La ONU muestra su rechazo a la ley del PP que impide el aborto sin consentimiento paterno

España se sometió el pasado 8 de julio al escrutinio del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Este lunes se han hecho públicos los resultados.

El Parlamento español no debería aprobar el proyecto de ley que impide a las menores de 18 años abortar sin el consentimiento de sus padres, según sugirió este lunes el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), basándose en las conclusiones de una evaluación a la que este organismo sometió a España el pasado 8 de julio.

Los miembros del Comité muestran su «preocupación» por el hecho de que el nuevo proyecto de ley, que establece que las menores de 18 años sólo puedan abortar si cuentan con el consentimiento de sus padres o tutores, ya haya sido probado por el Congreso de los diputados, y pide expresamente que la nueva norma «no se adopte».

En la misma línea, las expertas recomiendan a España que la educación sexual y de derechos reproductivos sea obligatoria como parte del currículum regular, «incluyendo educación sobre comportamiento sexual responsable, prevención de embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual».

Por otra parte, el Comité «está alarmado por la prevalencia de la violencia contra la mujer, incluyendo violencia sexual, con un alto porcentaje de mujeres que mueren como resultado de violencia de género en relaciones íntimas». Ante esta situación, las expertas critican que la ley orgánica 1/2004 no cubra la violencia de género ajena a la pareja, y la «limitada disponibilidad» de refugios para mujeres.

Asimismo, el Comité se alarma ante el número de niños que murieron a manos de sus padres durante las visitas, 20 entre 2008 y 2014. En este caso, el Comité pide que se revise la legislación para que incluya la violencia de género ejercida por cuidadores o policías, entre otros, y que se estipule obligatorio la formación para jueces, fiscales y policías sobre el alcance de la violencia de género.

Además, las expertas piden a España que haga todo lo posible para que las niñas y las mujeres denuncien las agresiones que sufren, y que el Estado les proporcione suficiente apoyo y ayuda.

El Comité comienza su informe lamentando que las medidas de austeridad hayan afectado especialmente a las mujeres, que han dejado de obtener beneficios sociales o, directamente, han perdido sus empleos.

En este sentido lamenta que los inmigrantes indocumentados hayan perdido el derecho de ser atendidos en la sanidad pública y pide que se reinstaure ese derecho para que las mujeres que residen en territorio español, sin tener en cuenta su estatus migratorio, puedan contar con los cuidados médicos adecuados.

Equilibrio salarial

Asimismo, las expertas denuncian que la diferencia salarial entre hombres y mujeres (17,8%) sea mayor que la media de la Unión Europea, y que la representación femenina en posiciones de decisión en la empresa (18,2%) sea muy baja. En ese sentido, el Comité lamenta que la ley 31/2014 no incluya sanciones para las empresas que no cumplan con la necesidad de un equilibrio de género en sus consejos de administración.

En la misma línea, el Comité lamenta la baja representación femenina en cargos de responsabilidad política y recuerda que sólo 4 de los 17 presidentes de comunidades autónomas son mujeres y que sólo 12 de 199 embajadores del cuerpo diplomático son féminas.

Para equilibrar esta situación, las expertas recomiendan a España que adopte medidas especiales, como un sistema de cuotas, para incrementar la participación de la mujer en la vida política del país. Finalmente, el Comité pide a España que «considere el restablecimiento del Ministerio de Igualdad de Género» con recursos personales y financieros suficientes.

 

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