la «tradición», pero ni siquiera las propias fiestas tienen ahora el mismo impacto que hace dos o tres siglos. La cuestión «va más allá de lo cristiano», al menos, así lo considera el sociólogo Salvador Seguí-Cosme. «No podemos contemplar esto como un posicionamiento únicamente religioso, sería en buena medida errar el tiro. La Semana Santa es un evento que tiene una dimensión cultural y festiva que está por encima de las creencias», apunta el también profesor. Los cargos públicos que han hablado con Público y no participan activamente en las procesiones defienden pese a ello sus posturas.
Entre la «coherencia» y las «raíces católicas»
Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) lleva 26 años como alcalde de Pontevedra; es «uno de los veteranos», dice en una conversación con este diario. El nacionalista llegó al salón de plenos en 1999; desde entonces, ha tenido claro cuál era su lugar. «España es un Estado aconfesional y no me compete asistir a este tipo de celebraciones, tenemos que separar las cuestiones civiles de las religiosas. Los vecinos lo han entendido y lo llevamos con absoluta normalidad», señala. Lores tiene «relación» con la Iglesia en lo relativo a «cuidar el patrimonio» y «facilitar el recorrido de las procesiones», pero sabe que su responsabilidad termina donde empieza el mando espiritual. «No participo como representante público del mismo modo que no acudo a los toros o no tenemos reina de las fiestas. Es una cuestión de coherencia«, matiza.
Es distinta la postura de José Antonio Diez (PSOE), alcalde de León. La Semana Santa es para la ciudad «una seña de identidad», una fiesta que «revitaliza» el sector turístico y la actividad local. «Creo que no hay ninguna familia en la que alguno de sus miembros no sea papón –la forma leonesa de llamar a los cofrades–. Es un vínculo con el pasado, con el presente y con el futuro; para unos como acto de fe, para otros como tradición, cultura o dinamizador económico. El Ayuntamiento debe representar todas las sensibilidades y así se hace a nivel práctico», recalca el socialista. «Los actos acumulan siglos de legado y son importantes para miles de personas, también para nosotros como sus representantes», añade en una conversación con este medio.
Pedrera (Sevilla) tiene poco más de 5.000 habitantes; cuatro hermandades y cinco procesiones durante la Semana Santa. Lucía Ruiz Gálvez (Izquierda Unida) lleva media legislatura como alcaldesa y otras dos como edil. «No participamos en los actos religiosos porque entendemos que es la manera más apropiada de respetar la aconfesionalidad de las instituciones. En el pueblo conviven distintas culturas y religiones, no sólo la cristiana, y todas deben recibir el mismo trato», precisa. El Ayuntamiento sí colabora con las hermandades, «igual que hace con cualquier otra asociación», pero su papel como administración no va más allá. Eso sí, «cada miembro de la corporación a título personal puede hacer lo que sienta«, termina.
Los que sí salen en procesión son los diputados y representantes municipales del Partido Popular de Madrid. «La capital tiene unas profundas raíces católicas y estas fechas evidencian el sentimiento, la pasión y el fervor de los madrileños», subraya Carlos Segura (PP), concejal en el Palacio de Cibeles. El popular presume de ser «católico y cofrade» y pone en valor el trabajo de las «19 hermandades», una cifra que le permite hablar en nombre de todo el pueblo: «Madrid quiere una Semana Santa fuerte y sus vecinos quieren que las administraciones públicas apostemos por ella». La apuesta está garantizada. El Gobierno de Ayuso asignó recientemente más de 300.000 euros del Plan Corresponsables –conciliación laboral y familiar– a organizaciones ultrarreligiosas vinculadas a los Legionarios de Cristo.
Desde Europa Laica consideran que este tipo de enfoques pueden «generar conflictos» al «ignorar la existencia de otras culturas o creencias» y lamentan la falta de una respuesta coordinada al respecto. El debate, de hecho, no sólo se reduce a la presencia de cargos electos en las misas y procesiones de Semana Santa, también al reparto de fondos públicos y a la «privatización» de las actividades. Pablo Gutiérrez Toral responde contundente ante este «modelo de negocio»: «El asunto va más allá del simbolismo, tiene detrás cuestiones económicas importantes. La Iglesia ocupa espacios públicos para organizar las procesiones y recibe subvenciones por ello, pero es que además, cobra dinero para verlas. Esto está pasando, privatizan plazas y calles y ese dinero lo reciben las cofradías, no los ayuntamientos».
