La negativa de un juez a casar podría suponer un delito de prevaricación

En España, sólo los jueces encargados del Registro Civil pueden casar a las parejas, ya que ellos son los funcionarios que se ocupan de tramitar el expediente de esa nueva unión. Sin embargo, el acto de celebración del matrimonio puede acontecer ante el juez, un alcalde o un concejal en quien este último delegue, o ante funcionarios consulares y de embajadas en países extranjeros. «También el juez del Registro Civil puede delegar en un juez de paz, o en su sustituto, de otra localidad o distrito», explican fuentes jurídicas.

   En lo que se refiere a los alcaldes y concejales, el Consejo General del Poder Judicial ha reconocido la posibilidad de que se nieguen a efectuar una boda, si bien es de suponer que siempre habrá otro edil dispuesto a hacerlo para garantizar el ejercicio del nuevo derecho a las parejas homosexuales.

   Pero lo que parece claro es que ningun funcionario puede negarse a llevar a cabo este acto, ni acogerse a la objeción de conciencia, pues «los funcionarios cuando juran su cargo prometen cumplir con las leyes y una ley obliga siempre y en todo caso. Sólo cuando se ha derogado la norma o es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional no está en vigor», dicen dichas fuentes. Si alguno de estos funcionarios incumple las obligaciones propias de su cargo, «se abriría un expediente disciplinario porque falta a su responsabilidad administrativa».
   «Si un juez no casara a una pareja, podría incluso hasta cometer delito de prevaricación, de forma general. Si se niega a resolver, se le podrían exigir también responsabilidades penales con sanciones de inhabilitación de su cargo », explican.

«Pedir que se desobedezca una ley es inconstitucional», dice el PSOE

El PP indica que son los obispos los que «marcan las pautas» a los creyentes

El secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, exigió ayer a la Conferencia Episcopal que «rectifique» la petición a los católicos de que se opongan al matrimonio entre homosexuales. «Me parece totalmente inaceptable, porque lo que está planteando es algo directamente inconstitucional: que se desobedezca la ley y, por tanto, que se desobedezca el principio de legalidad, que es un elemento vertebral de la Constitución», señaló.
El dirigente socialista recalcó que la petición supone un «incumplimiento» de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, y añadió que los obispos sitúan a los católicos «en una situación muy difícil, forzando su conciencia», puesto que saben que un funcionario que se niegue a aplicar una ley «está sometido a sanciones que en algunos casos pueden tener carácter penal».
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que los concejales podrán rehusar oficiar bodas entre parejas del mismo sexo, en el caso de que vaya en contra de sus principios; pero que esta posibilidad no existe para los funcionarios, que deberán aplicar la Ley una vez que sea aprobada.
«Nadie verá, por una cuestión moral absolutamente respetable, restringidos sus derechos», recalcó Fernández de la Vega, quien aseguró que «no hay ninguna confrontación» entre la Iglesia y el Ejecutivo. «Quien legisla y quien decide sobre las diversas formas de matrimonio civil, que no religioso, son el Parlamento y el Estado, respectivamente», destacó.
Una figura específica
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Ana Torme, trasladó su «respeto más absoluto» a la Iglesia y abogó por reconocer los derechos de las parejas homosexuales a través de una «figura jurídica específica que no sea el matrimonio». Explicó que, en el caso de los católicos, «cada uno tendrá que asumir qué postura adopta» y agregó que en España «hay muchos católicos y la Conferencia Episcopal es quien marca las pautas y la doctrina».
Izquierda Unida calificó de «llamada al desacato y a la rebelión» el llamamiento de los obispos. El responsable de Comunicación de la coalición, José Francisco Mendi, opinó que «ni siquiera una gran parte de los católicos va a hacer caso a directrices retrógradas y conservadoras anteriores al Concilio Vaticano II», y abogó por revisar los acuerdos con la Santa Sede en materia de financiación.
Los colectivos de homosexuales se sumaron a estas críticas. La asociación vasca de gays y lesbianas Gehitu consideró que la actitud de la Conferencia Episcopal constituye «un llamamiento a la anarquía»; por su parte, el colectivo Lambda reclamó a la jerarquía católica el cese de su «campaña milenaria de acoso» a los derechos de los homosexuales. Estos «ataques a la democracia», dijo, demuestran la necesidad de «mantener a toda costa la aconfesionalidad del Estado», ya que la soberanía del pueblo español «no se expresa en los púlpitos, sino en las urnas».

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