Educación retoca levemente el texto que hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros Los alumnos podrán cursar tanto Religión como Valores Culturales
El Gobierno sigue adelante con la reforma educativa a pesar de la oposición de buena parte de la comunidad escolar y los partidos políticos. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el proyecto de ley con un texto que mantiene las líneas generales del proyecto (adelanto de itinerarios hacia la FP, reválidas, nuevo reparto de competencias entre el Gobierno y las autonomías para diseñar los contenidos escolares), pero introduce pequeños cambios que intentan sortear algunas de las objeciones que puso recientemente a la norma el dictamen del Consejo de Estado.
Tanto la la asignatura de Religión como su alternativa (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria) contarán como cualquier otra asignatura para hacer la nota media, también a la hora de conseguir becas. Hasta ahora la Religión no tenía una materia alternativa en secundaria. Además, la nota de la materia confesional contaba para repetir curso o no (se repite con más dos o tres suspensos, dependiendo de la decisión de los profesores), pero no se tenía en cuenta para hacer media, por ejemplo, para conseguir becas. Los obispos españoles siempre han reclamado una materia alternativa fuerte y que su nota contase para todo, como cualquier otra.
“Con esta medida lo que se intenta es frenar el que cada vez menos niños optan por la religión. Piensan que puntuando en la media podrán parar la sangría”, opina Fernando Delgado, presidente de Europa Laica. “Ya [José María] Aznar quiso que la religión y su optativa contasen para conseguir becas. Y ahora van a intentar colarlo con la mayoría en el Congreso, pese a que tiene una contestación muy grande en la calle”. Delgado recuerda que el pasado octubre Europa Laica junto a otras organizaciones lanzaron la campaña Por una Escuela Pública Laica. Religión fuera de la Escuela. “Vamos a seguir yendo a las manifestaciones y celebrando charlas y encuentros”, adelanta.
Además, el Gobierno adelantará el dinero para pagar a los colegios privados donde se matricularán los alumnos que no encuentren otra opción de estudios con más clases en castellano. Pero finalmente, la Generalitat catalana tendrá que hacerse cargo de ese coste, porque el Gobierno lo detraerá de las transferencias presupuestarias. La clave, además, es que los padres que quieran optar por esta enseñanza tendrán que iniciar un procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección Educativa. Esta iniciará una investigación para ver que efectivamente estas familias no tienen esa posibilidad en centros sostenidos con fondos públicos. Si es así, se lo comunicarán a la Generalitat y, si esta no lo soluciona, entonces el ministerio pagará una plaza en un privado.
"Este es un mecanismo excepcional y transitorio", ha dicho el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Se trata, ha añadido, de hacer cumplir las sentencias judiciales que hasta ahora se han pronunciado al respecto y han dicho que se debe asegurar en Cataluña la posibilidad de estudiar con más clases en castellano; ahora el sistema es de inmersión lingüística, con todas las materias en catalán, menos en la asignatura de Lengua y Literatura Española. El Gobierno ha reservado cinco millones de euros de la memoria presupuestaria de la ley (el 21% del presupuesto para la reforma el primer año) para cubrir la escolarización de unos 1.000 potenciales alumnos que solicitaran más clases en castellano en esta comunidad. El Ministerio admitió que si la Generalitat tiene razón y la demanda no supera las 17 solicitudes al año, estos costes "serán insignificantes".
En cualquier caso, el ministerio no ha revisado el cálculo del coste de la reforma, que el Consejo de Estado, en su informe, consideraba insuficiente. Lo que se hará es intentar que en torno a la mitad del dinero que costarán los cambios (unos 200 millones de los 400 previstos en tres años) lo ponga la Unión Europea. El Gobierno solicitará que ese dinero salga del Fondo Social Europeo, que tiene entre sus principales objetivos luchar contra el paro juvenil. Para ello, están trabajando en la solicitud los Ministerios de Educación y Empleo. Ese ahorro para las arcas públicas se producirá en los costes directos, es decir, la que pondrá el Gobierno central, y no en los costes indirectos, que sufragarán las comunidades y dependerá del éxito que tenga la reforma, es decir, del número de alumnos que sigan estudiando en vez de dejar los libros.
La memoria económica calcula que la implantación de la ley supondrá unos gastos en el primer año de 22 millones de euros, 130 en el segundo año y 255. Este dinero se destinará a costear la nueva FP y de los itinerarios hacia ésta y Bachillerato al final de la ESO.
El nuevo texto también intenta sortear las objeciones sobre la materia alternativa a Religión. Ya no serán excluyentes, no se obligará al alumno a elegir Religión o Valores Sociales. Ahora ambas asignaturas serán optativas, de tal forma que un alumno que se matricule en Religión podrá también aprender Valores Culturales y Sociales, sin que una asignatura discrimine a la otra. Ese fue uno de los cambios que pidió el Consejo de Estado, que advertía en su informe: "La proyectada reforma establece como optativa a la Religión la materia de Valores Culturales y Sociales, o Valores éticos, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”. El Gobierno ha sorteado con astucia este espinoso asunto sobre el que ya se pronunció en contra el Tribunal Supremo más de una vez en las sucesivas reformas educativas por las que ha pasado este país.
Sobre otro de los puntos polémicos, el del blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo, Educación ha introducido una cláusula por la que los centros segregados que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El Consejo de Estado había reclamado esta justificación.
Wert defiende la "legitimidad" de la reforma
El ministro Wert ha defendido la "legitimidad" de la reforma a pesar del amplio rechazo al proyecto. Seguirá buscando el "más amplio consenso" durante la tramitación parlamentaria, pero no renunciará, ha añadido a un cambio que considera imprescindible para reducir el abandono escolar temprano (24,9%) y los mediocres resultados españoles en las evaluaciones internacionales. "Se trata de garantizar el derecho a la educación a través de la reducción del abandono escolar", ha dicho.
La Plataforma por la Escuela Pública, que une a asociaciones de padres y la mayoría de sindicatos, ha anunciado que aumentarán las movilizaciones contra una ley que califican de "ejercicio de autoritarismo, aislado político y socialmente".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Wert ha resaltado el "inmenso" gasto que supone la repetición de un porcentaje muy alto de alumnos. El 40% ha repetido alguna vez al cumplir los 15 años, lo que al Estado, según sus cálculos, significa un desembolso de 2.500 millones de euros.
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