El PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Geroa Bai, y Compromís han presentando este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que instan al Gobierno una vez más a derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima ley de la democracia española, que fue aprobada de forma definitiva en la Cámara Baja poco antes de las Navidades, para su puesta en marcha en el curso 2014-2015.
Con la presentación este martes de la proposición no de ley, "los grupos de la oposición plasman en una iniciativa parlamentaria el acuerdo firmado el pasado mes de julio para derogar la Ley Wert. Esta iniciativa ha sido presentada para su debate en el Pleno del Congreso.
DOS PUNTOS
Así, la iniciativa consta de dos puntos. El primero de ellos insta al Gobierno a "impulsar urgentemente" las iniciativas necesarias para derogar la LOMCE, así como para paralizar de forma inmediata su aplicación.
En el segundo, los grupos de la oposición piden al Ejecutivo que proceda a la apertura de un proceso de negociación y "diálogo real" con las administraciones y la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para abordar con el máximo consenso las medidas que se consideren necesarias para la mejora del sistema educativo.
El portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, ha confirmado que el objetivo de esta iniciativa es paralizar de "forma inmediata" la aplicación de la Ley, impulsar las iniciativas necesarias para derogarla, y abrir un proceso de diálogo para abordar "con el máximo consenso" las medidas necesarias para la mejora del sistema educativo. "Reafirmar que la Ley Wert no tenga más recorrido que el Gobierno del PP", ha sentenciado.
Mientras, Joan Tardà, de ERC, ha puesto en valor que fuerzas políticas "con tantas diferencias" desde el primer día permanezcan unidas para "encarar el problema enorme" que, a su juicio, supone esta normativa.
De igual forma que el portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Martí Barberà, el diputado republicano catalán ha recordado que Cataluña cuenta con su propia Ley de Educación; una norma que contó con el respaldo del 85 por ciento de la Cámara catalana, según ha precisado Barberà. Éste apuesta a su vez por mantener el diálogo para alcanzar un "tronco común" en materia educativa, "el consenso" para la mejora de la calidad de la educación.
Barberà ha incidido también en que la LOMCE "supone un ataque al Estatut y al modelo lingüístico catalán". "Si cambian al ministro esperamos que haya un Pacto de Estado por la Educación", ha subrayado.
Caridad García Álvarez, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cree que es necesario que todas las formaciones políticas actúen de forma conjunta, más si cabe en el recurso de inconstitucionalidad contra esta normativa. "Es una ley que destruye el sistema educativo, que es mejorable", ha puntualizado.
Mientras, Isabel Sánchez, del PNV, ha criticado el "empecinamiento" del responsable de Educación, José Ignacio Wert, con la normativa que a su juicio se muestra igualmente en la "chapuza" que está suponiendo el desarrollo reglamentario de la LOMCE ya que, a falta de cuatro meses para finalizar el presente curso escolar, "a día de hoy sólo existen borradores".
Por otro lado, ha insistido en que en el País Vasco no va a ponerse en marcha el nuevo sistema de FP que propone la normativa porque "´de facto´ es imposible" y en Euskadi es un "modelo de éxito".
En opinión del diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, el Gobierno es "irresponsable" al "agravar" el sistema educativo con esta normativa. Mientras, la diputada del BNG, Rosana Pérez, ha resaltado que la nueva Ley de Educación supone una "imposición ideológica" de un Gobierno que "ataca derechos" conseguidos desde hace años.
Pedro Quevedo, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, ha remarcado que esta iniciativa es la consecuencia de "imponer" una ley "segregadora", así como "una garantía" de que esta normativa estará vigente cuando cambie la mayoría en la Cámara. Finalmente, Jon Iñarritu, de Amaiur, ha insistido en que esta normativa no se pondrá en marcha y ha reclamado "un modelo propio" de educación para Euskadi.
UN ACUERDO ALCANZADO EN JULIO
Se trata del acuerdo que alcanzaron el pasado 17 de julio los grupos de la oposición en el Congreso, salvo UPyD, UPN y Foro de Asturias, que sellaron un documento de compromiso para derogar la Ley "en la próxima legislatura", cuando "cambie la mayoría en el Congreso".
"Los grupos parlamentarios abajo firmantes acuerdan que en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la LOMCE y paralizar de forma inmediata su aplicación, y trabajarán para elaborar una ley que cuente con el máximo consenso parlamentario y de la comunidad educativa", reza el texto consensuado entre los grupos de la oposición antes mencionados.
En concreto, el documento consta de dos compromisos, el primero de ellos derogar la LOMCE lo antes posible para, posteriormente, abrir un proceso de reflexión para buscar un consenso entre los distintos partidos políticos y la comunidad educativa sobre una nueva ley educativa.
Igualmente, este texto va acompañado de cuatro párrafos justificativos de por qué la oposición se compromete a derogar la reforma educativa que lidera el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Según confirmaron en fuentes parlamentarias, tanto UPyD y Foro de Asturias, que votaron en contra de la ley, como UPN, socio electoral del PP, se han desmarcado de esta iniciativa conjunta para retirar ya la normativa que ha liderado José Ignacio Wert.
En aquel momento, UPyD no firmó el documento al tener "grandes diferencias" con los firmantes de este pacto, entre los que se encontraban Amaiur, ERC, CiU o PNV. Tampoco quisieron firmarlo porque no compartían ni el fondo ni la forma del mismo. "Es un futurible con poca solidez y UPyD ya demostró ayer su rechazo a la LOMCE con su enmienda de totalidad", señalaron a Europa Press fuentes de la formación que lidera Rosa Díez.
La ley contó el día de su aprobación definitiva en el Congreso, el pasado 28 de noviembre, con el único apoyo del PP, mientras que PSOE, CiU, la Izquierda Plural, UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís-Equo, Geroa Bai y Foro Asturias votaron en contra, mientras que UPN se abstuvo.
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